Gobernada por el Kirchnerista Alperovich
Tucumán no puede estar en manos de una familia de delincuentes
Escribe Tomás Luciani.  Es inaudito que la tierra de Alberdi sea propiedad de una banda de inmorales. Nuestros hijos dirán: ¿avalaste en silencio a la mafia que se apoderó de Tucumán?
En los últimos años, Tucumán ha visto gravemente deteriorada la calidad de su sistema institucional. Por eso, más allá de algunos indicadores de crecimiento económico, hemos retrocedido enormemente en la búsqueda de una sociedad mejor para nuestros hijos.
La provincia no puede ser un coto exclusivo para los negocios de una familia que pretende ser dueña de los tres poderes, que utiliza los bienes públicos como su propiedad privada, avasalla las libertades, controla medios de comunicación y acumula riquezas en forma incesante, apoyándose en su poder político.
“El progreso y las mejoras genuinas para la población surgen del respeto a la ley, la división de poderes y la transparencia” es la síntesis de la fórmula alberdiana.
El tucumano Juan Bautista Alberdi, cuyas ideas sentaron las bases para que la Argentina fuera el país de crecimiento más acelerado en el mundo entre 1860 y 1930, afirmaba que la plena vigencia de las instituciones y de los derechos y garantías fijados en la Constitución son "los aseguradores principales de la riqueza del Estado y de los ciudadanos, así como una salvaguarda del bienestar moral".
Explicaba que todo acto que de algún modo restringe estos derechos y garantías es un ataque serio a la riqueza del ciudadano, al Tesoro del Estado y al desarrollo económico del país y de sus industrias.
"El despotismo y la tiranía, sean del poder, de las leyes o de los reglamentos, aniquilan en su origen el manantial de la riqueza […] y son causas de miseria y de escasez para el país, y origen de todas las degradaciones que trae consigo la pobreza."
El respeto a la ley y las instituciones, la transparencia en los actos de gobierno, la división de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) -que se controlan y contrabalancean entre sí-, son condiciones inherentes a cualquier sociedad democrática, y a la vez constituyen requisitos para un desarrollo económico y social sustentable, que mejore paulatinamente las condiciones de vida de la población.
Si no se cumplen las normas, si no hay libertad de expresión y de prensa, si los gobernantes se benefician y favorecen a sus parientes y amigos, si la separación de poderes se diluye a través de componendas espurias, si el Ejecutivo quiere atropellar a quienes piensan diferente, la democracia se va convirtiendo en una mascarada.
En ese contexto, sin apego a las normas, el desarrollo genuino es imposible. Podrá haber mejoras para algunos, pero la mayoría inevitablemente resultará perjudicada. No existirán cimientos sólidos para un progreso sostenido.
Nuestros hijos y nietos nos preguntarán: ¿ustedes avalaron con su silencio a la mafia que se apoderó de Tucumán?. Fuente: publicado en contexto 24hs.