Restricciones a la información

Las trabas a la información sobre el caso Boudou que imponen la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble llegan al borde de una censura inaceptable. LaVoz

A causa de los impedimentos de todo tipo para acceder a una información fidedigna sobre los bienes, los movimientos bancarios y los negocios de los funcionarios, la lucha contra la corrupción en la Argentina choca contra un límite infranqueable. Ese muro de opacidad enturbia la transparencia de la gestión pública y resta credibilidad a las instituciones.

En consecuencia, la Argentina pierde prestigio en el mundo y se convierte en un país no confiable. La imagen negativa no es nueva, pero se ha agravado en los últimos años, como si los dirigentes políticos fueran incapaces de resolver estos problemas. Alguien podría aducir que son males que afectan a muchos países. Es una verdad a medias y no constituye justificativo alguno, porque implicaría resignarse a creer que esa realidad conforma la naturaleza misma de las sociedades modernas.

Pero no es este el camino por el que avanzan las naciones y los pueblos. El progreso requiere un mínimo de legalidad, no la de los discursos sino la que se practica y se ejerce todos los días. Más grave que la corrupción es su encubrimiento, que hace imposible establecer la verdad y hacer justicia cuando corresponde. Para eso están las instituciones, los jueces, el Congreso Nacional y los organismos de control.

Una noticia reciente reveló que en la causa que complica al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, hay trabas a la información pública vinculada con el caso. Debido a maniobras gubernamentales, las investigaciones a la ex empresa Ciccone Calcográfica –intervenida el martes y ahora en trámite de expropiación, justamente por el escándalo de corrupción que la envuelve– dejaron como saldo los apartamientos de un fiscal (Carlos Rívolo), un juez federal (Daniel Rafecas), un procurador de la Nación (Esteban Righi) y un gerente del Banco Central (Benigno Vélez). A esa especie de efecto dominó se suma la denuncia de que habría trabas a la información pública tanto en la Inspección General de Justicia (ISJ) como en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

Según tomó estado público, hay propiedades en la ciudad de Buenos Aires, a nombre de Amado Rubén Boudou, padre del vicepresidente, sobre las cuales el RPI negó al periodismo la posibilidad de acceder a los datos. Mediante una nueva resolución, el organismo estableció una serie de “pautas para el tratamiento de solicitudes de informes”, que no son más que un sistema de obstáculos a la información pública.

Sería un error civil ignorar este tipo de conductas que, bajo la máscara de un procedimiento burocrático, esconden el rostro del autoritarismo y la censura. El Gobierno nacional parece haberles encontrado un sabor especial a las restricciones: empezó con las importaciones, siguió con el dólar y ahora las aplica a la información pública. Tanto ha costado la democracia en la Argentina, que todas resultan inaceptables.

FUENTE: Publicado en www.lavoz.com