Cronista.com
Fernando Gonzalez Director
La primera señal fue en la Bolsa de Comercio, el jueves pasado, la noche en la que Cristina se adueñó del salón para anunciar el pago del Boden 12 ante un auditorio de agentes financieros, empresarios y militantes rentados. Hablaba la Presidenta; escuchaban sus ministros y también Mauricio Macri, pero quien más sonreía era el anfitrión, Adelmo Gabbi. Es porque allí faltaba el vicepresidente Amado Boudou, el hombre que cuatro meses antes lo había denunciado al presidente de la Bolsa por formar parte de un supuesto complot para destituirlo. La denuncia, que generó una demanda judicial y también precipitó la renuncia del Procurador de la Nación, el abogado peronista Esteban Righi, conmovió al poder. Boudou, el muchacho de la guitarra que pintaba para sucesor kirchnerista, reaccionó de la peor manera cuando se sintió acorralado por una sospecha de corrupción en torno a la conducción fantasma de la ex Ciccone Calcográfica. Pero algo se quebró en las últimas semanas y Cristina ordenó que su vice no apareciera en la promocionada celebración del desendeudamiento.
El termómetro de la Casa Rosada comenzó a calentarse cuando llegaron las noticias de la Justicia. El fiscal Jorge Di Lello se apresta a archivar las estentóreas denuncias de Boudou contra Gabbi y Righi. Las pruebas son débiles y los testigos no convencieron. El dictamen que debe presentarle al juez federal, Ariel Lijo, no deja bien parado al vicepresidente a quien se investiga por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Para colmo, la citación judicial al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, complicó más las cosas. El jefe de los recaudadores fue quien le hizo estampar la firma a Boudou en aquel pedido para que el Estado le diera facilidades inigualables y la imprenta representada por sus amigos pudiera pagar sus deudas impositivas. La sensación en el kirchnerismo es que el testimonio de Echegaray sólo podrá complicar más al ex ministro.
Por eso, es que Cristina recurrió a una de sus jugadas preferidas. La misma que utilizó en el caso de YPF-Repsol y en el más lejano de Aerolíneas. La excusa es reivindicar el derecho soberano sobre el petróleo o las rutas aéreas y, en este caso, la fabricación de billetes. Pero el objetivo subliminal es que la maniobra de expropiar Ciccone ayude a ocultar la responsabilidad de Boudou en un laberinto jurídico y económico difícil de atravesar. ¿A quién expropiarán si todavía no se pudo saber quiénes son los verdaderos accionistas de The OLd Fund, la compañía controlante? ¿Y quién pagará la deuda a la AFIP, una vez que el Estado pase a ser el nuevo dueño?
El kirchnerismo repite la estrategia de huir hacia adelante. Usando un decreto de necesidad y urgencia para una cuestión que no tenía urgencias, salvo la de proteger al vice. Y busca condicionar a la oposición, en especial a la UCR y al FAP de Hermes Binner, recordándoles que ellos también presentaron proyectos para estatizar la impresión de billetes. Es el Congreso ahora el que debe decidir si avala una estatización planificada sólo para minimizar el daño que la decadencia política de Boudou le viene haciendo a la Presidenta.
El termómetro de la Casa Rosada comenzó a calentarse cuando llegaron las noticias de la Justicia. El fiscal Jorge Di Lello se apresta a archivar las estentóreas denuncias de Boudou contra Gabbi y Righi. Las pruebas son débiles y los testigos no convencieron. El dictamen que debe presentarle al juez federal, Ariel Lijo, no deja bien parado al vicepresidente a quien se investiga por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Para colmo, la citación judicial al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, complicó más las cosas. El jefe de los recaudadores fue quien le hizo estampar la firma a Boudou en aquel pedido para que el Estado le diera facilidades inigualables y la imprenta representada por sus amigos pudiera pagar sus deudas impositivas. La sensación en el kirchnerismo es que el testimonio de Echegaray sólo podrá complicar más al ex ministro.
Por eso, es que Cristina recurrió a una de sus jugadas preferidas. La misma que utilizó en el caso de YPF-Repsol y en el más lejano de Aerolíneas. La excusa es reivindicar el derecho soberano sobre el petróleo o las rutas aéreas y, en este caso, la fabricación de billetes. Pero el objetivo subliminal es que la maniobra de expropiar Ciccone ayude a ocultar la responsabilidad de Boudou en un laberinto jurídico y económico difícil de atravesar. ¿A quién expropiarán si todavía no se pudo saber quiénes son los verdaderos accionistas de The OLd Fund, la compañía controlante? ¿Y quién pagará la deuda a la AFIP, una vez que el Estado pase a ser el nuevo dueño?
El kirchnerismo repite la estrategia de huir hacia adelante. Usando un decreto de necesidad y urgencia para una cuestión que no tenía urgencias, salvo la de proteger al vice. Y busca condicionar a la oposición, en especial a la UCR y al FAP de Hermes Binner, recordándoles que ellos también presentaron proyectos para estatizar la impresión de billetes. Es el Congreso ahora el que debe decidir si avala una estatización planificada sólo para minimizar el daño que la decadencia política de Boudou le viene haciendo a la Presidenta.
FUENTE: Publicado en www.cronista.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario