El dólar alcanzó los $21 generando inquietud de analistas políticos y económicos y en la población en general. Para gran parte de los argentinos, la cotización del dólar es el indicador más sensible sobre la marcha de la economía. Por eso, cualquier alteración brusca es motivo de zozobra. Existe una larga experiencia de que las devaluaciones vienen asociadas a crisis. No solo por la inestabilidad en el sistema financiero sino porque termina repercutiendo en el nivel general de precios.
Además, en la actualidad la preocupación aumentó porque tanto la inflación como las subas del dólar se aceleraron. Hasta agosto del año pasado la inflación venía en descenso y se ubicaba en el orden del 22% anual mientras que el dólar crecía en el orden del 10% anual. Pasadas las elecciones, hay un cambio de tendencia llegando en abril a una inflación del orden del 25% anual y la devaluación superando el 35% anual.
Para poner en contexto esta dinámica de la economía argentina sirve echar una mirada a la situación que atraviesan los países vecinos de la región con estas dos variables. En base a datos de los Bancos Centrales de cada país se observa que en los últimos 12 meses:
En Uruguay la inflación fue de 7%y el dólar subió apenas un 1%.
En Chile la inflación fue del 2%y el valor del dólar cayó un 8%.
En Perú tanto la inflación como el crecimiento del valor del dólar fueron de casi 0%.
Estos datos confirman la atipicidad de la Argentina tanto en su ritmo de devaluación como en su muy alta inflación. Pero, además, también señalan que si se quiere tranquilizar el dólar es clave bajar sustancialmente la inflación. Para lograr este objetivo, las herramientas con las que cuenta el Banco Central son muy limitadas. Por el contrario, es el resto de los funcionarios los que deben tomar medidas más enérgicas para controlar el crecimiento del gasto público y reducir los desequilibrios de las cuentas públicas. De esta forma, será factible bajar la inflación y, con ello, tener un mercado cambiario más tranquilo.
Las devaluaciones son la manifestación de la muy precaria situación fiscal. Es cierto que en los 3 primeros meses del 2018 se observó un importante ahorro fiscal del 20% gracias a la reducción de los subsidios a la energía. Pero esto fue más que compensado por un incremento del 30% del principal gasto del Estado nacional, que es el previsional, y del 100% en el pago de intereses de deuda pública. Esto llevó a que el déficit total pase de $540 mil a $665 mil millones, o sea, crezca en $125 mil millones en sólo los 3 primeros meses del año. Como agravante, las herramientas para moderar el crecimiento del gasto público están siendo fuertemente cuestionadas en el Congreso. El cambio de la fórmula de movilidad previsional se logró en un contexto de gran polémica, demagogia y violencia. En el mismo sentido, pululan las iniciativas tendientes a revertir o aletargar el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos. De prosperar alguna de estas demandas, se revertiría la principal fuente de morigeración del gasto público, que son, los recortes en los subsidios económicos.
Al exagerar las bondades del gradualismo se pierde conciencia de los costos sociales del alto déficit fiscal. La devaluación es consecuencia de la inflación y ésta del alto desequilibrio en las finanzas públicas. Para evitar las devaluaciones es necesario asumir de manera más seria la organización del sector público. Un tema central es la reforma integral del sistema previsional. Puntos claves son tender a la eliminación de los regímenes especiales que les permite a ciertas personas jubilarse antes, aportar menos o cobrar prestaciones mayores. También hay que revisar la regla de pensión por cónyuge que duplica los beneficios ya que a las personas que ya tienen jubilación les brinda un segundo beneficio (pensión derivada) cuando su cónyuge fallece.
Que el dólar y las tarifas acompañen a la dinámica del nivel general de precios es la menos peor de las alternativas. Para evitar los traumas y las preocupaciones que generan las devaluaciones y los “tarifazos” hay que bajar la inflación. Esto pone en evidencia la importancia de ordenar estructuralmente las cuentas públicas.
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