La humanidad constantemente ha evolucionado y se ha revolucionado en búsqueda de su libertad. Intentar que el hombre posea cada vez mayores rangos de acción conllevó a que múltiples ciencias aplicaran sus conocimientos en favor del libre albedrío. La evolución de la ciencia informática es un claro ejemplo de cómo el conocimiento sirve a la autonomía del hombre, ya que sea transportando una simple netbook o utilizando diversas aplicaciones desde un celular, el hombre puede disponer muchas veces de su trabajo, su tiempo o su dinero en cualquier espacio.
Más aún, la maravilla de la comunicación en tiempo real otorga la increíble oportunidad de conectar a las personas independientemente de su distancia, permitiéndoles afianzar relaciones de todo tipo o concretar negocios para el progreso de cada individuo.
Esta evolución llega, como no podía ser de otra forma, también a la esfera de la política. Desde hace décadas se ha intentado fomentar la doctrina del “Gobierno Abierto”.
Si bien el concepto tiene su origen en la década de 1970 en Inglaterra, muchos países a nivel mundial como Nueva Zelanda, Estados Unidos o España, paulatinamente han incorporado dicha doctrina. Hablar de gobierno abierto implica utilizar las herramientas digitales que la ciencia provee para afianzar los valores republicanos y asentar una democracia más transparente y participativa.
En este sentido Guy Sorman (filósofo, periodista, autor y economista de origen francés) expone en diversas obras claramente cómo al implementar un gobierno abierto se fortalecen las instituciones de los Estados, esencialmente lo que es el control presupuestario que realizan los privados sobre la administración pública. Un gobierno informatizado genera cambios más allá de la mera transparencia.
La participación mediante las redes permite que cada individuo se pueda involucrar de manera más directa en las decisiones plebiscitadas de manera on-line, tal como sucede en Chile, que desde el año 2012 es encuentra dentro de la alianza “Open Government Partnership (OPG)”. Las gestiones públicas gozan de mayor legitimidad desde el momento en que cada accionar es referenciado por el sector contribuyente, que es en definitiva la parte de la sociedad que sostiene y financia el actuar administrativo del Estado.
Fomentar el desarrollo de capitales y tecnología no es un fenómeno separado de la cultura, la política y la economía. En la antigua Grecia, las Asambleas, que tenían funciones institucionales primordiales para el desarrollo de la sociedad, desde ir a una guerra hasta elegir un funcionario, eran un órgano de participación directa del ciudadano, sin la necesidad de representación legislativa.
Esa moral pública en la que cada persona destinaba parte de su valioso tiempo al desarrollo político de la Ciudad hoy puede volver a aparecer gracias a la tecnología. Un mero dispositivo no va a generar un cambio paradigmático en lo cultural, en el que los habitantes quieran involucrase en la lucha por sus derechos individuales, pero sí es un buen comienzo que cada sujeto tenga al menos la oportunidad desde el confort de su hogar de incidir en las políticas públicas. Karl Popper, a mitad del S. XX, en su obra magistral “La sociedad abierta y sus enemigos” demarcaba cómo los gobiernos que se han cerrado burocráticamente terminan siendo totalmente nefastos para sus poblaciones, sobre todo en materia económica.
Se podría citar el claro caso de Cuba, lugar en el que el régimen castrista durante décadas prohibía el uso de internet para gran parte de la sociedad civil, evitando que se tuviera información relativa a las condiciones de vida, gobierno y mercado que se gozaban en otros países.
Argentina crea el Ministerio de Modernización el 10 de Diciembre de 2015. Posiblemente sea la medida más inteligente a futuro que pudo tomar el gobierno del “cambio”.
Si uno analiza este caso particular verá que esta Nación viene acompañando la idea de integrarse al mundo y dotar de mayores libertades a su población.
Es rescatable que dicho Ministerio paulatinamente, al digitalizar el país, vaya disminuyendo parte del gasto público por requerir menos insumos, pero el eje fundamental pasa por su rol de capacitar y jerarquizar el empleo público. Argentina puede ser un verdadero ejemplo a nivel mundial de cómo solucionar el problema del Estado gigante que limita la libertad civil.
Piénsese que si el sector privado puede tramitar sus obligaciones municipales, provinciales o nacionales desde una simple computadora personal se estará ganando más tiempo propio para trabajar o disfrutar libremente de lo que quiera. Además de ahorrar tiempo en filas interminables por el exceso de burocracia, elemento típico en muchos países latinoamericanos, el país digitalizado no padece el cercenamiento de libertades cuando los sindicatos en búsqueda de mayores privilegios irregularmente cortan los servicios o impide la libre circulación por los espacios públicos.
Así pues, es válido sostener que el desarrollo del capital, acompañado de un cambio cultural, pueden asentar definitivamente los valores de la libertad en cada Nación. En pleno S. XXI todavía hay países que designan funcionarios por criterios políticos y no por capacidad, ralentizando el funcionamiento administrativo y perjudicando al sector productivo, más el enorme gasto que esto implica al Estado.
Modernizar implicará que el contribuyente participe en decisiones políticas, se ahorre tiempo que destinaba al trámite burocrático para invertirlo en lo que desee y fundamentalmente pagará menos impuestos por cuanto el Estado es más chico y eficiente.
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