PBI ES UN 20% MENOR AL ESTIMADO POR EL INDEC INTERVENIDO

La revisión de las estadísticas oficiales confirma que las manipulaciones del INDEC sobreestimaron el PBI y que el gobierno anterior sólo logró alto crecimiento económico mientras los salarios fueron bajos y los precios internacionales altos. La actitud de distorsionar las estadísticas oficiales merece un rotundo “nunca más”. Pero además es fundamental avanzar en una estrategia de crecimiento que no se base en bajos salarios sino en aumentar la productividad.
El INDEC publicó una revisión de las estadísticas del Producto Bruto Interno (PBI). Comparada con la información que se había difundido con anterioridad, no aparecen diferencias hasta el 2007. A partir de ese año inciden de manera creciente las manipulaciones aplicadas sobre el sistema de estadísticas oficiales. Este proceso arrancó con manipulaciones sobre el índice de precios al consumidor. Inicialmente se alteraron los precios de las empresas de medicina prepaga, luego los precios del turismo y posteriormente el fenómeno se generalizó. Como era previsible, la distorsión sobre el índice de inflación llevó a alteraciones sobre indicadores sociales (por ejemplo, subestimar la pobreza) y económicos (por ejemplo, sobreestimar el crecimiento real de la producción).
Según los datos que venía publicando el INDEC bajo la intervención del gobierno anterior, la economía argentina habría crecido entre los años 2004 y 2015 un 80%. La revisión que hizo la actual gestión del INDEC señala que el aumento de la producción, en realidad, habría sido del 48%. Esto significa que la economía argentina tendría un tamaño 20% inferior al que reportaba el INDEC intervenido.
La expansión de la producción fue menor y con ciertas características. En tal sentido, según los nuevos datos del INDEC se observa que:
Entre los años 2004 y el 2008 la economía creció a una tasa del 7,5% anual.
Entre los años 2008 y el 2011 la expansión fue a razón de 3,3% anual.
Entre los años 2011 y el 2015 el PBI varió apenas un 0,2% por año.
Estos datos muestran que la década en la que gobernó la gestión anterior estuvo marcada por tres etapas bien diferenciadas. En la primera, hasta el año 2008, el alto crecimiento coincide con la brusca caída de salarios y jubilaciones que generó la mega devaluación del 2002 y la fuerte mejora en los términos del intercambio (los precios de las exportaciones respecto al precio de las importaciones crecieron un 21%). En la segunda etapa, entre los años 2008 y 2011, siguió siendo muy favorable el contexto externo pero las remuneraciones ya se habían recuperado. Esto aparece asociado a una moderación del crecimiento del PBI. Finalmente, a partir del 2011, la producción se estanca en un contexto donde los salarios habían superado el nivel previo a la devaluación y se revierten los términos del intercambio.
Se confirma que en la gestión anterior no hubo un modelo de desarrollo sino una mala administración de condiciones de partida muy particulares. Entre las más importantes se destacan la fuerte licuación de salarios y jubilaciones que produjo la mega devaluación del 2002 y el inéditamente favorable contexto internacional. Ellas son las que generaron los pregonados superávits gemelos (fiscal y comercial) que efectivamente operaron como impulsores de la producción. Pero, como era previsible, las remuneraciones reales se recuperaron y los términos de intercambio dejaron de aumentar, lo que significó la reversión de las condiciones de partida y el hacerse explícito que el crecimiento no era sustentable.
La corrección de las estadísticas oficiales confirma que se perdió una gran oportunidad y que se seguirán perdiendo si no hay cambio de estrategia. La principal lección es que una estrategia de crecimiento sustentable requiere cambios profundos en las instituciones económicas y sociales. No apelar a la receta fácil de reactivar en base a licuar ingresos vía devaluaciones, como ocurrió hasta el año 2008, sino en base a reglas que induzcan aumentos de productividad. El nuevo gobierno asume bajo condiciones muy diferentes a las que había en el 2003 y no es deseable ni posible volver a apelar a reactivaciones basadas en devaluaciones, que generan licuación de salarios reales, ni esperar mejoras extraordinarias en los precios internacionales.
La aprobación de la ley de exteriorización de capitales abre la oportunidad para que la enorme cantidad de ahorros ocultos que tienen los argentinos se inviertan en el país para fomentar la productividad. Pero esto no se va a concretar automáticamente sin un replanteo en la organización del sector público. En este aspecto, un paso clave es comenzar a eliminar superposiciones entre los tres niveles de gobierno tanto en materia impositiva como de administración de servicios para reducir la presión tributaria sin debilitar al Estado.

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