Brasil: cómo eliminar las manzanas podridas

La cuña que mete el megajuicio contra la antigua cúpula del Partido de los Trabajadores y contra publicitarios como Eduardo “Duda” Mendonça puede ser un cambio en las reglas de juego de la República. Nelson Gustavo Specchia- LaVoz

No figura en ningún texto de ciencia política, pero es un consejo de abuelas que no deja de repetirse en las aulas universitarias: del cajón de frutas hay que quitar las que se han descompuesto, antes de que terminen pudriendo el cajón entero. Pero hace falta mucha voluntad política para enfrentar los costos de esa limpieza.

La presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que estaba dispuesta a asumir esos costos y a depurar al sistema de la corrupción que se le ha enquistado; y que lo haría no sólo por ética, sino porque de esa cirugía depende el futuro institucional de la potencia sudamericana.

Así comenzó la “cruzada” que en los meses que lleva aplicándose ha tenido tres consecuencias mayúsculas: la expulsión sin miramientos de ministros y secretarios de Estado salpicados por denuncias de corrupción; la sanción de la Ley del Expediente Limpio, que impide presentase a elecciones a candidatos que hayan sido condenados; y, desde la semana pasada, el inicio de la mayor purga política contra los responsables de la financiación ilegal del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y del pago espurio a diputados opositores para que aprobaran iniciativas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los pecados del verdulero. Lula mantiene intactos los altos índices de popularidad con que dejó el gobierno, luego de ejercer dos mandatos consecutivos y tras decidir no forzar una reforma constitucional que lo habilitara a quedarse. Y, como lo mostramos en nuestro libro Desde abajo: construcciones y discusiones en Brasil después de Lula , el antiguo sindicalista metalúrgico envía señales cada vez más claras sobre sus intenciones de retorno al centro del poder.

El megajuicio que comenzó el jueves pasado, por ello, será determinante para fijar el escenario de mediano plazo en Brasilia.

A pesar de los altos índices de aceptación popular, Lula no podrá despegarse de la responsabilidad que le cabe, si finalmente la sentencia contra los cerca de 40 dirigentes y asesores establece su culpabilidad en la larga lista de corruptelas que se ventilarán en los tribunales: corrupción activa, conformación de banda delictiva, tráfico de influencias, peculado, blanqueo de dólares, evasión impositiva y fraude generalizado.

En segundo lugar, habrá que observar cómo se posiciona la presidenta Rousseff frente a una sentencia condenatoria al grupo de colaboradores más cercanos de su antecesor y mentor.

Dilma también aspira a un segundo período presidencial –convirtiéndose así en opositora interna de Lula en una eventual definición de candidaturas– y sostiene que todo el Partido de los Trabajadores necesita depurar la metodología de funcionamiento en el Congreso, que es una auténtica selva de adhesiones, traiciones, transfuguismos constantes e intercambios de apoyos por favores y por maletas cargadas de dinero.

Además, la presidenta ha percibido que la corrupción está colmando los ánimos sociales, especialmente en las clases medias de Río de Janeiro y de San Pablo: la Ley del Expediente Limpio, que acaba de sancionar Dilma y que impide que cualquier político con una sentencia judicial de primera instancia pueda ejercer un cargo público en los ocho años posteriores a la resolución, fue impulsada por una iniciativa popular que recogió más de un millón de firmas –por fuera de los partidos políticos del sistema– utilizando un recurso previsto en la Constitución federal. Y por esa vía logró introducir su trámite en el Congreso. Un recinto, por cierto, donde un cuarto del total de diputados es investigado por algún caso de corrupción.

“Mensaláo” y plata dulce. La cuña que mete el megajuicio contra la antigua cúpula del Partido de los Trabajadores y contra publicistas como Eduardo “Duda” Mendonça puede constituir un cambio en las reglas de juego de la República, muy influenciadas todavía por una tradición patrimonialista de la vida política del Brasil profundo, de caudillos y clanes familiares regionales y de caciquismo personalista. Y, por eso, con un relativamente bajo nivel de institucionalización y de cultura democrática al interior de las agrupaciones partidarias.

En ese entorno, los escaños parlamentarios del Congreso federal han devenido en una alarmante cantidad de casos en un negocio opaco, en el que las dietas legislativas se ven acompañadas de sobres y valijas de billetes, conocidos como la “mensualidad” (mensaláo).

Una práctica que, acumulada, ha terminado generando el “más escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”, según la afirmación del procurador General de la República al presentar la causa ante el Tribunal Supremo.

Claro que una práctica tan aceitada y unos montos tan abultados y fáciles de adquirir no desaparecerán en forma automática por una resolución judicial.

Tampoco los miembros de ese legislativo cuestionado se cruzarán de brazos sin dar batalla: Dilma tiene paralizados, en las comisiones parlamentarias, varios de sus proyectos más importantes.

Si el Congreso le quita la colaboración y le dificulta la aprobación de las iniciativas giradas por el Ejecutivo, toda la gobernabilidad de su presidencia se verá sensiblemente afectada.

*Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba)

FUENTE: Publicado en www.lavoz.com.ar