Tarifa de gas subió el doble que la inflación.

Los ajustes de las tarifas de luz, gas, agua y transporte público están provocando mucho fastidio en la población. El creciente malestar indujo a que se presentaran iniciativas legislativas que disponen detener y/o revisar el aumento. El planteo tiene escaso sustento técnico y mucho de oportunismo, pero el rechazo de la población sigue siendo mayoritario y enfático.

El principal argumento es el impacto negativo de los “tarifazos” sobre las familias de más bajos ingresos y las pequeñas empresas. Esto es explícito y visible. Pero usar fondos públicos para mantener las tarifas por debajo de los costos que demanda producir los servicios lleva, por un lado, a la escasez y a la baja calidad de los servicios y, por el otro, a mayor inflación porque obliga a pagar subsidios con emisión monetaria. Los costos sociales ocultos de no actualizar las tarifas se manifiestan a través de menos producción y empleo, deterioro de los servicios, daño al medio ambiente y una distribución del ingreso más regresiva, tanto porque se exacerba la inflación como porque se usan fondos públicos para que sectores medios y altos de la sociedad paguen los servicios a precios artificialmente bajos.

Para corregir el atraso tarifario es necesario dimensionar su magnitud. Tomando como referencia los ajustes en la tarifa de gas residencial en la Ciudad de Buenos Aires, con datos de facturación de la empresa Metrogas, se observa que:

• En el 2016 el metro cúbico de gas subió 49%, mientras que la inflación fue 41%.

• En el 2017 el metro cúbico de gas subió 88%, cuando la inflación fue 25%.

• A abril del 2018 el gas ya subió 41% cuando la pauta de inflación anual es de 15%.

Estos datos muestran que desde que empezó el proceso de sinceramiento, el precio del gas residencial viene subiendo consistentemente muy por encima de la inflación. En el acumulado desde el año 2016 a la fecha, el precio del gas residencial subió el doble que la inflación. Esto se produjo aun cuando la Corte Suprema mediante un fallo dispuso imprimirle gradualidad al sinceramiento. Se ve con claridad que la decisión de la Justicia difirió temporalmente el problema, pero no aporto soluciones ni evitó enervar a la población.

Lo recomendable es que la tarifa cubra la totalidad de lo que cuesta producir el servicio público. Esto permite financiar las inversiones que mantendrán la calidad del servicio e inducir a la población a su uso racional. Para las familias de menores ingresos es necesario gestionar un esquema de tarifa social. Para el resto de las familias es pertinente establecer una tarifa plana, mecanismo por el cual momentos de mucha necesidad de consumo (invierno para el gas, verano para la luz) son financiados por períodos de baja necesidad.

Otro punto clave a tener en cuenta es que, aprovechando el atraso tarifario, los Estados nacional, provinciales y municipales dispusieron una maraña de impuestos y tasas sobre las tarifas. Como parte del sinceramiento se debería revertir este proceso. Una manera práctica de hacerlo es estableciendo que los próximos aumentos de tarifas queden exentos de todos los impuestos y tasas. Se trata de un mecanismo análogo al que se usa en materia salarial con los componentes no remunerativos para alivianar el peso de las cargas sociales sobre los aumentos de salario. En la misma lógica, esta herramienta puede alivianar el peso de los impuestos sobre el sinceramiento tarifario. No es una solución óptima pero ayuda a mejorar la situación achicando la brecha entre el esfuerzo que hacen las familias y las empresas para pagar los servicios públicos y lo que reciben las empresas proveedoras. En otras palabras, con el mismo esfuerzo de los consumidores se lograría una mayor recomposición de los ingresos de los productores de servicios públicos.

Posponer los aumentos de tarifa no solo no resuelve el tema sino que agrava los costos económicos y sociales. En lugar de plantear dilaciones oportunistas y demagógicas es necesario buscar soluciones innovadoras. Una de ellas es establecer que a partir de ahora todos los aumentos tarifarios queden exentos de cualquier tipo de imposición.