LA DEVALUACIÓN NO RESUELVE LOS PROBLEMAS
La
devaluación produjo un aumento extraordinario de la recaudación
impositiva. Pero el incremento del gasto público fue mayor debido a una
fuerte expansión de los subsidios económicos. Como era previsible, los
intentos de reeditar el “modelo” están fracasando porque ahora es más
difícil licuar salarios y jubilaciones en comparación con la experiencia
del año 2002. Pero fundamentalmente porque el deterioro que acumulan
las empresas de servicios públicos obliga a compensar el aumento de
costos que produce la devaluación con mayores subsidios del Estado.
La
mega devaluación del año 2002 produjo una fuerte recomposición de las
cuentas fiscales. Entre los años 2001 y 2003, los ingresos públicos
totales crecieron 59% liderados por un aumento de 78% en la recaudación impositiva. En contrapartida, el gasto público creció apenas un 25% explicado fundamentalmente por un aumento de apenas 17% en las jubilaciones que paga la ANSES y un 38% en los salarios públicos. De esta forma, se logró pasar de un déficit fiscal de $8.719 millones en el año 2001, a un superávit fiscal de $1.805 millones en el año 2003. Este ajuste, posteriormente acompañado por un contexto externo inéditamente favorable, fueron las bases del denominado “modelo”.
La
intencionalidad subyacente de la fuerte devaluación impulsada entre
diciembre y enero es reeditar este “modelo”. Dado que el contexto
internacional siguen siendo muy favorable para la Argentina, con el
ajuste devaluatorio se espera recomponer las cuentas fiscales y por esa
vía volver a una senda de crecimiento como la que se dio entre los años
2003 y 2008.
Sin embargo, los primeros indicios muestran que ahora los desequilibrios fiscales no se corrigen con la devaluación.
Según los datos oficiales del Ministerio de Economía el déficit fiscal
pasó de $1.583 millones en enero del año 2013 a $3.051 millones en enero
del año 2014. Este aumento del déficit fiscal se explica básicamente
por la siguiente dinámica:
· Los ingresos públicos crecieron 44% sustentados en un aumento del 42% en los ingresos tributarios.
· El gasto público, por su parte, creció un 45%.
· Dentro del gasto público, los salarios y las jubilaciones crecieron al 34% pero los subsidios al sector privado aumentaron un 73%.
Esta
información sugieren que el ajuste cambiario no estaría teniendo los
mismos efectos fiscales que tuvo en su momento la devaluación del año
2002. Si bien el aumento de precios asociado a la devaluación produjo un
fuerte crecimiento en la recaudación impositiva, esto no compensó la dinámica explosiva que muestra el gasto público.
En otras palabras, a diferencia de lo que ocurrió en la década pasada,
la devaluación está fracasando como instrumento corrector de los
desajustes macroeconómicos.
Uno de los mensajes subyacentes en la
dinámica de las cuentas fiscales en el inicio del año es que no hay
margen para seguir deteriorando los servicios públicos. En la
experiencia del año 2002 fue clave el congelamiento de tarifas. Pero en
la actualidad el nivel de degradación y descapitalización que
sufren las empresas proveedoras de servicios públicos hace imposible
reproducir la experiencia. Por eso, el aumento de costos que produce la devaluación inmediatamente se traslada a incrementos de subsidios.
Otro
de los pilares del “modelo” del 2002 fue la licuación de jubilaciones y
salarios que produjo el golpe inflacionario asociado a la mega
devaluación. Pero ahora existe una norma que obliga a la actualización
automática de las jubilaciones, por lo tanto, la licuación del gasto
previsional es mucho más moderada. En igual sentido operan las
paritarias donde se negocian los salarios de los empleados públicos y el
criterio dominante es la inflación. El caso de los docentes es un
testimonio claro de la alta conflictividad que generan los intentos de
licuar salarios vía devaluación e inflación.
En la actualidad no hay margen para reeditar el “modelo”.
En el año 2002 las jubilaciones se ajustaban discrecionalmente a
voluntad del presidente, las presiones sindicales estaban mucho más
sosegadas y las empresas proveedoras de servicios públicos estaban
capitalizadas y saneadas. Ninguna de estas condiciones se presenta en la
actualidad. Por ello, en lugar de persistir en el camino equivocado, es
recomendable pensar nuevas estrategias. Esto incluye reformas que se
hagan cargo de las hipotecas que deja el “modelo” como la degradación de
los servicios públicos, el deterioro de la sustentabilidad del sistema
previsional, la masiva acumulación de empleo público espurio y la deuda
pública impaga y las nuevas deudas que se están generando con las
estatizaciones.FUENTE: Publicado en IDESA - www.idesa.org - Enviado por mail
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