Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu
La sociedad observa, pasmada, el errático y contradictorio comportamiento de los jueces federales de todas las instancias, Corte Suprema incluida.
Ayer mismo, los dos tipos que realizaron la mayor estafa al Estado y, por ende, a todos los ciudadanos, recuperaron su libertad después de escasas semanas en la cárcel. Pese a encontrarse procesados conjuntamente con su cómplice (Ricardo Echegaray, ex Administrador Federal de Ingresos Públicos), por haber robado la sideral suma de ocho mil millones de pesos, reteniendo impuestos que pagaron los automovilistas que cometieron la incalificable torpeza de cargar combustibles en las estaciones de Oil, Cristóbal López y Fabián de Souza recuperaron su libertad. Los jueces de Casación que lo decidieron arguyeron que ellos no podían poner en riesgo la investigación de los hechos; además, les dieron la posibilidad de ver reducida la calificación de los delitos cometidos y pasar a discutirlos en el fuero penal económico.
Eso, a su vez, les permitiría obtener de la AFIP moratorias y facilidades de pago que, una vez otorgadas, harían caer las causas penales que los afectan. La reciente renuncia de Alberto Abad, la piedra más grande en el zapato de los bandidos, dio pábulo a Elisa Carrió para denunciar ayer un pacto de impunidad con estos pseudo empresarios, que construyeron un verdadero imperio utilizando dineros ajenos y hurtados.
Mientras los jueces de Casación priorizan las garantías constitucionales de estos emblemas de la corrupción kirchnerista, muchísimos presos militares, sin condenas firmes, se encuentran en prisión preventiva desde –algunos- hace más de diez años, cuando el máximo que establece la ley es dos, prorrogable sólo por uno más en casos fundados.
Y contemporáneamente, la Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria (no estaba en libertad) de Miguel Etchecolaz, un anciano de nada menos que 88 años, condenado en varios juicios amañados por delitos de lesa humanidad, con patologías –dos ACV, por ejemplo- que lo llevarán a la muerte en la cárcel.
La Corte Suprema resolvió, ya hace un tiempo, que todos los argentinos (incluidos los acusados de ese tipo de delitos) tienen el mismo derecho a que se les aplique la ley más benigna; y lo hizo en el caso de un “represor” –Luis Muiña- que había pedido que se hiciera el cómputo de su pena utilizando para el cálculo la Ley 24.390, ya derogada, que establecía que, por cada dos días en prisión preventiva, se descontaba uno de la condena. Dijo el máximo Tribunal que, en la medida en que ese beneficio había regido en algún momento del proceso, debía ser tomado en cuenta para resolver.
Tal como era de esperar, la izquierda y los organismos de falsos derechos humanos armaron el escándalo de práctica y nuestros políticos, aterrados y cobardes, sancionaron inmediatamente una ley que “interpretó” que ese famoso “2x1” no era aplicable a los presos militares. Un nuevo escándalo jurídico de este ex honorable Congreso que supimos conseguir, que ya había derogado las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, habilitando la clara venganza –no la Justicia- de los impunes criminales terroristas de ayer.
La Corte no ha vuelto a pronunciarse aún sobre el fondo de otros casos que han llegado a sus estrados pero en uno concreto, donde se le negó ese beneficio a un militar, ya resolvió no resolver, aduciendo que no se trata de una sentencia definitiva que pusiera fin al proceso.
En el marco de la pulseada política, el Tribunal supremo ordenó que las causas que ya habían sido atribuidas al Tribunal Oral Federal N° 9, debían volver a ser sorteadas pues éste aún no había sido habilitado por la Corte. La decisión, adoptada por mayoría (a favor Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti; en contra Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkrantz) amén de retrasar el trámite de causas notorias (el megajuicio de corrupción –“Báez”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Ruta del dinero K”- y el encubrimiento del atentado a la AMIA, denunciado por el asesinado Fiscal Alberto Nisman), produjo todo un cimbronazo en todo el mundo judicial.
Para que quienes no son abogados lo entiendan, el fallo se basó en que quienes integran el TOF 9 pertenecen, en realidad, al fuero ordinario, o sea, no han sido designados como jueces federales y, consecuentemente, no cumplen el requisito de “jueces naturales” que exige la Constitución. La repercusión que la decisión tendrá aún resulta incalculable porque podría significar la nulidad de muchísimos procesos orales en curso por distintos delitos, de prisiones preventivas y de sentencias firmes, por tramitar o haber sido dictadas por tribunales –son muchos, por cierto, debido a las vacantes no cubiertas- integrados por jueces subrogantes, “no habilitados” para analizar causas federales.
Reina en Comodoro Py un clima de inquietud perceptible porque, a todo eso, se suma la manifiesta intención del Gobierno de duplicar el número de juzgados federales de primera instancia –hasta ahora, son doce- con el claro y coincidente propósito de dar celeridad a los juicios y reducir la monumental influencia de los actuales titulares (muchos de ellos son famosos y algunos tienen pésima reputación: María Romilda Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi (está a cargo de uno y, además, subroga en otro), Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Julián Ercolini, Claudio Bonadío y Sergio Torres). Y si aún se le agrega la paralela iniciativa de transformar el sistema procesal penal en acusatorio, dejando la investigación en manos de los fiscales y reservar a los jueces sólo el control de legalidad, la resistencia de los actuales magistrados resulta comprensible.
El Poder Ejecutivo está, ciertamente, molesto con la resolución de la Corte Suprema, pero poco podrá hacer al respecto, al menos mientras ese organismo tenga la actual composición; en el futuro, sólo podrá impulsar al Consejo de la Magistratura a acelerar los concursos para llegar a la rápida designación de nuevos jueces para cubrir cientos de cargos vacantes. De todos modos, me anticipo a recordar que las designaciones dependen, finalmente, del Senado y eso hace que sean motivo de negociación permanente entre las diferentes expresiones políticas.
Bs.As., 17 Mar 18
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado - Enviado por su autor
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