Nuevamente el arranque de las actividades en el sistema educativo es perturbado por largas y arduas discusiones sobre el aumento del salario de los maestros. Las tensiones generan zozobra entre las familias con hijos en edad escolar ya que la principal herramienta de presión que utilizan los gremios es la amenaza de que las clases no comenzarán el día que las autoridades educativas fijaron para el inicio del ciclo escolar. Esta presión por mayores remuneraciones colisiona con las finanzas públicas del Estado nacional y de la gran mayoría de las provincias con profundos desequilibrios.
Obviamente que la alta e incierta inflación en un marco de crisis en el sistema estadístico contribuye al conflicto. También el contrasentido de que intervenga activamente el Estado nacional en la determinación de los salarios docentes cuando son las provincias las responsables de financiar el sistema. Pero un factor fundamental es la percepción bastante generalizada de que las remuneraciones docentes son insuficientes.
En este sentido, tomando como referencia el salario de un maestro de grado con dedicación simple y 10 años de antigüedad para el año 2015 se observa que:
El promedio entre todas las provincias del salario bruto en esta categoría docente de referencia rondaba los $9.700.
El salario bruto promedio de la economía formal era de $15.300.
Esto significa que el salario docente representa aproximadamente el 64% del salario de la economía.
Este cálculo sugiere que el salario de un educador promedio equivale a aproximadamente dos tercios del salario medio que cobran los trabajadores formales. Corrigiendo por la menor carga horaria de los docentes respecto al resto de los trabajadores, se deduce que la remuneración de los educadores es similar al del resto de los trabajadores formales y, obviamente, mayor a la que perciben los informales.
Esta conclusión merece algunos matices. Por un lado, que en la mayoría de las provincias el salario docente representa más del 64% del salario medio de la economía, es decir que, corregido por la carga horaria, implica que los educadores cobran más que el resto de los trabajadores. Por otro, que en 8 provincias el salario docente representa menos del 64% del salario de la economía, o sea que, en términos relativos, sería inferior al resto de los trabajadores. Esta situación se da en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires y la Patagonia.
Las experiencias más exitosas en materia de resultados educativos se dan en países donde los docentes son jerarquizados con remuneraciones superiores al resto de los trabajadores. Desde esta perspectiva, no se debe perder de vista que en Argentina existen realidades diferentes entre jurisdicciones y que no en todas está pendiente remunerar a los docentes por encima del promedio. El problema de la negociación docente es que no forma parte de un proceso de jerarquización sino de improvisación de alternativas para evitar que el ciclo lectivo arranque con paros. Por eso se fijan aumentos iguales para todos los docentes sin contemplar diferencias entre quienes se comprometen con el aprendizaje de sus alumnos y quienes aprovechan todos los vericuetos legales de los estatutos docentes y las debilidades en los controles para eludir responsabilidades.
La médula del problema es creer que el interés de los gremios es el mismo que el interés de los alumnos. Mientras las remuneraciones no se alineen con el desempeño y los resultados de aprendizajes se seguirán acumulando fracasos. Persistirá la contradicción de que aumenta la inversión en educación (incluso a niveles superiores al observado en algunos países avanzados) pero cae la formación de los alumnos (incluso por debajo de países vecinos). Salir de la decadencia exige que las energías políticas desperdiciadas en negociaciones donde los alumnos son utilizados como rehenes sean asignadas a delinear nuevas estrategias que conduzcan a una genuina jerarquización de la educación.
Publicado en IDESA - www.idesa.org - enviado por mail
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