Sin embargo, el miércoles se produjo uno de esos históricos momentos-bisagra, que deberían cambiar para siempre el derrotero de los pueblos y, sobre todo, la suerte de los grandes personajes. Me refiero al estudio que publicó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que determinó que, en cifras del último trimestre del mandato de la siniestra viuda, uno de cada cinco chicos argentinos tenía déficit alimentario o, vulgarmente, padecía de hambre estructural.
Porque ese día, la mugre rebalsó. Hasta entonces, las cifras robadas por los Kirchner y todos sus cómplices eran, en el fondo, números; enormes y a veces inasibles, pero sólo números. Ahora, después de la extendida década más favorable a la Argentina en los últimos noventa años, ya no cabe duda que no estamos solamente ante una defraudación a la administración pública de escala planetaria. Los duros datos dados a conocer confirman que, como he afirmado en muchísimas notas, aquí se cometió un verdadero genocidio, un delito de lesa humanidad y, como tal, imprescriptible.
Los Kirchner no dudaron en robar empresas y hasta actividades enteras, pero ahora sabemos que tampoco lo hicieron cuando se trató de quitar la comida de la boca, literalmente, a los más pobres, a los más indefensos, a quienes carecen de todos los servicios elementales que el Estado debería brindarles, como salud y educación. Ahora, no sólo se cayó la careta que usaron durante casi trece años sino se comprobó que su afán de lucro no reconoció límite alguno. Don Néstor sostenía que, para hacer política, se necesitaba platita; sin embargo, pese a lo mucho que acumularon, irremediablemente fueron expulsados del poder, porque sólo se trataba de una excusa.
La humanidad entera se ha preguntado, a lo largo de los siglos, a qué simas de maldad puede llegar una persona. Stalin, Hitler y muchísimos otros batieron records absolutos, pero pertenecen a la historia. En cambio, los argentinos convivimos, día a día y en la calle, con especímenes dignos de figurar en el libro de los records de Guiness, a quienes hemos votado una y otra vez sin preguntarnos qué pasaba en los pasillos del poder. En especial, sólo el porcentaje que convirtió a Cristina, en 2011, en uno de los presidentes más votados de nuestra democracia, nos cubrirá eternamente de vergüenza.
Por eso, la cuestión acerca de si la viuda de Kirchner debe ir presa ya mismo o no, se transforma en totalmente irrelevante, tanto como la presunta vocación del Gobierno de tenerla como sparring en las elecciones legislativas de 2017. Ya no se trata de una situación sobre la cual se pueda especular políticamente, y el eventual riesgo de una reacción violenta frente a su detención tampoco puede condicionar la decisión de los jueces.
Como nación, cuyas pústulas asquerosas exhibimos impúdicamente ante el mundo entero, no nos podemos dar el lujo de seguir esperando que la Justicia se desperece y reaccione, cumpliendo así con el deber que la ley le impone. Tenemos la obligación, como sociedad, de reclamar al Consejo de la Magistratura que ponga en marcha, de una buena vez, la auditoría en los juzgados federales de todo el país que tramitan causas de corrupción, pasadas y presentes y, con su resultado, sancione a los jueces que no hayan sabido -o querido- ejercer el supremo rol que la Constitución les adjudica; asumamos ese deber, entonces, y salgamos a la calle pacíficamente a ejercer la lícita y legal presión civil.
En esta partida no solamente nos jugamos nuestro pasado sino, peor aún, nuestro futuro. Nadie confía en un país que, frente a tantos crímenes, mantiene su indiferencia, que equivale a la impunidad de los criminales ni, por supuesto, está dispuesto a invertir en él. Basta, para confirmarlo, que Perú sólo comenzó a crecer cuando condenó a Alberto Fujimori a los largos años de cárcel que aún purga, después de obtener su extradición de Japón en 2005, donde se había refugiado creyendo que su doble nacionalidad lo ampararía.
El otro episodio de la semana fue el fallo de la Corte Suprema en el tema de las tarifas eléctricas. No voy a referirme a sus aspectos socio-económicos, pese a que le permitieron al Estado un enorme ahorro en subsidios, sino a la fuerte reprimenda que aplicó a la Juez federal Martina Forns, de San Martín, que había dictado una medida cautelar para impedir los aumentos de las facturas de luz en todo el país. Lo relevante no fue la supina ignorancia del derecho que le fue atribuida por los jueces supremos, sino su adscripción a la organización kirchnerista Justicia Legítima, creada precisamente para colonizar al Poder Judicial, garantizar la impunidad de sus mandantes y, cuando éstos no pudieron sobrevivir al tsunami electoral, intentar convertir en un infierno inhabitable la gestión del sucesor.
Esta situación ya había sido puesta en blanco y negro por el Juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien tiene a su cargo las agresiones a pedradas que debieron soportar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en esa ciudad, protagonizadas por integrantes de La Cámpora, claramente identificados. El magistrado se vio obligado a amenazar con su renuncia, ante la negativa de los fiscales dependientes de Alejandra ¡Giles! Carbó, otro notorio esbirro de Cristina, a impulsar la investigación por los delitos cometidos.
Con ello, y por escrito, alertó al Poder Ejecutivo que, mientras Justicia Legítima siga existiendo -en realidad, mientras sus miembros sigan ocupando lugares de relevancia en el Poder Judicial, Cámara Federal de Casación Penal incluida- no será posible gobernar.
Sólo nosotros, los ciudadanos, podemos corregir y enmendar ese escenario. Demostremos así que, al menos esta vez, el asco que nos produce ya nos resulta insoportable.
Bs.As., 10 Sep 16
Enrique Guillermo Avogadro - Abogado
ENVIADO POR SU AUTOR
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