El gobierno quiere demonizar a Moyano, pero lo puede convertir en George Clooney
Hugo Moyano dejó en claro anteayer que la principal razón de sus diferencias con el gobierno nacional es el manotazo de éste a los fondos que pertenecen a los trabajadores. Por ejemplo, los 11.000 millones de pesos de las obras sociales que el gobierno usa para financiarse y el tope que se le pone a la suba de las asignaciones familiares y a la base del mínimo imponible, que no aumentó y que se come los aumentos salariales. Ayer mismo, el líder camionero reunió a la cúpula de la CGT para redactar y enviar a la presidente una carta reclamándole por esos tres puntos, cuya aclaración entiende que es indispensable antes de que se celebren las convenciones paritarias. El líder camionero estaría avisado de que la presidente ya impartió instrucciones judiciales a sus operadores judiciales para reimpulsar las causas que lo afectan directa o indirectamente, con la idea de colocarlo en el camino que siguió hace tres años el secretario general de los bancarios, Juan José Zanola. La respuesta de Moyano apunta a marcar el territorio de la batalla que está anunciada para dentro de unos meses, dejando abierta la instancia de un paro general para más adelante. La causa mal llamada “mafia de los medicamentos” nació de las denuncias realizadas por Graciela Ocaña y del empeño puesto por el juez Norberto Oyarbide con el apoyo del gobierno. Y la clave para que se agrave la situación del jefe de la CGT son las responsabilidades que el juzgado le imputaría a Marcos Hendler, dueño de la droguería Urbana, muy vinculado al gremio de los camioneros.La trama político-judicial
En realidad, la causa tiene mucho de invención en sus aspectos centrales. Hasta ahora, en el resonante expediente judicial no se determinó la existencia de medicamentos truchos que hayan podido causar una sola muerte. Tampoco se entregaban placebos a enfermos que los necesitan con urgencia sino que, en realidad, se entregaban medicamentos verdaderos que habían sido robados por piratas del asfalto, a los cuales se les ponía un nuevo troquel, que es la cédula de identificación del producto. Entonces habría que probar el dolo de la obra social que compró los remedios y en este punto la responsabilidad de la cúpula del sindicato sería muy indirecta. Pero en la batería judicial que juega a favor del gobierno hay otra causa en el juzgado de Claudio Bonadío que intenta avanzar sobre la responsabilidad de numerosas obras sociales sindicales. Su eje es la presunta existencia de una defraudación al Estado, en particular contra la APE (Administración de Programas Especiales), por reembolsos que la misma habría hecho por el pago de medicamentos para enfermedades graves terminales. En estas operaciones los remedios serían verdaderos pero los enfermos falsos o directamente muertos. En principio, este encuadre no sería suficiente como para que se dicten prisiones preventivas aunque sí procesamientos.
Aunque el riesgo judicial en su contra existe, Moyano se ha transformado para el 46% que no votó a la presidente en un referente opositor y una nueva campaña demonizándolo podría terminar funcionando como un boomerang para el gobierno. Aun con sus problemas de imagen a cuestas, consiguió en los últimos 60 días doblegar la soberbia insoportable de Cristina Kirchner. Además, gran parte de los trabajadores que votaron al gobierno ven también con buenos ojos que Moyano reclame por asignaciones familiares, mínimo no imponible y, lo que es más importante, negociaciones salariales sin techo. El caso testigo fue la no homologación por el Ministerio de Trabajo del aumento del 35% obtenido por los peones rurales (UATRE). También hay otro factor a tener en cuenta: ante el miedo y la complacencia de los empresarios frente a Guillermo Moreno, Moyano crece como figura política nacional, abandonando el PJ cristinista y tendiendo puentes con Daniel Scioli, hoy el presidenciable de buena parte del peronismo.
Mientras tanto, el gobierno sigue con la sintonía fina con el retiro de subsidios a compañías petroleras y refinadoras y a usuarios particulares, con las facturas de gas, luz y agua, ahora en algunas zonas del conurbano de alto poder adquisitivo. Esta conducta prudente, en un gobierno que no lo es, habla de un gran temor por los probables efectos sociales de generalizar la eliminación de subsidios que inevitablemente llegará este año. En el zigzagueante discurso oficial se habla de ahorro, cuando en realidad se cortan subsidios para gastar en la importación de combustible y para reponer una mínima parte de la pérdida de ingresos por retenciones que produce la sequía.
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