Federalismo de papel
La pleitesía incondicional no ha rendido los frutos deseados; por el contrario, ha provocado el sometimiento de las provincias por parte del gobierno nacional.
Por Claudio Maulhardt
El Entre Rios Digital
El kirchnerismo, que tan devotamente ha defendido el derecho a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y que tan ácidamente ha criticado la intromisión de terceras naciones en conflictos ajenos, adopta en el país el comportamiento que denuncia con ahínco en el exterior.
Puesto que así como en materia de política exterior se ha seguido una línea de corte tercermundista, puertas adentro la actitud ha sido la opuesta. Sostenido en una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos perimida, y en la ignorancia supina que durante los últimos 16 años se ha hecho de la obligación constitucional de reformar dicha ley, el kirchnerismo ha extremado el esquema de subordinación de las provincias frente a la Nación. Claro que esto no es culpa exclusiva del gobierno de los Kirchner, sino que desde la reforma constitucional de 1994 los presidentes vienen obrando de igual manera.
El anquilosado régimen de coparticipación federal de impuestos, la propia estructura tributaria, que dota de carácter federal a impuestos de naturaleza esencialmente regional, como aquellos que gravan las ventas, y el impulso a la creación de cargas que no son coparticipables en forma automática, afecta la capacidad de autodeterminación de las provincias. Se genera así una relación de fuerzas diametralmente contraria al espíritu de nuestra Constitución, y contraria al bienestar de los habitantes de las provincias.
Es por causa de esta estructura impositiva no-federal que el conjunto de las provincias vive en condiciones de déficit estructural. Los distritos no reciben recursos en simetría con lo que generan para la Nación y pasan a depender de ella. Del total de ingresos de las provincias en conjunto, casi el 60% es de origen nacional, incluyendo coparticipación y transferencias discrecionales. Un arreglo muy conveniente para la Nación, pues como se puede percibir en la actualidad, cuando la caja escasea el ajuste lo deben soportar las provincias.
No toda la culpa es de la Nación, sin embargo. Con una insólita desidia en la defensa de los propios intereses, los gobernadores han sido cómplices necesarios de la cimentación de un esquema bajo el cual se aprueban tributos no-coparticipables y se deja a merced del gobierno nacional una parte sustancial de la autodeterminación que correspondería a las provincias. No son inusuales las referencias, por ejemplo, a que el gobierno nacional pretende armar las listas de candidatos provinciales y hasta municipales. Vaya a saberse qué oscuros ánimos alientan a los gobernadores a permitir tal discrecionalidad.
En el reino del corto plazo, un manto de olvido oculta el problema cuando la bonanza permite a los recursos fluir con naturalidad hacia los distritos. Pero el problema muestra su cara cínica cuando se desacelera la economía y emergen las urgencias financieras. Pues por un lado, la Nación fija las paritarias y por el otro, tiene discrecionalidad sobre las tranferencias. Es decir, la Nación fija tanto el gasto como los recursos. Cuando el año es de vacas flacas, como 2012, las transferencias se estancan y las arcas provinciales entran en una situación de ahogo. Pues los salarios siguen por el carril de la inflación real, y los recursos a la del INDEC.
Urge cortar de cuajo con este sistema perverso en que el federalismo es un enunciado sin contenido. Los gobernadores tienen el derecho, y la obligación, de negociar entre sí, sin aceptar las condiciones que pretenden imponerse desde la Nación. La actitud servil para con el gobierno federal puede resultar temporariamente beneficiosa, pero contribuye a perpetuar la hipoteca otorgada sobre lo que por derecho corresponde a las provincias.
Sometidas por el dogal del déficit estructural, las transferencias discrecionales y las “autorizaciones” para emitir deuda, las provincias se ven inclinadas a rendir pleitesía al gobierno federal. Entre Ríos, con el campeón de los aduladores a la cabeza, ha debido salir a colocar deuda en el mercado de capitales. Que quede claro que poder colocar deuda no es una bendición: en tanto se haga para solventar gastos corrientes parece un camino de ida hacia la ruina. No dista mucho, y podría ser el preámbulo, de la emisión de cuasi-monedas, que en 2001 evidenció la insostenibilidad del sistema económico.
Debatir la ley de coparticipación y la estructura tributaria no trata sobre volver al viejo dilema entre unitarios y federales, sino nada más, ni nada menos, que de hacer respetar la letra de la Constitución.
FUENTE;Publicado en http://www.elentrerios.com