Desde junio de 2014, la República Argentina ha estado en el centro de las noticias financieras internacionales por muchos motivos, pero tan solo uno dominó los medios especializados. Las batallas legales que los acreedores internacionales (holdouts) iniciaron contra nuestro país con el simple propósito de cobrar una cantidad considerable de dinero, han acaparado la atención de propios y extraños.Esta semana marca el comienzo del fin de estas batallas legales, aunque el fin puede no estar cerca. Representantes del Gobierno argentino se encuentran en la Ciudad de Nueva York donde se espera que Argentina tire la primera piedra y presente una propuesta de pago a los holdouts.
Diferentes medios argentinos e internacionales nos cuentan los supuestos detalles sobre el pago de US$ 10.000 millones, pero se olvidan de contarnos la otra mitad que, tal vez, sea más importante que la económica: la estructura de pago y los detalles administrativos son los dos aspectos que están trabando las negociaciones.
El pasado 15 de agosto, un grupo de acreedores liderados por NML Capital, presentó un escrito ante el Juez Federal Thomas Griesa detallando cómo podría concretarse el pago cuando Argentina decida acatar el fallo de 2012
El entonces Gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ignoró esta oferta y continuó desafiando al juez y a los acreedores.
Pero ahora, Argentina quiere pagar y desea ponerle punto final a tantos años de litigios internacionales que tanto daño han hecho al país.
La propuesta que NML Capital presentó en agosto, ofrece la posibilidad que Argentina pague lo adeudado cada vez que el país pague intereses en toda su deuda denominada en dólares una vez que salga del default. Es decir, los acreedores internacionales están dispuestos a cobrar en efectivo los US$ 10.000 millones (menos la quita negociada) cada tres meses cuando Argentina pague cupón en sus bonos Par, Discount y el Bonar 24.
Si nuestro país y los holdouts llegaran a optar por esta alternativa, Argentina evitaría así emitir cerca de US$ 7.000 millones en nueva deuda que podría alterar la cotización de la deuda ya existente.
El segundo tema que estaría trabando las negociaciones es meramente administrativo.
Argentina ha enfrentado 431 demandas contra sus acreedores internacionales que buscan cobrar los fondos invertidos en deuda que actualmente se encuentra en default. Estas 431 demandas agrupan una cantidad incalculable de personas individuales pero se sabe que 51 de ellas, incluyen a 551 personas físicas o fondos de inversión (muchos de ellos, los famosos buitres).
Las demandas contra nuestro país se dividen en dos categorías: (A) caso Pari-Passu y (B) caso Discovery. El caso Pari-Passu es el que abarca los litigios por el cobro en efectivo o en bonos de todo lo adeudado y el caso Discovery es el que abarca los litigios que buscan activos de la República Argentina ubicados en el mundo para ser embargados y de ahí cobrar los fondos que nuestro país adeuda. En este caso se encuentran el conocido embrago de La Fragata Libertad y la Ruta de Dinero K
Los medios no están contando que la propuesta que el Gobierno presentará esta semana, incluirá el cierre de todas las causas abiertas contra nuestro país para evitar que futuros litigios puedan volver a complicar a la República Argentina. Este detalle administrativo, no es un tema menor ya que habrá que identificar y negociar con cada uno de estos acreedores y se descarta que no todos losholdouts aceptarán los términos del acuerdo final.
Llegar a un acuerdo con los acreedores no es tan simple como un apretón de manos. El acuerdo con los holdouts italianos anunciado el martes, es un muy buen primer paso. Ahora queda lo peor.
Sebastián Maril - Editor de Mercado en 5 Minutos
Publicado en Inversor Global- enviado por mail
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