Estos dos códigos son un conjunto de normas legales que regulan la vida de
los habitantes de nuestro país. Son disposiciones sobre las personas desde
que son concebidas, hasta su muerte. Todas las etapas de la vida están en sus
artículos: nacimiento, matrimonio, adopción, contratos, testamentos,
propiedades, alimentos, sociedades, entre otros temas; todo con sus permisos,
con sus prohibiciones y consecuencias. Se trata, entonces, como puede
advertirlo cualquiera, de leyes de envergadura que requieren ser estudiadas y
analizadas en profundidad procurando con ello aclarar oscuridades, lograr
consensos en tópicos discutibles y sobre todo asegurar que sus disposiciones
no vulneren o amenacen derechos de los ciudadanos, de raíz constitucional o
afecten convicciones arraigadas.
En nuestro país, desde hace más de un siglo, se trata de dos cuerpos legales
separados y distintos. Ahora se pretende su unificación, por razones poco
comprensibles para el común de la gente, que es para quienes se sancionan las
leyes, cuestión que muchos gobernantes olvidan. La “democracia
delegativa” de este gobierno populista y demagogo, en la que estamos
inmersos, no puede aceptar que quienes eligen a los legisladores, es decir
los ciudadanos, merecen respeto e información.
El proyecto que está en el Congreso fue elaborado inicialmente por tres
abogados, dos de los cuales son miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Primer comentario de un ciudadano común: ¿Cómo puede ser que los
jueces de la Corte, que tienen tanto trabajo atrasado y no deben adelantar
opinión sobre temas que pueden caer bajo su jurisdicción, estén habilitados y
tengan tiempo para proyectar nada distinto de sus decisiones judiciales?
El texto así elaborado fue sometido –según se dice- a la consulta de
numerosas personas y asociaciones que, aparentemente, emitieron opinión e
hicieron, comentarios, ignorándose si fueron considerados. Segundo comentario
de un ciudadano común: ¿El proyecto que está en el Congreso recogió las
observaciones y comentarios? En todo caso ¿Dónde están publicadas esas
observaciones y comentarios? Y ¿Quiénes las hicieron?
A algunos nos llama la atención que el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que
juntos agrupan a una gran cantidad de abogados, hayan manifestado su fastidio
por la casi nula discusión del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que
por su experiencia y compromiso profesional, serán quienes se ocupen,
principalmente, de la aplicación e interpretación del eventual nuevo código.
En teoría, en un sistema republicano y democrático como el que rige en
nuestro país, con las garantías constitucionales sobre la libertad y la
propiedad, hay que interferir la menos posible en la actividad humana y dejar
que los ciudadanos generen ideas, trabajen, inviertan, lucren. Naturalmente
las leyes deben buscar el bien común y el interés general, pero sin
intervenir más de lo indispensable en la vida de la sociedad.
¿Es indispensable, en nuestro país, con los problemas enormes que tiene,
ponerse a reformar códigos que rigen hace tanto tiempo, sobre todo sin un
debate abierto y profundo, sin límites en el tiempo?
Otra pregunta de profano ¿Qué dificultades insalvables ha generado la
aplicación de los códigos cuya reforma y unificación se pretende? Me atrevo a
decir que ninguna. La labor de jueces y abogados ha permitido subsanar
cualquier cuestión de transcendencia e importancia social. Solo a título de
ejemplo recuerdo que el divorcio vincular inexistente en las leyes, fue
admitido por decisión judicial.
En cambio hay otras áreas de la vida política argentina que si requieren la
urgente intervención de las autoridades y de los legisladores, pero sobre
ello no se habla o se generan discusiones sin sentido. A título de ejemplo la
cuestión del trafico de drogas, que está ahora mismo, en el debate público. O
el sistema carcelario, también en medio del debate público. Estas dos
cuestiones merecen la urgente y preferente atención de las autoridades. No se
trata de temas de la envergadura intelectual o académica que se presume en el
caso de la unificación de los códigos, pero sí de mucha más urgencia y
trascendencia.
El gobierno de mentirosos, populistas y vengativos
“revolucionarios”, recientemente derrotados en toda la línea,
intenta sumar alguna adhesión si logra sancionar la unificación de los
códigos y presentarlo como algo trascendental. ¡Puras macanas! Con los
códigos vigentes podemos seguir viviendo otros cien años y lo mas bien
A los ciudadanos todo lo que les espera, si sanciona la ley, son
complicaciones y gastos.
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