Desde el pasado 10 de diciembre (fecha en que en la Argentina volvió a regir la democracia), resulta evidente que desde el ciudadano común hasta funcionarios de alto rango han comenzado a animarse a opinar o escribir sin temor a las represalias o censuras que, con brutal habitualidad fueron padecidas durante los 12 años de autoritarismo que signaron al kirchnerismo.
Es en este nuevo y liberador contexto cuando el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido espetó la siguiente verdad: “No hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada”, agregando que la Argentina “es un país con una historia violenta pero no menos violenta que en otros países del mundo” y culminó su sentencia espetando: “La historia argentina dice que los Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron”.
Estas verdades tan obvias y conocidas para cualquier argentino informado, resultaron un verdadero escándalo para toda la ralea progresista y su corte de voceros, periodistas y dirigentes bienpensantes, tal el caso de la mitómana Estela Carlotto, quien en complaciente diálogo con el servil reporterito Gustavo Silvestre señaló: “Qué maldad empezar a manejar esta cifra. Si este señor (por Lopérfido) considera que ese no es el número, que nos dé la lista de lo que el piensa que son”. Habría que explicarla a iletrada Carlotto que un viejo y elemental principio del derecho nos afirma que “la carga de la prueba recae sobre aquel que afirma la existencia de un hecho” y por ende, son precisamente los publicistas del slogan “30.000 desaparecidos” quienes tienen la obligación grave de probar y demostrar la verosimilitud de dicho coeficiente y no Lopérfido. Pero el hecho de que la energúmena de Carlotto jamás haya aclarado ni detallado las fuentes que arrojan su abultado número cabalístico, es algo que obedece a una sola causa: tal fuente no existe porque el guarismo es confirmadamente falso.
Habría que aclararle además a Carlotto con respecto a la “maldad” que ella le adjudicó a Lopérfido, que nunca constituye tal cosa decir la verdad, y que las cifras que fulminan la cínica ficción de los “30.000 desaparecidos” no surge de una invención del dicente Ministro de Cultura sino del listado oficial y estatal confeccionado en el año 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno kirchnerista (y publicado en la nueva versión del anexo del libro Nunca Más), es decir del mismo régimen del que Carlotto obtuvo tanto dinero, notoriedad y poder para acomodar a toda su parentela en la rentable función pública.
Pues bien, del listado gubernamental actualizado surge entonces que la cifra real de terroristas desaparecidos durante el último gobierno cívico-militar fue la siguiente: 6.415 desaparecidos. Datos que se encuentran detallados en el listado oficial actualizado ya mencionado. Vale decir, la empresaria Carlotto y sus secuaces toda vez que mienten al vociferar la existencia de “30000 desaparecidos” no hacen más que quintuplicar la mentira y la estafa historiográfica.
Ahora bien, supongamos que la disminuida cifra de 6809 desaparecidos confirmados nos siga pareciendo “escandalosa” y reprochable, a tal coeficiente cabe anexarle el siguiente interrogante: ¿los 6809 desaparecidos eran simples filántropos que soñaban con un mundo igualitario o peligrosos asesinos al servicio del terrorismo internacional?. Interesa la pregunta porque quien esto escribe, se dedicó exhaustivamente a estudiar este asunto que luego fuera plasmado en el documentado libro La Mentira Oficial, y de dicho trabajo yo mismo extraje las siguientes conclusiones:
La organización terrorista Montoneros tuvo 5.750 caídos. El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) padeció 1980 caídos y otras organizaciones terroristas de menor envergadura (FAL, FAP; OCPO) padecieron un total de 700 caídos: o sea que hubo un total de 8430 terroristas caídos en toda la guerra antisubversiva.
¿Y cómo se explica la diferencia de que la cifra oficial de desaparecidos sea entonces de 6809 y el total de caídos sea 8430?. Muy fácil. Del mismísimo listado oficial/estatal se aclara que hay otros 751 guerrilleros que desaparecieron antes del gobierno militar naciente el 24 de marzo de de 1976 (es decir que desaparecieron durante el régimen peronista de Juan Perón, Isabel Perón y López Rega), datos a los que cabría sumar otros 860 terroristas que confirmadamente cayeron muertos en combate. Entonces, de todo este total detallado se extrae que entre los desaparecidos en democracia (751), más los desaparecidos en el gobierno de facto (6809) y más los muertos caídos en enfrentamientos (860) una cifra de 8420 bajas, es decir casi la misma que los 8430 guerrilleros caídos que denunciaron las mismísimas organizaciones terroristas en sus partes de guerra.
Tras lo expuesto, cabe concluir entonces que Darío Lopérfido no sólo dijo la verdad al reconocer que no existieron 30.000 desaparecidos, sino que se quedó corto en su afirmación, dado que cabría agregar que salvo aisladas excepciones, todos los desaparecidos eran todos terroristas asesinos y como tales, murieron en su ley en el marco de la guerra civil que ellos mismos desataron, en la cual cometieron más de 21.700 atentados[1], de los cuales incluyeron numerosos infanticidios, cientos de secuestros, decenas de fusilamientos, miles de atentados con bombas y un sinfín de torturados.
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Estos y otros mitos son reventados en el libro “La Mentira Oficial”, de Nicolás Márquez.
[1] Hechos y cantidades ratificados en la Sentencia de la Causa 13 que juzgó a los Comandantes en 1985.
http://prensarepublicana.com/desaparecidos-loperfido-se-quedo-corto-por-nicolas-marquez/
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