El pasado 31 de diciembre de 2014, vencía la cláusula RUFO en medio de una controversia financiera que impactó la economía argentina hasta el día de la fecha. Tal vez, esta cláusula sea la mayor mentira que el anterior gobierno haya dicho a todos los que formamos parte del sector financiero.
“La RUFO” (Rights Upon Future Offerrings) fue el motivo por el cual la República Argentina entró en default en junio de 2014 al no pagar a sus acreedores US$ 1.330 millones en concepto de pagos atrasados por bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Para entender mejor el significado de esta cláusula, hay que remontarse a la reestructuración de la deuda soberana que Argentina llevó a cabo en el año 2005 y posteriormente en 2010. Es ambas ocasiones, nuestro país ofreció a sus acreedores un canje de bonos nuevos por bonos “defaulteados” para poder así reestructurar exitosamente US$ 90.000 millones de deuda externa.
El 92,7% de los bonistas aceptaron los términos y condiciones ofrecidos por nuestro país, culminado así un largo y doloroso período económico que había comenzado con la crisis de 2001.
Estos términos y condiciones incluían una cláusula que fue añadida a los contratos para proteger al 92,7% de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ante los avances de un pequeño y desconocido grupo de acreedores que optaron por no aceptar los canjes.
La RUFO obligaba a la República Argentina a compensar al 92,7% si el país en algún momento antes del 31 de diciembre de 2014, ofrecía mejores términos y condiciones al 7% que no aceptó los canjes de deuda.
Este 7% es conocido actualmente como los“holdouts”.
En 2012, el Juez Federal Thomas Griesa falló a favor de este grupo obligando a nuestro país a compensar a los holdouts bajo mejores condiciones que las ofrecidas al 92,7%. Dos años más tarde, tras un largo recorrido por las cortes norteamericanas, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos quien optó por no tratar el caso argentino, confirmando así el fallo del juez Griesa.
El gobierno de la administración Kirchner, utilizó la cláusula RUFO como pretexto para no pagar a este grupo de acreedores, también conocidos como “buitres”, diciendo que, si el país negociaba y pagaba al 7% lo que el Juez Griesa decía, el 92,7% pediría la activación de la cláusula, generando así nuevas demandas por US$ 500.000 millones.
Todo mentira.
El 1 de enero de 2015, con la RUFO ya vencida, el mundo financiero esperaba ansiosamente que Argentina se sentara con sus acreedores para pagarles y así salir del default. Pero muchos nunca creímos que esto era cierto ya que el 92,7% no teñía intenciones de aplicar la cláusula y solo deseaba que nuestro país normalizara su situación ante los mercados de capitales internacionales.
Desde junio de 2014, tras el fallo de la Corte Suprema, el ex ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, en reiteradas ocasiones hizo referencia a la RUFO para justificar el default argentina en defensa de los intereses del país.
Hoy, sabemos que esta mentira nos ha costado cerca de US$ 10.000 millones adicionales y el actual gobierno pronto deberá negociar con los holdouts un programa de pagos para finalmente salir del default.
Esta semana se cumple el un año del vencimiento de la mayor mentira que el gobierno anterior jamás haya dicho al sector financiero. La semana que viene, el nuevo gobierno comenzará a emendar los problemas que esta mentira causó a la economía argentina.
Un saludo, Sebastián
“La RUFO” (Rights Upon Future Offerrings) fue el motivo por el cual la República Argentina entró en default en junio de 2014 al no pagar a sus acreedores US$ 1.330 millones en concepto de pagos atrasados por bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Para entender mejor el significado de esta cláusula, hay que remontarse a la reestructuración de la deuda soberana que Argentina llevó a cabo en el año 2005 y posteriormente en 2010. Es ambas ocasiones, nuestro país ofreció a sus acreedores un canje de bonos nuevos por bonos “defaulteados” para poder así reestructurar exitosamente US$ 90.000 millones de deuda externa.
El 92,7% de los bonistas aceptaron los términos y condiciones ofrecidos por nuestro país, culminado así un largo y doloroso período económico que había comenzado con la crisis de 2001.
Estos términos y condiciones incluían una cláusula que fue añadida a los contratos para proteger al 92,7% de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ante los avances de un pequeño y desconocido grupo de acreedores que optaron por no aceptar los canjes.
La RUFO obligaba a la República Argentina a compensar al 92,7% si el país en algún momento antes del 31 de diciembre de 2014, ofrecía mejores términos y condiciones al 7% que no aceptó los canjes de deuda.
Este 7% es conocido actualmente como los“holdouts”.
En 2012, el Juez Federal Thomas Griesa falló a favor de este grupo obligando a nuestro país a compensar a los holdouts bajo mejores condiciones que las ofrecidas al 92,7%. Dos años más tarde, tras un largo recorrido por las cortes norteamericanas, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos quien optó por no tratar el caso argentino, confirmando así el fallo del juez Griesa.
El gobierno de la administración Kirchner, utilizó la cláusula RUFO como pretexto para no pagar a este grupo de acreedores, también conocidos como “buitres”, diciendo que, si el país negociaba y pagaba al 7% lo que el Juez Griesa decía, el 92,7% pediría la activación de la cláusula, generando así nuevas demandas por US$ 500.000 millones.
Todo mentira.
El 1 de enero de 2015, con la RUFO ya vencida, el mundo financiero esperaba ansiosamente que Argentina se sentara con sus acreedores para pagarles y así salir del default. Pero muchos nunca creímos que esto era cierto ya que el 92,7% no teñía intenciones de aplicar la cláusula y solo deseaba que nuestro país normalizara su situación ante los mercados de capitales internacionales.
Desde junio de 2014, tras el fallo de la Corte Suprema, el ex ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, en reiteradas ocasiones hizo referencia a la RUFO para justificar el default argentina en defensa de los intereses del país.
Hoy, sabemos que esta mentira nos ha costado cerca de US$ 10.000 millones adicionales y el actual gobierno pronto deberá negociar con los holdouts un programa de pagos para finalmente salir del default.
Esta semana se cumple el un año del vencimiento de la mayor mentira que el gobierno anterior jamás haya dicho al sector financiero. La semana que viene, el nuevo gobierno comenzará a emendar los problemas que esta mentira causó a la economía argentina.
Un saludo, Sebastián
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