La desaparición de un militante genera polémicas y profundiza los desencuentros sociales. El hecho vuelve a poner en evidencia la incapacidad de la Justicia para investigar con efectividad. Que la Justicia funcione tan mal, no solo para resolver casos complejos sino también los rutinarios, resulta contradictorio con el acelerado crecimiento de sus presupuestos. Esto sugiere que no se trata de insuficiencia de recursos sino de falta de gestión, transparencia y responsabilidad.
La desaparición de Santiago Maldonado crea otra división en la sociedad. Por un lado, una parte de la población endilga al Gobierno la responsabilidad con encendidas campañas de reivindicación, exigencias de conocimiento de su paradero o el destino sufrido, llegando a provocar graves hechos de violencia. Sin negar que su búsqueda debe ser irrenunciable, el resto de la sociedad toma distancia por el carácter ideológico y por los hechos de violencia que se asocian a la persona en cuestión.
Esta división viene a profundizar la ocasionada por otros casos resonantes como la desaparición de Julio López, la muerte de Alberto Nisman, la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad apoyándose en la extinta regla del 2x1 o la inoperancia para probar y condenar los hechos de corrupción de funcionarios públicos y dirigentes sociales. Si la Justicia investigara y aplicara las penas con ecuanimidad y agilidad habría menos motivos para las polémicas y los posicionamientos extremos y violentos.
Para aproximar las condiciones en las que se trabaja la Justicia argentina resulta pertinente considerar la cantidad de recursos públicos que se le asigna a su funcionamiento. Así, según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación se observa que:
En el año 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año.
En el año 2015 (último disponible) el consolidado de las erogaciones de la Justicia nacional y de las provincias llegó al 1,2% del PBI.
Esto significa que, mientras que entre los años 2004 y el 2015 el PBI creció un 50%, el gasto público en Justicia aumentó un 160%.
Estos datos muestran que el gasto público en la Justicia creció al triple de lo que aumentó la producción. Es decir, el sector fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor. Puede ser que haya más demanda de intervención judicial, pero no alcanza para justificar semejante incremento de recursos. Por el contrario, la enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta en la Justicia no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión.
Personas que desaparecen, muertes y casos de corrupción que no se esclarecen testimonian el fracaso de la Justicia. A esto se suma lentitud y dudas sobre la ecuanimidad en la resolución de casos simples y rutinarios. En una sociedad sin Justicia prevalecen las divisiones, los rencores, la violencia y actitudes que degradan la calidad de vida. Pero fundamentalmente quita la inteligencia del lugar en donde hay que colocarla. Por ejemplo, se llega al extremo de que en lugar de debatir cómo mejorar la capacidad lectora y el dominio de las matemáticas por parte de los alumnos frente a los pésimos resultados educativos, la atención se desvía a discutir si la desaparición de esta persona debe ser incluida en los contenidos de la educación pública.
Un factor clave que explica el mal funcionamiento de la Justicia es el apego a estilos de trabajo obsoletos que facilita su captura por parte de intereses espurios. Se usan mecanismos presenciales y manuales, a papel, sin control de gestión y sin sanción por las demoras. Esto tiene asociado que uno de los principales y recurrentes temas de agenda sea sumar beneficios a sus empleados, a pesar de que cuentan con sueldos superiores al resto de los trabajadores, no pagan el impuesto a las ganancias y tienen un régimen de vacaciones y licencias mucho más generoso. Ante la acumulación de expedientes, demoras y falta de respuesta, la reacción más común es clamar por más presupuesto, incremento que generalmente se destina a contratar más empleados seleccionados de manera discrecional o comprar nuevos edificios con dudosos procedimientos de contratación.
La degradación del sistema judicial es otro caso en el que aplicar gradualismo en la modernización es una decisión arriesgada. No hacen falta más recursos sino inteligencia y audacia para rediseñar procedimientos y usar intensamente la tecnología. A esto hay que sumarle medición de resultados del personal, en especial, de los jueces y fiscales. Así se dejará de desperdiciar esfuerzos en trámites presenciales y burocráticos, liberándose energías para resolver con efectividad y agilidad las investigaciones y los conflictos.
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