ANALISIS
Reposo: un test de calidad institucional

PorFABIAN BOSOER

LaRazon

El frustrado aspirante a Procurador General de la Nación, Daniel Reposo, le hizo dos flacos favores al Gobierno que lo postuló y un servicio involuntario a la calidad institucional. El primero, mostrar su falta de idoneidad para cubrir el cargo y cometer varios traspiés que sumaron suficientes razones para el rechazo de su designación. Falseó datos de su curriculum y los que eran ciertos revelaban la falta de antecedentes académicos y profesionales. Pasó vergüenza en la audiencia pública en el Senado, dejando en evidencia que la única razón que explicaba su candidatura era su obediencia ciega al Ejecutivo, cuando la función de Procurador requiere probidad jurídica, integridad moral e independencia de criterio.

A las inconsistencias en sus antecedentes se agregaron las de los argumentos esgrimidos en su defensa. Se señaló que para cubrir ese cargo no hace falta sacarse buenas notas en la Facultad, confundiendo car- gos electivos con designaciones en la función pública, las que sí deberían tener criterios de mérito. Se apuntó que el candidato mostró ser un eficiente ejecutor de las tareas encomendadas por la Presidente, confundiendo, en este caso a la inversa, el desempeño de un funcionario estatal con el de un funcionario político. El senador Miguel Pichetto, al frente de la bancada oficialista, lo dijo con todas las letras: la decisión de nombrar un Procurador "tiene naturaleza de carácter político que está en la cabeza de la Presidente de la Nación". Y el propio Reposo, al aclarar que él no respondía "a una persona sino a un proyecto político", se olvidó de que en realidad debería responder, en primer lugar, a las leyes y a la Constitución, que están -o deberían estar- por encima de personas y modelos.

Sus destempladas cartas de renuncia terminaron de consumar el papelón, aunque le evitaron al Gobierno el traspié de un recha- zo en el Senado.

Reposo tuvo que ir al Congre- so y someterse a esa interpela- ción en la Comisión de Acuerdos, porque así lo manda la ley. De lo contrario, estaría tal vez ya sentado en el lugar que hasta hace pocas semanas ocupó Esteban Righi. Ante el probable bochazo, el Gobierno debió esforzarse más en la búsqueda y encontró a la fiscal Alejandra Gils Carbó, con mejores antecedentes.

La pregunta que surge tras este episodio es si la foja de servicios y antecedentes de Reposo son una excepción o una regla ¿Qué ocurriría si otros tantos altos funcionarios designados por decreto tuvieran también que rendir examen en el Parlamento y de cara a la sociedad? Ocurre, además, que no se trata de un novel e inexperto aspirante: Reposo es el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y como tal debe controlar las cuentas y los procedimientos de la administración nacional y las empresas públicas. ¿No quedaron en evidencia a lo largo de este trámite situaciones que permiten dudar de su idoneidad para ese cargo? Por eso hay una segunda ra- zón por la cual el "test Reposo" resulta significativo: su exposición pública permitió conocer mejor el perfil de personas que resultan nominadas para ciertas funciones y cómo son los procedimientos y los criterios por el que llegan a tan altas responsabilidades. No ocurrió lo mismo hace años, cuando la renovación de la Corte Suprema, ni últimamente con la designación de Miguel Galuccio en YPF, en la que sí parece haber primado la idea de seleccionar entre los mejores. Por eso este paso en falso del Gobierno acaso pueda ser un punto de inf lexión a la hora de seleccionar altos funcionarios: habrá que mirar mejor los antecedentes y recordar que tienen una responsabilidad pública.

FUENTE:Publicado en www.larazon.com.ar