La ética no es ley

Opinión Ciudadana
Un análisis sobre la propuesta de CFK para la creación de una ley de ética pública que controle al "Cuarto Poder"
Hace unos años tuve el privilegio de compartir con colegas de todo el continente un taller de ética periodística que daba Javier Darío Restrepo, quizás la persona que más se dedicó a estudiar el tema en el continente. No solo escribió varias obras esenciales sino que tiene a su cargo el consultorio de ética de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En ese curso compartió un texto con ideas que repite insistentemente el maestro, como lo llaman en toda Latinoamérica:
"La ética no se impone: se adopta por una libre decisión personal. En esto se diferencia de la ley que es coactiva y se cumple por presión del policía que exige y vigila su cumplimiento y sanciona el incumplimiento. Para la ética no hay otro policía que la propia conciencia. No la puede imponer un reglamento de trabajo, ni un manual de estilo. Es una decisión personal. Uno es ético porque le da la gana. "Por esa razón las faltas éticas no son punibles, como los delitos. Los tribunales pueden ser de disciplina, pero jamás de ética. Por eso, agrega Restrepo, "la ética no puede reducirse a un reglamento o compendio de normas, ni se puede aplicar mecánicamente lo mismo que un reglamento de fútbol o un manual de funcionamiento de una institución".
Por ser la ética situacional y propia de cada quien, los medios o los colectivos de prensa a lo sumo pueden diseñar algunos marcos de orientación para sus colaboradores, que eventualmente permitan a sus audiencias conocer los parámetros por los cuales se producen los contenidos.
Los manuales de ética surgieron en la Argentina en la década del noventa. Los que la mandataria llama "medios hegemónicos" los tienen. Clarín y La Nación los publicaron en 1997; La Voz del Interior en 2007; Perfil en 1998, diario que además cuenta con Ombudsman para recibir las quejas de los lectores. Fopea tiene un código para sus asociados desde 2006. El cumplimiento de los principios queda supeditado a los periodistas que los suscriben y a sus lectores, y uno y otros en diálogo promueven la reflexión ética y la mejora de los estándares. De eso se trata. Los funcionarios preocupados por estos temas podrían revisar esos manuales de estilo y ver si lo que señalan como faltas están o no consideradas por el medio. Lo que sí es cierto es que nadie puede exigirle el cumplimiento de su propia ética a otro.

Por lo pronto, esta inquietud por el marco ético podría llevarse a los medios bajo la órbita del gobierno, que exceptuando la frustrada iniciativa del Defensor de los oyentes de Radio Ciudad, poco se preocuparon en propiciar mecanismos de autorregulación. También sigue pendiente la Defensoría del Público prevista por la Ley 26.522. Un ejemplo para ver es el de la Radio y Televisión Española, que hace poco sacó una nueva versión del libro de estilo con varios artículos que recuerdan la función cívica de los medios públicos que valdría la pena revisar en estos tiempos de preocupación por la calidad de la información pública.

Las leyes ya existen

La Presidente en su cadena del 9 de agosto reiteró su preocupación acerca de que la ciudadanía no estaría identificando quién está detrás los periodistas
. Esa obsesión ya estuvo presente en la redacción de la 26.522, al punto que la norma incluye la prohibición de la emisión de ?publicidad subliminal?, un vestigio de las teorías propagandísticas extinguidas con la guerra fría que la ley argentina decidió resucitar. Justo una norma que venía a innovar en medios.

Esa fijación en pensar que el televidente es incapaz de determinar qué es publicidad se reflejó en el artículo 81 en cuya reglamentación (Dto. 1225/2010) se especificó que ?La publicidad deberá emitirse en tandas que deberán estar identificadas al inicio y al final como ?espacio publicitario? ?. Lo que se suponía serviría para controlar que la tanda no excediera los minutos por hora permitidos se convirtió en la evidencia de la imposibilidad de aplicar semejante medida. Privados y gobierno insertan publicidad, auspicios, gacetillas, productos fuera de esas placas, todo el tiempo. Entonces, o no lo están controlando, o lo controlan y no pueden hacer nada para evitarlo, o resulta que el Estado es menos perspicaz para detectar la publicidad que los ciudadanos, que a toda hora la vemos burlándose de la placa y de nosotros.

El artículo 72 de la ley también toca estas cuestiones publicitarias, y exige a los licenciatarios una ?Carpeta de acceso público? con información varia dentro de la que deben publicar lo que reciben por publicidad oficial de todas las jurisdicciones. Hace unas semanas, en una reunión pública, una importante funcionaria del organismo de aplicación expresaba su desazón por la resistencia de los medios a presentar la información tal como la ley obliga.
Lo cierto es que tampoco el gobierno publica de manera clara y accesible la publicidad oficial que le asigna a esos licenciatarios.
La Jefatura de Gabinete publica unas planillas con la asignación, sin demasiada regularidad (el año pasado, por caso, no estuvieron disponibles). Ahora volvió a publicar un listado en PDF con nombres de proveedores, la mayoría de los cuales son de fantasía y no permiten identificar al real receptor del dinero público.
Una medida saludable, en línea con la transparencia que la Presidente le quiere dar al financiamiento de los medios, es que el Estado publique los datos completos de los proveedores de servicios de medios
. No solo de publicidad sino, por ejemplo, de las productoras que producen sus videos o los contenidos de los canales públicos; o los gastos por auspicios y patrocinios de todos los organismos del Estado, y no solo la partida de la Secretaría de Comunicación Pública.
Si la ley que pedía ayer la Presidenta era de publicidad, hay mucho ya sancionado que espera ser cumplido. Si era para que los periodistas declararan los conflictos de intereses, seguramente estaba hablando de la cláusula de conciencia, cuya discusión está tratando de empujar hace un tiempo la Senadora Norma Morandini en el Congreso, y al que Fopea sumó recientemente una propuesta . Pero seguramente se confundió cuando puso en una misma frase ley y ética, porque se trata de cuestiones de distinta naturaleza.
Por mencionar un organismo que nadie pondría en cuestión, los informes de las Naciones Unidas para el Desarrollo mencionan los mecanismos para mejorar los estándares periodísticos, pero todos están por fuera de los controles estatales.
Pero eso es un tema para otra oportunidad. Hoy solo importa que desde el poder político se vuelve a expresar la poca confianza que tienen en nuestra capacidad para elegir los medios por los cuales nos informamos. Es cuando menos curioso que aquellos que se vanaglorian de la decisión del pueblo que los llevó al poder no confíen en su capacidad para distinguir un auspicio publicitario.
FUENTE: Publicado en www.diarioopinion.com.ar