SUBSIDIOS SON MÁS QUE EL RECLAMO POR EL FONDO DEL CONURBANO

La Provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema un cuestionamiento por el Fondo del Conurbano. Argumenta discriminación respecto al resto de las provincias en la distribución de una parte del impuesto a las ganancias. No menos discriminador contra el resto de las provincias es que con recursos nacionales se subsidien los servicios públicos de los habitantes del conurbano. La acumulación de arbitrariedades es tan grande que la Justicia no las va a poder resolver. Se necesita un replanteo integral de roles entre Nación, provincias y municipios.
El Fondo del Conurbano es uno de los muchos “parches” que se fueron aplicando al régimen de coparticipación de impuestos. El objetivo declarado era compensar a la Provincia de Buenos Aires por su relativamente baja participación en la distribución de la coparticipación asignándole de manera directa el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Posteriormente, se trató de contemplar los intereses del resto de las provincias asignándoles a ellas el 4% de la recaudación de Ganancias y fijando que Buenos Aires siga recibiendo el 10% de Ganancias pero con un tope de $650 millones, mientras que el excedente se distribuyera al resto de las provincias. La desactualización del tope llevó a que Buenos Aires perdiera participación pasando del 10% de la recaudación de Ganancias a apenas el 0,13%.
Resulta muy paradójico que un mecanismo originalmente creado para beneficiar a una jurisdicción se haya convertido en un factor de fuerte discriminación. En esta perspectiva, la legitimidad del reclamo de la Provincia de Buenos Aires es incuestionable.
Sin embargo, dentro de la interrelación entre jurisdicciones esta no es la única discriminación. Por ejemplo, proyectando datos para el año 2016 se puede estimar que:
El reclamo de la Provincia de Buenos Aires implicaría aumentar sus ingresos en desmedro del resto de las provincias en unos 55 mil millones.
El total de subsidios económicos a la energía y al transporte que pagará la Nación alcanzarán a aproximadamente 150 mil millones.
Si se estima que la mitad de esos subsidios benefician a habitantes de la provincia de Buenos Aires, esto implica que reciben desde la Nación unos 75 mil millones.
Estos datos, aunque estimativos, sirven para mostrar que las arbitrariedades y las discriminaciones van mucho más allá del planteo puntual que hizo la Provincia de Buenos Aires. La desposesión de la provincia del Fondo del Conurbano está demostrada. Pero se trata de una arbitrariedad no más discriminadora que usar fondos nacionales (es decir, generados por los contribuyentes de todo el país) para sostener tarifas de electricidad, agua, cloacas y transporte artificialmente bajas en beneficio de los habitantes de Buenos Aires, cuando en el interior los usuarios pagan niveles mucho más cercanos a los costos.
Las arbitrariedades acumuladas en la distribución de la recaudación nacional son tantas y tan enrevesadas que le apodan el “laberinto de la coparticipación”. Esto además se agravó con los sesgos que el nivel nacional le imprimió al gasto público, especialmente el uso de fondos federales para favorecer a la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Por eso, la legitimidad del planteo de la Provincia de Buenos Aires se diluye al considerar otros mecanismos de transferencias que operan en sentido contrario. Dicho de otra manera, revisar el Fondo del Conurbano es tan prioritario como traspasar el financiamiento y la gestión de los servicios públicos a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, tal como ocurre en el resto del país.
Ante un panorama tan complejo, la única certeza es que se podrían lograr mejores resultados si se reconstituyeran las instituciones federales que fija la Constitución. Esto no lo puede hacer la Justicia ya que cualquiera sea la decisión de la Corte, ante el planteo de Buenos Aires, su aporte será remendar un “parche”. Es decir, seguirá alimentando el proceso aluvial de distorsiones haciendo más complejo y arbitrario el “laberinto” en el que se transformaron los mecanismos de redistribución de los impuestos nacionales.
La solución genuina pasa por un amplio acuerdo político para replantear funciones entre jurisdicciones. Un primer componente es el repliegue del nivel nacional eliminando históricas superposiciones de roles con las provincias y los municipios. Otro punto clave es una reforma tributaria que simplifique y racionalice los impuestos buscando dar mayor autonomía a las provincias. El tercer componente clave es un régimen de coparticipación federal más simple y pequeño que se concentre exclusivamente en compensar las disparidades de desarrollo entre regiones con reglas que induzcan al buen uso de los recursos públicos.

FUENTE:  Publicado en  IDESA - www.idesa.org - enviado por mail