Apenas se recuerda ya todo lo hecho en la materia, que ha resultado virtualmente en vano porque ni el Ministerio Público ni los organismos gubernamentales con competencia en estas cuestiones han asumido la participación que les corresponde para dar por terminada esta gigantesca defraudación. No les interesa. Pero más alarmante resulta que La Jefatura del Gabinete de Ministros haya defendido y defienda judicialmente causas promovidas contra el Estado —por los motivos arriba enunciados— en las que no cabe duda de que al menos una parte de lo demandado por los acreedores fue ilegalmente no pagado por la Caja de Valores S.A., entidad que actúa en nombre del Ministerio de Economía. Está claro, por tanto, que ni siquiera el propio Estado rechaza asumir defensas contra la ley. Cuando un pleito se pierde, el que paga es el Estado y no la Caja de Valores S.A., la entidad que pagó de menos a acreedores con sentencias firmes a su favor. Lo que se conoce es que, aparentemente, esta entidad privada se quedó con el dinero no pagado a los acreedores. Volveremos sobre este tema.
Es por estos motivos que el 26 de noviembre de 2018 hemos hecho la correspondiente denuncia a la Jefatura del Gabinete de Ministros con el propósito de que abandone el patrocinio de estas causas. Resulta inaceptable que, pese a las pruebas indubitables presentadas en distintos litigios, la Jefatura del Gabinete de Ministros no se haya puesto al corriente de que cuando interviene en una de estas controversias promovidas por los acreedores burlados en sus legítimos derechos—total o parcialmente—, la beneficiaria de su actuación termina siendo, formalmente, la Caja de Valores S.A., una entidad privada. Como manifestamos en la denuncia, tampoco “[…] resulta aceptable que la Jefatura del Gabinete de Ministros defienda judicialmente estafas perpetradas.”, es inconcebible la idea de que se defiendan causas cuyo origen es un delito. Quien suscribe, por lo tanto, “[…] no puede entender que si justificadamente la Caja de Valores era quien hizo pagos insuficientes a decenas de miles de personas, no fuera convocada a juicio por la Jefatura del Gabinete de Ministros como parte interesada y se la hiciera intervenir en la acción”, así como tampoco es aceptable que “[…] no se la citara por la Jefatura del Gabinete de Ministros a hacerse cargo de los pagos mal hechos”. En la denuncia, decimos algo que resulta obvio: no es justo que sabiendo como son las cosas, la Jefatura del Gabinete de Ministros continúe actuando como si nada y afronte los pagos de los delitos perpetrados por ajenos. De esta forma, la Jefatura del Gabinete de Ministros defiende causas ilegales
Ignoramos si la Jefatura del Gabinete de Gobierno es “parte” de la “entidad” formada por la Caja de Valores S.A. y por el Ministerio de Economía, pero en caso de no serlo —que es lo más probable, y que ninguno de sus funcionarios obtenga beneficio de esto—, no resulta aceptable que defienda judicialmente estafas perpetradas por los mencionados protagonistas, como también es inexplicable que ignore lo sucedido después de todo lo dicho y publicado por quien suscribe durante más de ocho años.
LA ESTAFA REALIZADA POR LA CAJA DE VALORES S.A.
Desde septiembre de 1997 hasta el 10/12/2015 —o seguramente una fecha posterior—, La Caja de Valores S.A no entregó a sus legítimos acreedores una parte de los fondos públicos que el Ministerio de Economía decía poner a su disposición para pagar sentencias judiciales dictadas en pleitos perdidos por el Estado y pasadas en autoridad de cosa juzgada a favor de los demandantes. Se ignora aún el destino que han tenido dichos fondos o quién se ha quedado con ellos. Lo que sí se sabe es que, en los hechos, la Caja de Valores S.A. modificó el resultado de miles de sentencias judiciales en perjuicio de miles de acreedores a quienes no pagó lo que estipulaban las planillas enviadas por la Secretaría de Hacienda para dicho fin, sino cantidades menores. La Caja de Valores S.A. está confesa indirectamente de los hechos que se le imputan porque en los expedientes judiciales que ofreciera como prueba en las denuncias efectuadas a la Comisión Nacional de Valores consta la cantidad que debió ser entregada según las planillas oficiales —emitidas por la secretaria de Hacienda— y la cantidad que se pagó realmente —inferior a la debida—. Estas pruebas, en las que consta la presencia de una “mano” que indicó lo que se les debía pagar ilegalmente a los actores —tal como ocurrió—, fueron acompañadas en muchos expedientes judiciales por la propia Caja de Valores S. A., de manera que su valor probatorio es TOTAL. Existen otras pruebas no menos definitorias de la culpabilidad de la Caja de Valores S.A. en la defraudación invocada. Lamentablemente, en los juicios iniciados por quien suscribe, algunos con sentencia firme y otros en trámite, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina desde por lo menos el año 2005 interviene por de haberse hecho cargo de empresas en liquidación expedientes
Participación del Ministerio de Economía en la estafa
Sin duda, el Ministerio de Economía tiene en esta gigantesca estafa una ingerenciamayora la de la Caja de Valores S.A.Si bien esta última fue la que dio la cara frente a los acreedores e hizo la multiplicación por el “valor residual” para pagar de menos, quien manejó la defraudación perpetrada por la Caja de Valores S. A. fue el Ministerio de Economía. Es inconcebible que una institución como la Caja de Valores S.A. —que no tiene poder de decisión porque depende de dos empresas mucho más importantes que son las que verdaderamente la dirigen— pueda manejar al Ministerio de Economía. Esto es tan cierto como aquella que dice que “el perro mueve la cola, no la cola al perro”.
Dicho Ministerio,a partir de su actuación en distintos juicios —dando explicaciones matemáticas que no resisten el análisis de un perito mercantil— demostró un gran interés en la resolución de estos y en engañar a los Magistrados Judiciales, cuyas incumbencias profesionales no les permitieron dilucidar cuestiones contables vinculadas con bonos y cupones. Estos fueron literalmente robados. Un ejemplo de estas actuaciones son las brindadas en los autos “Carril, Juan Manuel y otros c/Producciones Argentinas de Televisión P.a./cobro de pesos” —en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21— o “Cudemo, Claudio Oscar y otros c/ Producciones Argentinas de Televisión S.A. s/cobro de pesos” —tramitada ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 44—.
Asimismo, la intervención personal del Director de Crédito Público en causas como “Reynoso, Roberto y otros c/ Dicon Difusión Contemporánea S.A s/cobro de pesos” consiguió dejar sin efecto la cosa juzgada por una sentencia diametralmente opuesta. Seguramente el lector quiera preguntarle al autor de este relatoquién se quedó con el dinero del Estado que no fue entregado a los acreedores.Dispuesto a responder, la lógica indicaría que debe estar en manos de gente vinculada con el Ministerio de Economía y con la Caja de Valores S.A., o sus accionistas.
Inexplicablemente pese a la profusa publicación que hizo el suscripto, denunciando quiénes eran los verdaderos responsables delos ilícitos, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha seguido adelante con las defensas aludidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario