ESTUDIO DE LA IGJ
En Argentina, más de 22 mil muertos siguen trabajando
Un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reveló que miles de personas ya fallecidas continúan formando parte hoy de “directorios y consejos de administración, en carácter miembros activos". Analizan sanciones y multas para quienes incurran en esta irregularidad.
LaRazon
¿Quién dijo que en Argentina no se trabaja? Si la Inspección General de Justicia (IGJ) comprobó que incluso 22 mil personas fallecidas siguen ocupando distintos puestos en diversos empleos.
Más allá de las ironías, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que estudia aplicar sanciones y denuncias por estos casos.
El llamativo dato surge del cruce de datos realizado entre la IGJ y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que da cuenta de que "al menos 22 mil personas fallecidas forman parte hoy de directorios y consejos de administración, en carácter miembros activos".
A raíz de esto, la IGJ anticipó que en el corto plazo "determinará el tipo de sanción que aplicará en cada caso, que podrá ir desde una multa, al pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una denuncia penal" contra las empresas o entidades civiles en las que figuran las personas fallecidas.
En el marco del reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 2011, el organismo ya multó a entidades que declararon tener entre las autoridades con mandato vigente a personas fallecidas.
La sanción de mayor gravedad fue impuesta a una asociación que declaró que la persona a cargo de la tesorería se encontraba en funciones, cuando en realidad había fallecido en octubre de 2010.
Más allá de las ironías, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que estudia aplicar sanciones y denuncias por estos casos.
El llamativo dato surge del cruce de datos realizado entre la IGJ y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que da cuenta de que "al menos 22 mil personas fallecidas forman parte hoy de directorios y consejos de administración, en carácter miembros activos".
A raíz de esto, la IGJ anticipó que en el corto plazo "determinará el tipo de sanción que aplicará en cada caso, que podrá ir desde una multa, al pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una denuncia penal" contra las empresas o entidades civiles en las que figuran las personas fallecidas.
En el marco del reempadronamiento que llevó adelante la IGJ en 2011, el organismo ya multó a entidades que declararon tener entre las autoridades con mandato vigente a personas fallecidas.
La sanción de mayor gravedad fue impuesta a una asociación que declaró que la persona a cargo de la tesorería se encontraba en funciones, cuando en realidad había fallecido en octubre de 2010.
FUENTE:Publicado en www.larazon.com
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