DISCIPLINAR LA JUSTICIA 
Las reformas mencionadas no requieren interpretaciones demasiado complejas, por sobre la retórica utilizada, se advierte que el propósito es cercenar la independencia del Poder Judicial.
Por: Aldo Norberto Bonaveri 

La presidenta Cristina Fernández inauguró el período de sesiones del Congreso con un maratónico discurso; 220 minutos utilizados en gran medida para relatar “la historia oficial” del 2003 a la fecha, manipulando datos con aseveraciones apócrifas.

Los discursos de ocasión ante la Asamblea Legislativa tienen el objeto discurrir principalmente sobre sucesos acaecidos en el último ejercicio y, las proyecciones para el ciclo que se están inaugurando; no obstante, la mandataria prefirió hacer un tedioso panegírico de la “década ganada”. La loas y auto referencias remplazaron la mención de problemas candentes: la inflación, la inseguridad, la caída del empleo, los problemas energéticos, el cepo cambiario, la pérdida de competitividad que afecta a la economía, el déficit fiscal o, el incumplimiento del pago a los jubilados que han ganado juicios .

Con vistas al futuro inmediato el punto neurálgico de la alocución estuvo referido a la “Democratización” (disciplinamiento) de la Justicia; designio que en el Gobierno vienen lucubrando desde las postrimerías del 2012. En torno a ello, en los círculos más allegados se han generado grandes expectativas; lo que se evidencia con anticipos tales como lo peticionado por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, abogando por “Justicia Legítima”.

El objetivo principal de la arremetida K es modificar sustancialmente la composición del Consejo de la Magistratura, previendo que el proyecto a remitir al Congreso, promoverá que los consejeros sean electos mediante el voto popular; anticipando que contempla la incorporación de un “representante de la ciudadanía”, que no necesariamente deba ser juez o abogado.

Cabe consignar que si bien el kirchnerismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, no reúne los dos tercios requerido de los votos para imponer un juez afín, en causas donde el Gobierno tiene intereses supremos (tal como ocurrió en año pasado en los diferendos por la Ley de Medios). Ante la trascendencia que el caso reviste, cualquier modificación de la composición del cuerpo debe ser muy bien fundamentada y, absolutamente transparente y mejor intencionada, habida cuenta que este tiene la potestad constitucional de echar jueces y aprobar pliegos.

Con sentido semejante, se advierte la intención de crear Cámaras de Casación en cada fuero, esencialmente en el Civil y Comercial, (donde se dirimen la constitucionalidad de los artículos 45 y 161de la norma de referencia). Se trata de una tercera instancia, superior a la Cámara de Apelaciones y un paso previo a la Corte Suprema. Al igual que en Magistratura, los fallos de la Sala I Civil y Comercial no fueron concordantes con las pretensiones oficialistas; solo basta citar la extensión de la cautelar planteada por el Grupo Clarín, cuando todo el oficialismo vaticinaba para el 7 de diciembre el “derrumbe de la corpo”. Por otra parte, además de burocratizarse el proceso, si esto se concretara la Corte vería menguado su protagonismo político, el que se reduciría al rol de tribunal constitucional, al que llegarían causas excepcionalmente.

Las reformas mencionadas no requieren interpretaciones demasiado complejas, por sobre la retórica utilizada, se advierte que el propósito es cercenar la independencia del Poder Judicial. En su perorata Cristina aludió desdeñosamente a la Justicia en cuestiones que no hacían al caso; atinando a expresar que esta no ha cambiado desde la dictadura. El encono que ahora siente hacia la Corte, le hizo olvidar que el máximo tribunal, de innegable prestigio, fue designado durante la gestión de Néstor Kirchner (siendo reconocido como tal vez, el máxime mérito del ex presidente), además del sinnúmero de jueces nombrados y suplantados desde el 2003 hasta nuestros días.

Como es su costumbre, para justificar la iniciativa la presidenta apeló a enunciados perogrullescos con los que a priori difícilmente se pueda disentir. Ninguna persona de bien puede dejar de objetar que para la Justicia existan “hijos y entenados”, tampoco corresponde condecir con una Justicia corporativa, que la designación de jueces se realice con métodos poco traslúcidos, etc. Empero, el propósito del Gobierno no se compadece con los egregios declamados. No es justamente la actual administración un paradigma de acatamiento de fallos judiciales, ni tampoco de procederes destacado por transparencia meridiana.

Los antecedentes son arto elocuentes; el kirchnerismo no sabe retroceder ni tolera que contradigan sus “verdades reveladas”. Jamás digirió la derrota de la Resolución 125, de ningún modo le perdonan a Alberto Fernández haber disentido, no hay paz para con medios y periodistas que no se identifican con el relato, etc. Últimamente la nómina de enemigos se ha engrosado con jueces que “osaron” no consentir las apuestas oficialistas más fuertes: La falta de resolución sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Medios y, la cautelar que dejo en suspenso la confiscación de la Sociedad Rural Argentina, son los motivos que alimentan la tirria hacia los magistrados “díscolos”.

Como es un clásico en quien maneja los hilos desde fines de 2007, el revanchismo, la urgencia e improvisar sobre los efectos son reacciones de manual. Ahora el ir por todo consiste en Disciplinar la Justicia. 

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