Cada nuevo empleado público compromete $40 millones

La prohibición a los familiares de funcionarios a ser nombrados en el Estado tiene un valor simbólico. Pero también denota impotencia frente a las dificultades para profesionalizar al Estado. Dentro de ellas, la principal se deriva de aplicar con exagerada rigidez el principio de la estabilidad en el empleo público.  El gobierno nacional emitió un decreto prohibiendo que los familiares hasta el segundo grado de los funcionarios con cargos de ministro o superior puedan ser designados como empleados de planta en el sector público nacional. La medida tiene alta carga simbólica debido a que en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada. La norma no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante. ¿Cuál es el compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado? Tomando como ejemplo un empleado público provincial (66% del empleo público total) que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo estimado es el siguiente: Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones. Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca. Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones. Estos datos son aproximados pero muy ilustrativos de la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado. El principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida. Esta modalidad de gestión de los recursos humanos desnuda las inconsistencias de las normas que rigen en el Estado. Para efectuar una compra de un bien o servicio por un monto de esta magnitud es necesario un llamado a licitación pública aplicando controles de legalidad y pertinencia, métodos transparentes y competitivos de compulsa e instancias de apelación. Designar a un empleado, aun cuando involucra montos mayores, se puede hacer por una mera decisión individual y arbitraria, sin transparencia y mucho menos compulsa pública y apelación. El problema se potencia porque las condiciones laborales en el empleo público son mucho más ventajosas que en el sector privado, de manera que resulta muy tentador usar el empleo publico como una forma de distribuir favores. Para revertir las malas prácticas en la gestión de los recursos humanos un paso importante serían los mecanismos de transparencia de las designaciones. Como ocurre con las contrataciones de bienes y servicios, el ingreso de personal deberia ser justificado públicamente. Otro tema importante sería acortar la enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado. De lo contrario, la presión por ingresar al Estado es irresistible. Pero el punto más importante es revisar las prácticas que han desnaturalizado el concepto de estabilidad en el empleo publico. Un mecanismo simple y eficaz sería establecer que la estabilidad se aplica sólo a los cargos esenciales. En estos casos el acceso debería ser por estricto proceso de selección de antecedentes y oposicion y quienes los ocupen quedar sometidos a rigurosos procedimientos de evaluación de desempeño. El resto de las designaciones se deberían extinguir automáticamente cuando el funcionario que las hizo deja su puesto. De esta forma, se tendría un cuerpo profesionalizado de servidores públicos y cargos para colaboradores del funcionario ocasional que no se enquistarían en los organismos del Estado. Se evitaría así que el empleo público crezca de manera aluvional.