Los llamados “espacios” pueden traducirse literalmente como nómina, cargos, presupuesto, contratos, o sea, lo que necesitan los partidos tradicionales para mantener a su clientela y, en consecuencia, un partido que no pueda ofrecer siquiera una expectativa razonable de que va a tener acceso a ellos se debería extinguir, como un ser vivo fuera de su atmósfera.
Pero no es sólo eso, la llamada “ayuda internacional” dejaría de fluir, porque las agencias, comités, fundaciones que las canalizan no pueden entender que se pidan fondos para algo que no sean unas elecciones, por lo que participar en ellas se convierte en otro factor de supervivencia de los partidos reducidos a simples maquinarias electorales.
No vale la pena insistir otra vez en que las elecciones son un complejo mercado en que pululan multitud de negocios de propaganda, comunicación, impresión, textiles, transporte, en fin, todo el espectro productivo; también una fauna de estrategas, asesores, consejeros, creativos, sastres, peluqueros y maquilladores; sin entrar al submundo de la guerra sucia, sabotaje, dispersión de rumores, información y desinformación, que son tanto o más caros.
De manera que basta que el régimen pronuncie la palabra mágica “elecciones” para que estalle una conflagración de intereses a ver quién mete baza de primero en la feria y por supuesto, todo el que pretenda contener la estampida queda en desventaja automática sino, menos que profeta, loco, insensato o alguien que “no entiende las realidades políticas”.
Quizás deba repetirse que en Venezuela no existen elecciones desde hace años, en cualquier sentido que se le atribuya a esa palabra, sin necesidad de añadirle el adjetivo “auténticas” que es el argumento de los técnicos para decir que no se elige realmente porque no se cuentan los votos, al menos desde 2004, que no hay registro electoral, que éstos caen en el vacío cibernético volviendo al sistema inescrutable, inauditable y un larguísimo etcétera.
Con las inhabilitaciones no se pueden promover candidatos que tengan un discurso esclarecedor porque ni siquiera les permiten participar aunque les roben la elección al final o si “ganan” les desmantelan el cargo, los dejen sin sede ni presupuesto para que no puedan ejercerlo y si se ponen muy tercos los destituyen, encarcelan y que den paso a las mujeres.
En lo que sí se debe insistir, porque no se enfatiza lo suficiente, es que tras los inhabilitados se encubren los “habilitados”, aquellos que le hacen la tarea al régimen. Es un insulto predicar que si inhabilitan a uno se pone otro en su lugar porque por ese camino los únicos participantes serían los seleccionados por el régimen de ocupación.
Así son las “elecciones” en Cuba e Irán, que son los modelos que este régimen copia, donde los candidatos deben ser aprobados previamente por un Consejo Revolucionario que decide quien es elegible y quien no, según sus credenciales revolucionarias, a juicio exclusivo de los ayatolas respectivos.
El elector no cuenta ni elige en absoluto, pasa de un sistema electivo a otro convalidatorio, en que confirma las decisiones impuestas por otro y aquí llegamos al quid de la cuestión: ¿Cómo se puede participar en un mecanismo de opresión y acorralamiento de la población en que la obligan a hacer lo que nunca haría si pudiera tomar decisiones libres, sin hacerse responsables de las consecuencias jurídicas, políticas, morales y por qué no decirlo, administrativas y penales correspectivas?
AD coopera con la pretensión de volver al bipartidismo; pero para los comunistas la táctica es la de “pelar una cebolla” eliminando a los elementos más radicales desplazándose hacia el centro hasta llegar a un sistema de partido único como en Cuba o, en su defecto, de partidos amaestrados como existieron en la RDA bajo la ocupación soviética.
Se necesitaron casi 20 años para admitir que esto es una tiranía bajo ocupación comunista cubana: ¿Harán falta otros 20 para reconocer que AD es el partido de cogobierno, en concurso con Primero Justicia?
Aunque AD dejó de ser un partido político stricto sensu para convertirse en una suerte de Agencia De Colocaciones propiedad privada de Henry Ramos Allup & Flia., cuya actividad principal se centra en los negocios familiares más que en la política como servicio público.
Tiene su fracción en el TSJ, CNE, universidades, ministerios, pero más importante, en las FFAA. ¿Qué han hecho en el equivalente a cuatro períodos presidenciales del antiguo régimen? Lo mismo que hacían; pero pretendiendo no pagar costos políticos ni de otro tipo.
¿Cuántos oficiales adecos estarían allí arrellanados aplaudiendo a Chávez cuando ordenó cerrar RCTV, por poner un ejemplo entre miles posibles? ¿Cuántos burócratas participan en el diseño y ejecución de programas, planes, misiones, incluso de represión y exterminio? ¿Cuántos guardan la camiseta de “institucional” en el fondo del closet para ponérsela cuando esto pase, si es que pasa? Porque si no, pueden seguir ahí, medrando tranquilazos.
HRA dice que la sedicente Asamblea Nacional no designa los rectores del CNE para no repetir la trágica escena de los supuestos Magistrados del TSJ, huyendo en desbandada; la pregunta es: ¿Cómo es posible que éstos sean perseguidos pero no quienes los nombraron?
Se opone tenazmente a las sanciones de EEUU porque “afectaran al pueblo y Maduro seguirá comiendo sabroso”. Y él, ¿cómo comerá? ¿Cómo en los últimos 20 años y los 20 anteriores? ¿O será en prevención de que afecten, entre otros, a Derwick Associates?
Ya no es cuestión de complicidad, sino de coautoría.
ENVIADO POR SU AUTOR, DESDE VENEZUELA
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