El Estado administra casi la mitad del PBI

El crecimiento del gasto público en la última década fue exponencial. Esto realza el rol estratégico del Consenso Fiscal como herramienta para ordenar al Estado. Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente. Además, hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política. Se sancionó como ley al Consenso Fiscal celebrado entre la Nación y las provincias. Entre los temas que aborda el acuerdo uno muy importante es una nueva distribución de los impuestos nacionales. Por un lado, se aumentan los recursos distribuidos a las provincias, en especial, a la de Buenos Aires que sufría la licuación del Fondo del Conurbano Bonaerense desde el 2002. Por el otro, las provincias se comprometen a disminuir impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y sellos) y a renunciar a todas las demandas judiciales contra la Nación y abstenerse de iniciar nuevas controversias. Subyace en el acuerdo la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias. La meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal. Para dimensionar la relevancia y la necesidad de este acuerdo es clave remitirse a la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que: Entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI. Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI. Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI. Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper-centralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios. El Consenso Fiscal aspira a iniciar un proceso gradual tendiente a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios. Se trata de desafíos muy ambiciosos ya que obliga a trabajar de manera simultánea en descentralizar recursos, eliminar impuestos distorsivos y propiciar una administración más austera y eficiente de los fondos públicos. Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES. Lamentablemente el debate sobre la movilidad previsional demostró cuán lejos se está de generar condiciones propicias para encontrar soluciones. También genera mucha resistencia poner como prioridad al ciudadano y no a los intereses, muchas veces espurios, que operan sobre la gestión pública. Es clave tender a una organización y gestión más empática con el ciudadano y menos permeables a las presiones sectoriales. El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno.Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicíta que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido, queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política.