El ajuste en sintonía fina
Cronista.com
Edgardo Alfano Periodista La sintonía fina que Cristina Kirchner reclama a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, ya tiene un punto de encuentro.
Se trata de evitar el término “ajuste”. Sucede que unos y otros temen que las medidas que deban adoptarse a nivel nacional y distrital, provoquen algunos focos de molestia social. Por esa razón se evitó tomar cualquier medida antipopular antes de las elecciones presidenciales de octubre pasado.
Sin embargo, tampoco se buscó contrarrestar los efectos de los ajustes que se vienen con algunos pesos más en el bolsillo de los argentinos.
No se accedió a los reclamos de Hugo Moyano para que se haga universal el pago de las asignaciones familiares y se eleven sus montos.
Tampoco se atendió el pedido de modificar el impuesto a las ganancias que se come como un Pac-man los aumentos salariales. Y no se otorgó el plus de fin de año a los jubilados.
En cambio, se anunció el quite de los subsidios para la luz, el gas y el agua, que si bien empezaron con los sectores más pudientes de Capital Federal y el conurbano, con el paso de los meses se hará extensivo a todas las zonas de esos distritos. Será una quita que significará una suba muy importante de las facturas de esos servicios (al Gobierno no le gusta hablar de aumento de tarifas).
Para colmo, esto se complementará con los aumentos de los impuestos del ABL en Capital y los provinciales y municipales en Buenos Aires. Todo un golpe para el bolsillo.
Esto lo saben muy bien los gobernadores que esperaron casi con desesperación el anuncio del plan de desendeudamiento de las provincias, aunque su presentación en sociedad quedó diluida por el golpe de la noticia del cáncer de tiroides de Cristina Kirchner.
El Fondo de desendeudamiento había sido creado en 2010 para refinanciar las deudas de las provincias, que debían empezar a saldarse a partir del 31 de diciembre. Así los gobernadores evitaron saldar pasivos por más de $ 22.000 millones durante este año, sobre un total de más de $ 100.000 millones, y tendrán dos años más de gracia.
En su momento, ese oxígeno para el interior fue un manotazo a los fondos públicos para tratar de revertir la derrota electoral de 2009.
Pero el alto nivel de endeudamiento de las provincias ha hecho que estas dependan del buen humor del gobierno nacional desde la administración de Carlos Menem a la fecha, algo que le da un poder muy importante al presidente de turno.
Son recordados los viajes de Domingo Cavallo a los Estados Unidos en los ‘90, cuando le reclamaban los organismos de crédito internacional que los gobernadores saneen sus finanzas. Sin embargo, chocaba contra el propio Menem que salía en defensa de sus gobernadores en años de campaña electoral. Eso se repitió una y otra vez hasta nuestros días. Algunos gobernadores se asemejan a presidentes de clubes de fútbol. No hay plata que les alcance para hacer frente al constante endeudamiento de sus provincias.
Buenos Aires, por ejemplo, tiene una deuda total de $57.652 millones, casi el 50% de lo que deben las provincias al Estado nacional y el déficit para este año es de más de $13.500 millones.
Córdoba, que fue del peronista Juan Schiaretti y ahora es de José Manuel de la Sota, también tiene una situación muy comprometida por su deuda y ni que hablar de las arcas de la ciudad capital, ahora en manos del radical Ramón Mestre, que hace malabarismos para cumplir con las deudas salariales que tiene con sus empleados. Ni hablar de La Rioja de Luis Beder Herrera que sigue teñida de un fuerte menemismo y necesita un fuerte ajuste.
Claro que este tipo salvataje, como el que volvió a anunciar Cristina Kirchner, tiene su lado injusto, como lo hicieron saber las pocas provincias no endeudadas. Tal el caso de Santa Fe, que considera que los gobiernos que hicieron malas administraciones terminaron beneficiados una vez más por el poder central. Entre los que se mantienen al margen de las deudas con la Nación están la Capital Federal, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Santiago del Estero.
En ese marco, hay dos territorios para destacar por su futuro incierto. Se trata de los ajustes pendientes en Santa Cruz y Río Negro, con gobiernos aliados de la Casa Rosada.
El caso de Daniel Peralta en la tierra de los Kirchner es toda una paradoja de los tiempos que vivimos. Él y su gente dicen que el ajuste que intentó llevar a la legislatura y que boicoteó la Cámpora, con el aval de Máximo Kirchner, tuvo el respaldo de Cristina y que, después, todos decidieron dar marcha atrás con esas medidas de fuerte achique del gasto público. Por ahora, Peralta sólo logró una tregua con los gremios que se oponen a la reforma previsional, que se da dentro de la emergencia económica que quiere el gobernador para la provincia que tiene a la mayoría de los trabajadores como empleados públicos. Nadie sabe lo que puede ocurrir de acá a marzo cuando se reúna de nuevo la legislatura. Los sueldos de los estatales de diciembre se pagaron con la ayuda del gobierno nacional.
Mientras tanto, en Río Negro, la muerte del gobernador Carlos Soria impuso también una tregua en el ajuste aprobado por la legislatura que, entre otras cosas, pasa a disponibilidad a más de 22.000 empleados públicos. Conocedor de las limitaciones del espacio político que abarca, el nuevo gobernador, Alfredo Weretilneck, está tejiendo un rápido acuerdo con el PJ provincial, que tiene ahora el liderazgo del senador Miguel Pichetto, para llevar adelante el ajuste.
Pero hubo más, porque sobre llovido, mojado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los seguidores de Hugo Moyano ya pusieron el grito en el cielo por el decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Cristina Kirchner en el último día hábil del año para aumentar el gasto público de 2011. Ese DNU permite al gobierno revisar los pagos extras de unos 300.000 sueldos de empleados estatales.
Con este panorama, la sintonía fina proclamada parece tener varias acepciones, entre ellas, ajuste.
Se trata de evitar el término “ajuste”. Sucede que unos y otros temen que las medidas que deban adoptarse a nivel nacional y distrital, provoquen algunos focos de molestia social. Por esa razón se evitó tomar cualquier medida antipopular antes de las elecciones presidenciales de octubre pasado.
Sin embargo, tampoco se buscó contrarrestar los efectos de los ajustes que se vienen con algunos pesos más en el bolsillo de los argentinos.
No se accedió a los reclamos de Hugo Moyano para que se haga universal el pago de las asignaciones familiares y se eleven sus montos.
Tampoco se atendió el pedido de modificar el impuesto a las ganancias que se come como un Pac-man los aumentos salariales. Y no se otorgó el plus de fin de año a los jubilados.
En cambio, se anunció el quite de los subsidios para la luz, el gas y el agua, que si bien empezaron con los sectores más pudientes de Capital Federal y el conurbano, con el paso de los meses se hará extensivo a todas las zonas de esos distritos. Será una quita que significará una suba muy importante de las facturas de esos servicios (al Gobierno no le gusta hablar de aumento de tarifas).
Para colmo, esto se complementará con los aumentos de los impuestos del ABL en Capital y los provinciales y municipales en Buenos Aires. Todo un golpe para el bolsillo.
Esto lo saben muy bien los gobernadores que esperaron casi con desesperación el anuncio del plan de desendeudamiento de las provincias, aunque su presentación en sociedad quedó diluida por el golpe de la noticia del cáncer de tiroides de Cristina Kirchner.
El Fondo de desendeudamiento había sido creado en 2010 para refinanciar las deudas de las provincias, que debían empezar a saldarse a partir del 31 de diciembre. Así los gobernadores evitaron saldar pasivos por más de $ 22.000 millones durante este año, sobre un total de más de $ 100.000 millones, y tendrán dos años más de gracia.
En su momento, ese oxígeno para el interior fue un manotazo a los fondos públicos para tratar de revertir la derrota electoral de 2009.
Pero el alto nivel de endeudamiento de las provincias ha hecho que estas dependan del buen humor del gobierno nacional desde la administración de Carlos Menem a la fecha, algo que le da un poder muy importante al presidente de turno.
Son recordados los viajes de Domingo Cavallo a los Estados Unidos en los ‘90, cuando le reclamaban los organismos de crédito internacional que los gobernadores saneen sus finanzas. Sin embargo, chocaba contra el propio Menem que salía en defensa de sus gobernadores en años de campaña electoral. Eso se repitió una y otra vez hasta nuestros días. Algunos gobernadores se asemejan a presidentes de clubes de fútbol. No hay plata que les alcance para hacer frente al constante endeudamiento de sus provincias.
Buenos Aires, por ejemplo, tiene una deuda total de $57.652 millones, casi el 50% de lo que deben las provincias al Estado nacional y el déficit para este año es de más de $13.500 millones.
Córdoba, que fue del peronista Juan Schiaretti y ahora es de José Manuel de la Sota, también tiene una situación muy comprometida por su deuda y ni que hablar de las arcas de la ciudad capital, ahora en manos del radical Ramón Mestre, que hace malabarismos para cumplir con las deudas salariales que tiene con sus empleados. Ni hablar de La Rioja de Luis Beder Herrera que sigue teñida de un fuerte menemismo y necesita un fuerte ajuste.
Claro que este tipo salvataje, como el que volvió a anunciar Cristina Kirchner, tiene su lado injusto, como lo hicieron saber las pocas provincias no endeudadas. Tal el caso de Santa Fe, que considera que los gobiernos que hicieron malas administraciones terminaron beneficiados una vez más por el poder central. Entre los que se mantienen al margen de las deudas con la Nación están la Capital Federal, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Santiago del Estero.
En ese marco, hay dos territorios para destacar por su futuro incierto. Se trata de los ajustes pendientes en Santa Cruz y Río Negro, con gobiernos aliados de la Casa Rosada.
El caso de Daniel Peralta en la tierra de los Kirchner es toda una paradoja de los tiempos que vivimos. Él y su gente dicen que el ajuste que intentó llevar a la legislatura y que boicoteó la Cámpora, con el aval de Máximo Kirchner, tuvo el respaldo de Cristina y que, después, todos decidieron dar marcha atrás con esas medidas de fuerte achique del gasto público. Por ahora, Peralta sólo logró una tregua con los gremios que se oponen a la reforma previsional, que se da dentro de la emergencia económica que quiere el gobernador para la provincia que tiene a la mayoría de los trabajadores como empleados públicos. Nadie sabe lo que puede ocurrir de acá a marzo cuando se reúna de nuevo la legislatura. Los sueldos de los estatales de diciembre se pagaron con la ayuda del gobierno nacional.
Mientras tanto, en Río Negro, la muerte del gobernador Carlos Soria impuso también una tregua en el ajuste aprobado por la legislatura que, entre otras cosas, pasa a disponibilidad a más de 22.000 empleados públicos. Conocedor de las limitaciones del espacio político que abarca, el nuevo gobernador, Alfredo Weretilneck, está tejiendo un rápido acuerdo con el PJ provincial, que tiene ahora el liderazgo del senador Miguel Pichetto, para llevar adelante el ajuste.
Pero hubo más, porque sobre llovido, mojado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los seguidores de Hugo Moyano ya pusieron el grito en el cielo por el decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Cristina Kirchner en el último día hábil del año para aumentar el gasto público de 2011. Ese DNU permite al gobierno revisar los pagos extras de unos 300.000 sueldos de empleados estatales.
Con este panorama, la sintonía fina proclamada parece tener varias acepciones, entre ellas, ajuste.
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