La persistencia de la inflación alerta sobre la importancia de reducir la emisión monetaria que se deriva del elevado déficit fiscal. En el corto plazo, esto se puede lograr acelerando la reducción de los subsidios económicos. De todas formas, el desafío más importante y complejo es transformar la organización del sector público eliminando los impuestos más inequitativos y distorsivos y profesionalizando al Estado para que brinde más y mejores servicios. En la primera mitad del año se tomaron decisiones económicas importantes tendientes a normalizar la economía. Entre las más destacadas aparecen la regularización del comercio exterior levantando trabas burocráticas y liberando el mercado cambiario, el restablecimiento de las relaciones con la comunidad financiera internacional, el inicio en la resolución de las deudas con los jubilados, la reducción de la presión impositiva en algunos impuestos y la reconstrucción del sistema estadístico nacional. Sin embargo, la persistencia de la inflación sigue produciendo daños sociales e incertidumbre.
La inflación deriva de varios factores. El más importante es que los gastos del sector público nacional superan ampliamente a los ingresos. Esto obliga a contraer más préstamos y emitir sin respaldo. Bajo estas condiciones fiscales, el Banco Central no tiene posibilidades de reducir el aumento de precios a niveles más tolerables.
De aquí la importancia de monitorear la evolución de las cuentas públicas. En esta dirección, según datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) referidas al primer semestre del año 2016 se observa para el sector público nacional que:
Los ingresos totales fueron $698 mil millones (28% mayor respecto al año anterior) y los egresos $830 mil millones (31%mayor respecto al año anterior).
Así el déficit financiero fue de $132 mil millones o un 45% más alto que el registrado en el primer semestre del año 2015.
Los subsidios económicos (a la luz, gas, agua, transporte y empresas públicas) ascienden a $113 mil millones.
Estos datos muestran que durante el primer semestre del año los ingresos crecieron por debajo de las erogaciones aumentando el desequilibrio en las cuentas públicas. En el corto plazo, es difícil lograr aumentos significativos de los ingresos y existen potentes inercias en varios componentes del gasto público, como las prestaciones de la seguridad social, salarios y transferencias a universidades que suman más de la mitad del gasto público nacional. Por eso, una reducción más veloz del déficit fiscal exige avanzar sobre los subsidios económicos. En este sentido, es muy relevante notar que los subsidios económicos equivalen al 85% del déficit total.
Resalta la importancia estratégica de asumir con seriedad y racionalidad la revisión de los subsidios a la electricidad, el gas, el agua, los colectivos, los trenes y las empresas del Estado donde se destacan Aerolíneas Argentinas y la empresa de carbón Río Turbio. Los desentendimientos ocurridos con la tarifa de gas muestran que, por ahora, en los tres poderes del Estado prevalece en materia de subsidios la improvisación y el oportunismo en lugar de un accionar coordinado y sustentado en criterios técnicos.
La reducción de los subsidios requiere del Poder Ejecutivo una regla trasparente y simple que lleve gradualmente las tarifas al nivel que permita cubrir el costo del servicio y un mecanismo ágil y equitativo para el acceso de las familias más vulnerables a la tarifa social. Del Poder Legislativo se requiere responsabilidad en lugar de iniciativas más impregnadas de oportunismo que de racionalidad. Del Poder Judicial se exige preservar al ciudadano de actos arbitrarios pero sin caer en la tentación demagógica de prohibir aumentos de precios sin respaldo de una mínima consideración por la sostenibilidad económica de la decisión.
De todas formas, el equilibrio fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo social. El desafío trasciende los subsidios. Desde los tres niveles del Estado se impone una muy alta presión tributaria que se contrapone con la muy pobre calidad de servicios que reciben los ciudadanos. Por eso, es clave revisar el sistema tributario, como las cargas sociales que desalientan el empleo formal, el impuesto al cheque que desalienta las transacciones electrónicas y los impuestos a los ingresos brutos provinciales y tasas municipales que se superponen con el IVA gravando hasta tres veces una misma venta. En paralelo hay que dar racionalidad al uso del recurso público reformando el sistema previsional y evitando superposición de roles entre la nación y las provincias en temas estratégicos como educación, salud, seguridad, vivienda y otras inversiones sociales.
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