POR REFORMA TRIBUTARIA Y VALUACIÓN FISCAL LOS PRODUCTORES BONAERENSES DEBERÁN DESEMBOLSAR $ 5.000 MILLONES ADICIONALES 

 Pregon Agropecuario

Por Aldo Norberto Bonaveri

El costo final de los tributos no están circunscriptos únicamente a la valuación fiscal de los inmuebles, sino que el análisis corresponde efectuarlo sin soslayar la alícuota que en cada caso se aplica.

Acorralado por la crisis financiera en la que está sumida la provincia de Buenos Aires y, las presiones del Gobierno nacional, Daniel Scioli no encontró otro camino que apelar a un impuestazo, que lo enfrentó decididamente con el campo.

El déficit de las cuentas del primer estado argentino ronda los $ 11.000.000.000, producto de una combinación que afecta a la mayoría de las provincias: Baja de la coparticipación nacional e incremento desmedido del gasto público. El desajuste de las cuentas bonaerenses viene agravándose desde el año pasado y, las respuestas del poder central brillan por su ausencia. En consecuencia, la apuesta se circunscribió a lograr la sanción de un paquete de medidas que constituye una reforma tributaria, resistida por el sector agropecuario, pero con consecuencias también para el comercio y otras actividades productivas.

Scioli se ha caracterizado siempre por ser dialoguista, empero en la ocasión se negó a recibir a la dirigencia ruralista compelido por la casa rosada en no ceder; inclusive, a discontinuar con la negociación que en ámbitos legislativos se estaba realizando con la bancada del Frente Amplio Progresista “FAP”. La intromisión de la nación no fue casual ni gratuita, ya que a la postre será la AFIP quien se llevará la tajada más generosa de la suma total que desembolsará el campo. La necesidad imperiosa de recursos del gobierno provincial jugó un rol preponderante para mantenerse intransigente, de esa manera se aseguró la percepción inmediata de partidas que le corresponden (aproximadamente $ 3.000.000.000), que de no disciplinarse corrían riesgo de diferirse.

El “pataleo” de los agropecuarios no está relacionado con el incremento que significa el Impuesto Inmobiliario Rural, (que recauda genuinamente la provincia), los productores reconocen que dicho tributo estaba rezagado, por lo tanto, aun cuando su actualización resulta más que significativa, no es precisamente ésta modificación las que los devela. El meollo de la cuestión pasa por los aumentos siderales de las valuaciones fiscales, a partir de la cuales deberán acrecentar proporcionalmente el pago de impuestos nacionales, tales como “bienes personales” y “renta mínima presunta”, gabelas que de ahora en más, alcanzarán a pequeños productores hasta hoy exentos, o en actuales contribuyentes a los mismos, que en algunos casos llegan a significar subas de hasta el 1.000% y 600% respectivamente.

Los funcionarios bonaerenses explican que el avalúo hace 15 años que no se modifica y, por ende consideran que la apreciación dispuesta es pertinente. Si bien es verdad que hace tres lustros que la tasación se mantiene inalterable y, en consecuencia caben reajustes, estos no tienen porqué ser abruptos; al respecto cabe consignarse que en Santa Fe con una problemática semejante, el proyecto enviado a la legislatura contempla efectivizarlo gradualmente en 5 años, procedimiento entendido y aceptado por las entidades agrarias.

Por otra parte el costo final de los tributos no están circunscriptos únicamente a la valuación fiscal de los inmuebles, sino que el análisis corresponde efectuarlo sin soslayar la alícuota que en cada caso se aplica. Sobre el particular, es dable mencionar que en nuestro país hay una tendencia a desnaturalizar determinadas imposiciones, que muchas veces pretenden disimular aumentos.

Independientemente de cuan equitativo o injusto resultan los aumentos de los gravámenes, estos llegan en el momento menos oportuno, la provincia de Buenos Aires cuenta con 75 de sus partidos en emergencia y/o desastre agropecuario y, tras cartón, reciente inundaciones afectan a más de 800.000 hectáreas. Producto de estos adversos fenómenos las producción se ha resentido y, con ello menguado de sobremanera la capacidad contributiva.

La reforma tributaria aprobada por la legislatura bonaerense no recae exclusivamente sobre el campo, también encarece los impuestos de sellos e ingresos brutos, sopesando además en actividades que inexplicablemente gozaban de alícuotas diferenciales, como la bancaria, financiera, televisión por cable y de telefonía.

El avance sobre los Ingresos Brutos afecta notoriamente a los sectores de Comercio y Servicios: La ley sancionada determina que los comercios que facturen por encima del $ 1.000.000 anual, pasará a pagar el 3,5% en vez del 3% que abonaba a la fecha. Quizás para el ciudadano desprevenido tal aumento parezca poco relevante, no obstante es todo lo contrario. Se trata de uno de los tributos más injustos y regresivos, pues hay que tener en cuenta que se aplica por la venta bruta, en cada operación de la cadena. Ejemplo: Paga la fábrica al producirlo, el distribuidor mayorista en segunda instancia y, después vuelve a cobrarse sobre cada eslabón de la cadena hasta llegar al consumidor, quien en definitiva es el que termina pagando todos esos pasamanos, pues las sumas devengadas se trasladan invariablemente al costo. En virtud de ello los principales damnificados son las personas de menos recursos. Cabe destacar que resulta llamativa la pasividad de CAME y/o sus entidades adheridas, e incluso de algunas de las asociaciones de defensas del consumidor. A los efectos que el lector pueda hacerse una composición de lugar, las variantes dispuestas en Ingresos Brutos le significarán a la provincia un ingreso adicional de $ 1.400.000.000.

En cuanto al Impuesto de Sellos el aumento es del 20% (con excepción de las viviendas de bajo valor fiscal), habida cuenta que por lo general el sellado se relaciona con el monto de la transacción, cuando a la mayor alícuota se le agrega la inflación, los bonaerenses experimentarán en la materia incrementos en torno al 45% por el mismo concepto que el año pasado. Este rubro le significará a las arcas bonaerenses aproximadamente $ 450.000.000.

Al pergeñar el proyecto, el gobierno de Buenos Aires estimó que por todo concepto engrosará la recaudación anual en $ 2.485.000.000; a la vez que la legislatura le aprobó un endeudamiento público de $ 2.200.000.000 

COSTO PARTA EL CAMPO

Si contabilizamos los aportes que los productores bonaerenses harán a los tres Estados (nacional, provincial y municipal) la suma aproximada rondará en los $ 5.000.000.000 adicionales, de ese monto el 50% la mitad beneficiará a la Nación, a la administración de Scioli le correspondería aproximadamente $ 1.950.000.000 y, los $ 550.000.000 restante se distribuirán entre los 135 municipios que componen el territorio de la provincia (para compensar parcialmente los $ 900.000.000 destinados al Fondo de Financiamiento Educativo).

A los legisladores y funcionarios oficialistas se les escucha remarcar cual es el valor de la tierra, justificando en torno a ello los incrementos recientemente votados; más allá de su cotización, alcanzada sin duda por la eficiencia lograda por el sector y, los inéditos precios internacionales que favorecen a los países productores de alimentos. Seguramente ese argumento encuentra eco en quienes hacen una lectura somera de la situación, no obstante la realidad está evidenciando otra cosa.

A los problemas climáticos que afectaron considerablemente la producción, deben agregárseles las variables económicas y comerciales imperantes en el país para con el sector. El manifiesto retraso cambiario hace que las exportaciones resulten cada vez menos competitivas, al mismo tiempo la inflación en dólares ha aumentado los costos de producción significativamente, con el agravante que dado el nivel de retenciones, en soja el productor está cobrando en torno a un dólar de $ 2,75, cuando simultáneamente los insumos se pagan con un dólar de $ 5,50

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