La negación de la realidad por parte de la administración de Cristina Kirchner ha sido una constante, la educación no es una excepción. ¿Qué mejor forma de ejemplificarlo que con declaraciones de Alberto Sileoni, ministro de Educación 2009-2015?
A modo de ejemplo, en octubre de 2011 Sileoni señaló que “hay miles de alumnos y educadores que prueban que la educación pública argentina está viva y en movimiento”, en septiembre de 2013 twitteo: “No decimos que estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos construyendo un país distinto”, y en septiembre de 2015 llegó a twittear que: “no hay un éxodo de la escuela pública a la privada; hay una expansión del sistema educativo argentino, tanto en alumnos como en docentes”. Sencillamente un absurdo.
En marzo de 2016, el presidente Mauricio Macri, en su primer discurso de apertura del Congreso, realizó un correcto diagnóstico: “La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades”.
Los resultados de los exámenes PISA, la pérdida de días de clase por los habituales paros docentes, el éxodo de las escuelas públicas hacia instituciones privadas, la alta deserción en la escuela secundaria y en la universidad, son tan sólo algunos de los síntomas de la grave emergencia que recibió el nuevo gobierno.
Hoy, a mitad del período, es razonable afirmar que el gobierno, a diferencia de su antecesor, reconoce la crisis educativa y ha demostrado tener buenas intenciones pero aún ha hecho poco para enfrentarla. Esa es una asignatura pendiente para la segunda mitad de su mandato.
Veamos los hechos. En febrero de 2016, el por entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, junto a todos los ministros de Educación de las provincias, firmaron un acuerdo llamado Declaración de Purmamarca que trazó los ejes de la revolución educativa que la nueva administración deseaba llevar a cabo.
Meses después, Mauricio Macri lanzó Compromiso por la Educación, con el objetivo de abrir un diálogo multisectorial. En palabras de Bullrich: “Compromiso por la Educación es un proceso que va a realizarse en todo el país, donde se instará al debate y plantear nuevos objetivos que nos ayuden a generar un documento común y consensuado”. A partir de entonces se han realizado diversos encuentros en el marco del proyecto.
A mediados de marzo pasado, en medio del paro docente, junto al anuncio del Presidente de los lamentables resultados reportados por la Evaluación Aprender, el mayor logro en el terreno educativo de la actual gestión, el Gobierno hizo pública su intención de enviar al Congreso el denominado Plan Maestro, compuesto, por entonces, de 108 artículos con metas al año 2021 y 2026.
Finalmente, en mayo, al presentar Macri la plataforma digital del Plan Maestro, invitó a la ciudadanía a participar del debate: “Estamos poniendo esta plataforma en Internet para que cada uno- el papá, el abuelo, el docente, el alumno- pueda acceder y aportar su idea”. La plataforma tuvo por objeto reunir las propuestas que se realizaron hasta el 30 de mayo. Las mismas son consideradas por los equipos técnicos del Ministerio para la elaboración del documento final, antes que el proyecto sea elevado al Congreso.
A primera vista la foto que nos brinda esta cronología de hechos es altamente auspiciosa. Esbozar un plan, presentarlo al debate de la sociedad y buscar su participación y consenso antes de proponer un cambio sustantivo de política educativa, es propio de una sociedad muy distinta a la Argentina. Sin embargo, la tremenda realidad que vivimos me lleva a afirmar que no es tiempo de debatir sino de actuar.
Por ello, he de cerrar esta breve nota proponiendo dos leyes que, de ser impulsadas por el gobierno, demostrarían con los hechos su voluntad de llevar a cabo el cambio de paradigma educativo que nuestro país requiere.
Es indispensable que la sociedad internalice la emergencia educativa. Las evaluaciones son esenciales para ello, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento público. Es imprescindible modificar el Artículo 97 de la Ley 26.206, el cual establece que “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de las (...) instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”. Su modificación generaría las condiciones para que los padres reaccionen. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual no es posible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
Argentina es un caso tristemente emblemático, ya que carece de cualquier sistema de evaluación del nivel de los conocimientos de los estudiantes secundarios antes de ingresar a la Universidad. Es fácil ingresar pero, como se lo hace con escasa preparación, el abandono posterior es muy elevado. En palabras de Alieto Guadagni, Miembro de la Academia Nacional de Educación, “la Argentina es el país Latinoamericano con mayor población universitaria, 435 estudiantes cada 10 mil habitantes. En Brasil hay 380, en Chile 361, en México 285 y en Colombia 273. Sin embargo la foto se revierte al evaluar su graduación, dado que en la Argentina se gradúan anualmente tan sólo 28 alumnos cada 10 mil habitantes, mientras que en México y Chile 48, en Brasil 50 y en Colombia 59”. Como señala Guadagni, no se conoce en el mundo una ley universitaria como la 27.204, que prohíbe cualquier tipo de examen para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la Universidad. La misma estipula que “todos los alumnos que aprueban la enseñanza secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Impulsar su derogación representaría una señal de significancia.
El camino más largo comienza por el primer paso, ya es hora de darlo. Impulsar en el congreso estas legislaciones señalarían la clara intención de nuestro presidente de dar inicio a la revolución educativa que no dudo ansía concretar.
FUENTE: https://www.ucema.edu.ar/cea/perspectivas-zablotsky-092017
Publicado con la autorización de su autor
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