Por Aníbal Hardy
Los atroces y perversos hechos de violación contra mujeres y menores ocurridos, y ampliamente difundidos por el periodismo merecen recordar la época de la Edad Media y los cruzados, a quienes se les atribuye el empleo en sus mujeres del denominado “cinturón de castidad”. En ese tiempo, marcado por la fe y, en particular, por el extraordinario movimiento causado por las Cruzadas, el soldado, debía ausentarse por mucho tiempo del hogar y si tenía mujer, para que esta no lo engañe o fuera violada no encontró mejor solución que encerrarla en un cepo de hierro. Cuentan los relatos, que muchas veces eran las propias mujeres las que se procuraban esas “guarniciones” o “arneses” en caso de largos viajes, aposentos en albergues o cuando pasaban las tropas. En suma, se trataba de un método de autodefensa contra la violencia sexual.
En la actualidad cabe preguntarse si ante la colosal expansión de violaciones a las personas y a sus derechos, no habrá alguien que quiera optar por volver a esa práctica de resguardo, frente a la inseguridad física y la desprotección jurídica en las que se encuentran inmersos los ciudadanos argentinos, en gran medida violados por acción u omisión de quienes deben guarecerlos. Nadie duda, que la Argentina está siendo violada permanentemente y con ella sus habitantes. El gobierno nacional, Congreso y el Poder Judicial en connivencia violan la Constitución Nacional, las leyes, las normas, los tratados internacionales, la ética y la moral. Los argentinos son violados en sus derechos y la violación no sólo se reitera, sino que, además, no tiene límites. Son violados cuando el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo “facultades extraordinarias” (artículo 29, C.N.), delegando poderes que son propios del Poder Legislativo. Son violados en su constitucional derecho a “transitar libremente” (artículo 14, C.N.), cuando el estado no desaloja piquetes, que cortan puentes internacionales, rutas, autopistas y calles. Siendo obligación del Estado mantener el orden y la libre circulación. Teniendo el derecho y la fuerza legal para hacerlo, no lo hace porque muchas veces los piquetes y escraches son funcionales a la política.
Los ciudadanos son violados cuando el Estado no les da la “información adecuada y veraz” (artículo 42, C.N.) que necesitan para planificar sus vidas de acuerdo a la realidad. Miente a través de las cifras del INDEC, inventando mundos maravillosos e inexistentes, de los que son excluidos los que no forman parte del gobierno. Son violados en su derecho a la preservación “de un medio ambiente sano” (artículo 41, C.N.), cuando la Presidente veta la ley 26.418 de protección a los glaciares, sin dar explicación. Son violados en su derecho de propiedad (artículo 17, C.N.), cuando el Estado Nacional se queda con la plata de los aportantes son despojados de sus ahorros años en nombre de una jubilación de reparto que no eligieron. Los argentinos son violados cuando se le abren las puertas a todos aquellos que no pueden explicar sus patrimonios porque provienen del narcotráfico, de negociados y de coimas. Entonces Argentina les ofrece un lavadero excepcional para blanquear sus dineros mal habidos.
Todas estas conductas delictivas desarrolladas como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. Esta constante violación tiene consecuencias irreversibles y la ya deteriorada moral pública sumada a la falta de ética, están dañando a la Nación, porque los gobernantes logran por violación lo que pueden conseguir por seducción.
Abogado- Desde Formosa- Enviado por su autor
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