Uno de los grandes economistas que dio Francia se llamó Frédéric Bastiat, quien vivió desde 1801 a 1850 y murió en Roma a causa de la tuberculosis. Según Bastiat, la diferencia entre un economista malo y uno bueno era que el primero se conformaba con analizar el efecto visible de una medida determinada de política económica, mientras que el segundo tomaba en cuenta tanto el efecto visible como el que no era fácil de ver.Siguiendo esta línea, es posible que el gobierno tome medidas que parezcan beneficiosas en el corto plazo pero que generen efectos indeseables en el largo. Un ejemplo de esto son los controles de precios. Frente a un control de este tipo, los malos economistas se concentran en el efecto inmediato de la medida y festejan que el precio controlado dejará de subir.
El buen economista, sin embargo, mira más allá y advierte que que el costo de dicho control será la escasez del producto.
Lo inverso también es cierto. Existen medidas que a corto plazo pueden lucir impopulares pero que tienen la capacidad de generar beneficios en un plazo más largo. Este es el caso de los recientes despidos en el sector público.
Desde el año 2003, el gasto total del gobierno en Argentina pasó de representar el 20,6% del PBI a representar el 40,3%. Si se divide por la población, esto quiere decir que los argentinos pasamos de gastar USD 822 dólares al año en 2003 a USD 3.492 en 2015 para sostener el funcionamiento del estado. Ahora bien, si el monto total del gasto de 2015 lo dividimos por las personas en edad de trabajar, la cifra se eleva a USD 5.900, o casi $ 83.500 anuales.
El nivel de gasto público por sí mismo es preocupante. Basta recordar que cada peso que gasta el estado tiene que quitárselo a algún argentino primero, por lo que la eficiencia de ese gasto será mucho menor, ya que no parte de la decisión voluntaria de la gente, sino de las decisiones coactivas de los burócratas a cargo del poder.
Ahora el problema adquiere una nueva dimensión cuando el gasto no solo es elevado sino que es deficitario. Es decir, cuando no puede financiarse con el dinero de los impuestos. Frente a esta problemática, el gobierno argentino acudió a la generación de inflación, que es hoy uno de los principales problemas de la economía nacional. La inflación no solo destruye el ahorro y deteriora el poder de compra de los asalariados, sino que reduce el horizonte de planeamiento de los inversores y con ello el crecimiento económico.
No extraña, entonces, que hace 4 años Argentina combine un elevado nivel de inflación con un nulo nivel de crecimiento económico.
En este contexto, es extremadamente importante que el gobierno comience a buscar formas de reducir las erogaciones estatales. Una de las formas elegidas fue la reducción de subsidios energéticos, que según el gobierno ascenderá al 1,5% del PBI. Otra es la reducción del “derroche” en el gasto, que supuestamente asciende al 0,8% del PBI. Dentro de este derroche se encuentra el personal despedido de las dependencias oficiales.
Ahora volviendo a Bastiat, si bien nadie es indiferente al dolor que implica la pérdida de un trabajo, lo cierto es que este mal trago de corto plazo es un paso necesario para obtener beneficios en el mediano. Al reducir el déficit fiscal y con ello la inflación, la previsibilidad de la economía argentina debería mejorar y, consecuentemente, también las perspectivas para invertir.
Si esto efectivamente sucede, los nuevos desempleados no tardarán mucho tiempo en encontrar nuevas ocupaciones, pero éstas tendrán la característica de que serán sostenibles en el tiempo, ya que como serán costeadas directamente por el sector privado, no deberán ser pagadas por todos con niveles de inflación insoportables.
Como suele decirse, se tratará de una situación en donde todos ganan y no, como algunos quieren hacernos creer, en donde unos ganan a costa de otros.
Ahora como nota final debe considerarse si la magnitud del ajuste es la adecuada. Las cesantías han tenido lugar principalmente en la Administración Nacional, pero no mucho se ha hecho en las provincias, donde el sector público llega a representar el 70% del total de los salarios del sector formal.
Por otro lado, con un nivel de erogaciones que trepó del 20,6% al 40,3% del PBI en 12 años, me permito dudar respecto de que el “derroche” ascienda solamente al 0,8% del PBI.
En conclusión, no debemos caer presas de los apocalípticos que quieren hacer un mundo de la necesaria reducción de la plantilla estatal. Pero tampoco debemos ser complacientes, ya que puede que el ajuste, por políticamente impopular, se esté quedando a mitad de camino.
Un saludo, Iván.
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