El Presupuesto 2018 no logra romper con la histórica tendencia de usar fondos federales para inmiscuirse en funciones locales. La enorme inversión en transporte público en favor del Gran Buenos Aires es un ejemplo muy ilustrativo, pero no el único dentro del proyecto de Presupuesto. Para no seguir perseverando en el fracaso es imprescindible eliminar solapamientos, descentralizar recursos y crear incentivos para que mejore la calidad de la gestión en los gobiernos locales.
Una innovación interesante en el Presupuesto 2018 es el enlace entre el Plan de Gobierno y las partidas presupuestarias. Esto facilita el control de la ejecución de las acciones del gobierno. Más allá de la concordancia o no que se tenga con las prioridades que fijan las autoridades, es importante haber adoptado esta metodología presupuestaria ya que aporta una herramienta institucional con la cual la ciudadanía puede monitorear la gestión.
En el Plan de Gobierno hay definidos 8 objetivos estratégicos (estabilidad macroeconómica, acuerdo productivo, infraestructura, desarrollo humano, combate al narcotráfico, fortalecimiento institucional, modernización del Estado e inserción inteligente al mundo) los cuales contienen cerca de 100 iniciativas prioritarias que representan el 70% del gasto primario nacional. Con el Presupuesto 2018, entonces, se puede conocer el monto asignado a cada iniciativa prioritaria y, con ello, el destino que se le da a los fondos federales.
Para evaluar la lógica que se utilizan en la asignación de los fondos federales según las iniciativas prioritarias sirve de ejemplo el objetivo de desarrollo de infraestructura. Según el proyecto ley de Presupuesto 2018 se observa que:
Para el desarrollo de infraestructura de transporte se proyecta una inversión total de fondos federales del orden de los $88 mil millones para el año 2018.
De esta inversión, $39 mil millones se asignarán a la iniciativa Plan Nacional Vial, que contempla el desarrollo de rutas nacionales.
Los restantes $49 mil millones se asignarán a la iniciativa Desarrollo del Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Estos datos señalan que el 56% de la inversión que se planea hacer en infraestructura del transporte con fondos federales se asignarán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esta asignación nacional al área metropolitana tiene como contrapartida una inversión minoritaria en el desarrollo de rutas nacionales que recorren el resto del país. Se trata de una distribución de fondos que colisiona con la lógica que debería prevalecer en un país que eligió constitucionalmente una forma de organización federal.
A modo de contraejemplo, en los EEUU el transporte urbano de Washington D.C. es financiado y ejecutado por el Distrito de Columbia (el equivalente institucional a la Ciudad de Buenos Aires) y el de los alrededores por los estados de Maryland y Virginia (el equivalente a la Provincia de Buenos Aires). Ni en las extravagancias de Donald Trump entra en agenda la idea de usar fondos federales para el transporte urbano de Washington D.C. Lo mismo ocurre en otros países federales, como Alemania, donde el transporte de la capital es soportado por la Ciudad-Estado de Berlín.
Usar fondos federales para financiar funciones locales sigue apareciendo con frecuencia en el Presupuesto 2018. Entre otros solapamientos fácilmente identificables se destacan otros $80 mil millonesasignados a vivienda, agua y saneamiento, infraestructura escolar y distribución gratuita de productos de salud. El típico argumento del “todo suma” es equivocado ya que superponer roles más que resolver problemas aleja las soluciones. Un ejemplo concreto lo da el propio Presupuesto cuando reconoce que con las partidas nacionales asignadas a vivienda, en el mejor de los casos, se resolverá el 5% del déficit habitacional. Esto induce a las provincias a concentrar esfuerzos en peregrinar a Buenos Aires para maximizar su participación en este 5%. Si fracasan en el intento, siempre tienen a mano el argumento de que no pueden resolver el 95% restante del déficit habitacional de su provincia porque son discriminadas por la Nación.
El Presupuesto 2018 no escapa a una mala práctica, instalada desde el inicio de la República en 1862, de pretender desde el gobierno central resolver por mano propia lo que las provincias no hacen o hacen mal. Para no insistir en el fracaso, es imprescindible cambiar de estrategia. Esto implica descentralizar recursos públicos en los gobiernos locales y fortalecer sus incentivos y controles para inducirlos a su correcta administración.
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