Hace algo más de un año publiqué en este mismo espacio una nota motivada por los paros docentes que sufrían por entonces las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén. Allí resaltaba una realidad muy distinta en Mendoza, donde el denominado ítem aula se había constituido en un adecuado antídoto contra una práctica en la cual los niños de familias humildes son los más perjudicados.
Un año después compruebo con alegría, y hasta sorpresa, que el ítem aula no ha sido sino un paso más en la gestión de un equipo de gobierno que privilegia la educación en los hechos, no solamente en las palabras. La reciente sanción del nuevo Código de Faltas y el intento de fijación, hace pocos días, de un calendario de 190 días de clase para el próximo año lectivo son prueba fehaciente de ello.
Comencemos con el ítem aula, recordemos en qué consiste y cuál ha sido su efecto. La medida fue instrumentada por el gobernador Alfredo Cornejo a principios de 2016, cuando otorgó, por decreto luego convertido en ley, un 32% de incremento a los docentes. Parte de ello consistía en un adicional salarial remunerativo y no bonificable que sería percibido solamente por quienes no faltasen a clases más de tres veces al mes, o 10 veces al año, y que representaba el 10% del salario.
La medida generó múltiples protestas y acciones legales. Llegó a la Suprema Corte de Justicia mendocina, la cual reconoció en mayo pasado su constitucionalidad frente al reclamo del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el 29 de octubre rechazó una nueva demanda, en este caso del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
El ítem aula quedó incorporado al sueldo, y se redujo considerablemente el ausentismo. A modo de ilustración, frente al paro convocado por Cetera el último 23 de mayo la adhesión fue irrelevante. En palabras de Gabriel Sciola, director general de Escuelas: "El nivel de acatamiento fue del 0,37%". Además agregó que a los docentes que hubiesen faltado "se les descontaría el 10% del salario". Esto fue explícitamente reconocido tanto por el prosecretario del SUTE, Rodolfo Garcés, quien afirmó que la poca adhesión se debía al peso que tiene el ítem aula, como por la secretaría general de SADOP.
Veamos ahora algunas características del nuevo Código de Faltas, impulsado por el gobierno provincial, que hacen a la educación dentro y fuera del aula. Según su artículo 99 es posible multar y hasta detener a padres que hagan faltar a sus hijos al colegio sin razón justificada: "Los padres, tutores o curadores de alumnos menores de edad que de manera reiterada e injustificada hagan faltar a clases a sus hijos serán sancionados con multas desde 5700 a 14.250 pesos. Pero también podrían ser castigados con 15 días de arresto o trabajo comunitario de hasta 20 días".
Conociendo la historia de nuestro país, es lícito preguntarnos qué tan creíble es la aplicación en la práctica de esta legislación. Por ello, es de relevancia el hecho que al día de la fecha 16 padres ya han sido sancionados por detectarse a sus hijos en estado de ebriedad en fiestas clandestinas, lo cual se encuentra especificado por el artículo 96, que establece: "Aquellos padres que suministren o permitan que sus hijos consuman alcohol podrán recibir una sentencia de 15 a 60 días de arresto, trabajo comunitario, o multas que van de los 14.250 a los 57 mil pesos".
Para terminar, una última ilustración de la importancia que reviste para el gobierno de Mendoza la educación la constituye el haber intentado establecer para el año lectivo 2019 un calendario de 190 días de clase, dando comienzo el 18 de febrero.
Jaime Correas, ministro de Educación de la provincia, resaltó que Mendoza es el primer distrito que ha cumplido el calendario de 180 días acordado en el Consejo Federal de Educación. Es más, Correas señaló que, con el fin de completar un calendario de 190 días de clase, "se dará de baja a los asuetos por el día de los municipios. Serán de clases efectivas e instaremos a las escuelas para que ese día trabajen y realicen actividades sobre la historia de su departamento".
Este anuncio generó la esperada reacción de los sindicatos docentes. Al respecto, Graciela Orelogio, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, expresó en declaraciones radiales, en relación con la oposición del SUTE: "Se equivoca el sindicato porque no cogobierna y es la DGE la que dispone el calendario escolar y no es motivo de paritaria".
Sin embargo, el Gobierno decidió dejar sin efecto la iniciativa. Alarmó que muchos padres hayan manifestado la irresponsable decisión de defender un calendario escolar más corto, justificando que verían afectadas sus vacaciones. Además, una petición de Change.org creada por una estudiante de nivel secundario reunió más de 51 mil firmas, que fundamentaban: "Los alumnos de Mendoza no tendrán tiempo para descansar del colegio, les generará mucho más estrés y bajará el rendimiento escolar".
El Gobierno de la provincia de Mendoza en los últimos años es digno de ejemplo. Una y otra vez sorprende con iniciativas que reconocen en los hechos el derecho de los niños a ser educados, la obligación de los padres a respetarlo y del Estado provincial a garantizarlo. No dudo que tarde o temprano los 190 días de clase serán una realidad en Mendoza. Es claro que para la administración del gobernador Alfredo Cornejo la educación es una prioridad.
Es obvio que sin el apoyo de la sociedad es muy difícil lograr un cambio, pero si el Gobierno de Mendoza intenta hacerlo, por qué no el resto de la Argentina.
FUENTE: https://www.infobae.com/opinion/2018/12/08/mendoza-donde-la-educacion-es-prioridad/
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