¿El policía global de los derechos humanos?
por Simon Lester- elcato.org

Simon Lester es analista de políticas públicas en el Centro Herbert A. Stiefel para Estudios de Política Comercial del Cato Institute.

El Congreso y el Senado están considerando actualmente una legislación que contemple sanciones para extranjeros que comentan ciertas violaciones a los derechos humanosen el exterior. Si bien los motivos de los partidarios de esta legislación son sin duda nobles, EE.UU. no debería ser el único árbitro de los derechos humanos alrededor del mundo. La ejecución de cualquier acción unilateral contra ciudadanos extranjeros por actos cometidos en el exterior requiere un gran cuidado y delicadeza.

La ley fue motivada por la muerte de Sergei Magnitsky, un abogado ruso que combatía la corrupción y que fue torturado en prisión por funcionarios rusos. Los legisladores estadounidenses están tratando de expresar su condena a los funcionarios involucrados al imponer restricciones en sus actividades financieras y de tránsito como penalización. La versión del Congreso tiene un enfoque estrecho, apuntando únicamente a los implicados en el caso de Magnitsky. Por el contrario, la versión del proyecto de ley del Senado tiene un enfoque mucho más amplio, incluyendo a funcionarios extranjeros relacionados a varias violaciones a los derechos humanos en cualquier país del mundo.

Los partidarios de la legislación del Senado sin duda respetan los derechos humanos, y les gustaría persuadir a los demás para que los respeten también. Pero es importante tener en cuenta el impacto total, tanto político como económico, de condenar las acciones de funcionarios extranjeros como violaciones de derechos humanos.

La cuestión parece fácil y sencilla, vista desde una perspectiva estrictamente personal. Las malas acciones de los demás deberían ser castigadas de ser posible. Sin embargo, saliendo de la propia perspectiva parroquial, podemos ver que muchas otras personas, incluyendo los no estadounidenses, también creen que son buenas personas que respetan los derechos humanos, y quieren promoverlos en su país y en el extranjero.

El problema es que los diversos grupos de gente buena que respeta los derechos humanos a veces no están de acuerdo sobre lo que constituye un derecho humano. Cuando esto sucede, pueden surgir conflictos.

Echemos un vistazo a algunos ejemplos obvios. Las personas en algunas partes del mundo tienen una fuerte opinión sobre la pena de muerte, consideran que es aborrecible y que debe ser abolida. De sentirse de esta forma, ¿deberían los gobiernos extranjeros que comparten esta perspectiva imponer sanciones como las que se le quiere imponer a los implicados en el caso Magnitsky en contra de los estadounidenses involucrados en ejecuciones?

Muchas personas han condenado el trato de EE.UU. a los prisioneros de Guantánamo. ¿Deberían los gobiernos extranjeros que comparten esta visión imponer sanciones como al estilo del caso Magnitsky contra los estadounidenses involucrados en Guantánamo?

El problema fundamental es tratar de determinar cuando una conducta está más allá de los límites de un código moral aceptable. ¿A quién le corresponde decidir esta cuestión? Si cada nación asume esta responsabilidad de condenar conductas de otros, esto fácilmente puede salirse de control, conforme todos comenzaríamos a sancionarnos por todos los pecados percibidos.

Para los estadounidenses, el cálculo podría ser que, como el país más poderoso del mundo, prevaleceremos en cualquier conflicto sobre normas de derechos humanos. Nuestras sanciones podrían herirlos más de lo que las sanciones del resto podrían herirnos a nosotros, así que ganamos.

Mientras que ese podría ser el caso ahora, el resto del mundo es un lugar muy grande, y su economía está en crecimiento. Sentar el precedente de que vigilar los derechos humanos en el extranjero es aceptable podría ser algo que lleguemos a lamentar si la balanza de poder mundial se desplaza en nuestra contra.

Incluso si pensamos que ganamos, podríamos estar perdiendo en formas que no son inmediatamente evidentes. Condenar a Rusia, por ejemplo, y sancionar a los funcionarios rusos podría sentirse bien. Pero será mucho más difícil trabajar con Rusia en otros asuntos importantes. Las desventajas son claras, las ventajas no tanto: Es improbable que Rusia y otros países penalizados cambien sus prácticas como resultado de dichas leyes.

Las determinaciones unilaterales de que el comportamiento de extranjeros cruza algún umbral moral, y se puede considerar como una violación a los derechos humanos, no deben tomarse a la ligera. Puede haber algún comportamiento que casi todas las personas condenan (como el genocidio y la esclavitud) y el caso Magnitsky podría ser un ejemplo de eso. De ser así, la coordinación con otras naciones podría ser una forma de asegurar que las respuestas domésticas a las violaciones de derechos humanos percibidas son apropiadas. Donde hay un acuerdo generalizado de que unas conductas y acciones en particular deberían ser penalizadas, las sanciones contra los actos cometidos en el extranjero podrían ser útiles.

Cualquier respuesta debería llevarse a cabo de una manera cuidadosa y específica, con cooperación internacional, en lugar de —como parece que el proyecto del Senado pretende— abrir la puerta para que las medidas domésticas que amplían los límites de lo que constituye un derecho humano, tengan un alcance sobre una potencialmente amplia gama de asuntos de derechos humanos alrededor del mundo. De lo contrario, corremos el riesgo de agravar las relaciones con el resto del mundo, sin alcanzar nada importante en cuestiones de derechos humanos.

Fuente: Publicado en elcato.org