Una justicia degradada y cuestionada hasta por la iglesia, afronta denuncias de gravedad institucional
Una justicia provincial severamente erosionada en su
credibilidad y muy cuestionada por la falta de independencia de varios
de sus miembros, luego de recibir una durísima embestida del Obispado de
Formosa insistiendo en recusar a todos los jueces asociados al Colegio
de Magistrados, por ser "todos cómplices del delito de malversación de
caudales públicos, todos carentes de elementales principios de "decoro,
ética y delicadeza" y todos sospechados de manifiesta parcialidad
comprada con dadivas pagada con fondos públicos", deberá afrontar -de
ahora en más- la no menos grave denuncia de varios medios periodísticos,
contra la ilegal censura dispuesta por una sicaria judicial, que
manejada por el grupo de tareas de la fiscal de estado Estella Zabala de
Copes, trabaja incondicionalmente para Gildo Insfrán.
COLL TAMBIEN CUESTIONO LA COIMA AL COLEGIO DE MAGISTRADOS
El Doctor Ariel Gustavo Coll, no solo solicitó -en esta oportunidad- que no vengan a mariconear a la justicia con "politiquería barata", sino que en forma ejemplar renunció al Colegió de Magistrados, cuando el Obispado de Formosa los recuso a todos los integrantes de la justicia, por solicitar y recibir dádivas económicas del gobierno de Gildo Insfrán, ya que la claudicante y antiética actitud de los jueces revisten "gravedad institucional y pueden afectar su independencia e imparcialidad?.
En su oportunidad el entonces integrante de la Cámara Civil Dr. José Luis Pignocchi también cuestionó y trató de "deshonesto" la iniciativa de los jueces encabezados por las doctoras Vanessa Boonman y Estela Zabala de Copes, perteneciente al staff de "Narcasito" Cabrera, donde bajo el título de "La mujer del César" en una solicitada textualmente dijo "esto significa nada más y nada menos que el Estado Provincial, uno de nuestros litigantes cotidianos, a quien juzgamos y condenamos o absolvemos en la práctica diaria de nuestra labor, invertiría en una sede social para nosotros, jueces y funcionarios, nada menos que un millón y pico de su presupuesto". "En el juego de pedir y dar se olvidaron de un pequeño detalle, el art. 5ª del Código de Ética que regula nuestra función nos prohíbe a los jueces, y por ende a nuestro colectivo que resulta ser nuestro Colegio de Magistrados y Funcionarios, aceptar regalos, presentes o donaciones de cualquiera que resulte litigante, lo que se extiende a quienes son nuestros familiares".
"La mujer del Cesar no sólo debía parecer honesta, sino demostrarlo", por ello aceptar plata del gobierno sería deshonesto e incumplir e incumplir con una norma ética básica; la consecuencia inexorable: no seríamos éticos ya la consideración de la opinión pública, ni siquiera lo pareceríamos".
En tal sentido el Dr Velazquez Ibarra no dudo en sentenciar que tan lapidarias e ilevantables afirmaciones ahorran mayores comentarios, a excepción del aspecto penal del caso que continúa impune, al igual que tantos otros crímenes perpetrados o amparados por el poder político, con la colaboración de jueces y juezas (domesticados) y corruptos. Ahora es el turno del STJ para resolver las recusaciones presentada por el Obispado de Formosa y la demandas de los medios que también pronto llegará al máximo tribunal.
APELACIÓN A LA INCONSTITUCIONAL CENSURA
Luego de una semana en que una magistrada por orden del Gobernador Gildo Insfrán, librara una medida cautelar mal notificada, censurando inconstitucionalmente a varios medios, sin que hasta la fecha los abogados pudieran acceder a los fundamentos en los que se basó para violar las constituciones nacional y provincial, la Ley de Medios y los tratados internacionales, los letrados locales apelaron la medida y a través de varias Cartas Documentos lo denunciaron a distintos organismos del Estado Nacional.
La disparatada e irracional medida cautelar, mal notificada ya que en un grosero error de procedimiento sólo se notificó la parte resolutiva, y en el caso de página web La Corneta la enviaron a cualquier parte, menos a quién corresponde, fue denunciada por los apoderados de Radio Fantasía, el Diario Opinión Ciudadana y el programa de Gabriel Hernández, que enviaron varias cartas documentos al Ministerio del Interior, al Congreso de la Nación, al Defensor del Pueblo de Nación y al AFSCA, imponiéndolos de la escandalosa conculcación de derechos y garantías constitucionales en la provincia, la censura de varios medios independientes y la severa lesión que sufriera el sistema republicano en Formosa. "Sin libertad de prensa no hay democracia", resaltaron.
Luego de la apelación y notificación a los organismos nacionales, los abogados y periodistas esperan conocer el contenido de la demanda de Gildo Insfrán para desembarcar con sus denuncias en la capital federal y en los foros internacionales.
"Hasta hoy no sabemos de qué se trata, solo que es un gran disparate, una burrada monumental que -seguramente- terminará con otro, nuevo y reiterado papelón internacional del gobierno y en un juicio por prevaricato a la obediente magistrada pupila de la Zabala de Copes".
TEXTO DE LA CARTA DOCUMENTO
Adviértase la gravedad de estas medidas: el titular del Poder Ejecutivo pide y una Jueza inmediatamente concede una medida cautelar que impone CENSURA PREVIA a varios medios de comunicación independientes, obligándolos a abstenerse de informar noticias y prohibiéndoles incluso difundir comentarios, impidiendo que los oyentes de un programa de radio puedan expresar sus opiniones a través del "micrófono abierto" de la emisora.
La prohibición de la censura previa es la esencia misma de la libertad de expresión. Ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ?la censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al régimen que garantiza el art. 13 de la Convención?. No se puede ordenar ni siquiera con carácter preventivo o cautelar.
Ha dicho el Superior Tribunal de Justicia de Formosa que en el caso de que una información publicada fuera errónea o lesiva al honor de alguien, esta persona puede ejercer los derechos que la legislación le confiere en su resguardo, "pero en modo alguno puede consentirse el avance sobre una de las garantías más preciadas para el ejercicio de la libertad de prensa", Resolución Nº 104/05 de fecha 23 de junio de 2005. Hoy se está permitiendo un peligroso avance sobre el ejercicio de la libertad de expresión, y quienes lo cometen son el Gobernador de la Provincia y una magistrada de la propia Justicia provincial.
Se ha dicho que la libertad de expresión no se defiende para otorgar mayores derechos a los medios de prensa o una mayor protección para los periodistas, sino para todos los habitantes de nuestro país que quieran tomar la voz pública.
En Formosa, esa VOZ PÚBLICA está siendo CENSURADA porque al Gobierno le molestan los pocos "micrófonos abiertos" que quedan en la Provincia.
La nueva Ley de Medios 26.522, en su art. 3º fija como sus objetivos la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos. Por ello, reclamamos que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopte medidas urgentes para GARANTIZAR el ejercicio de la Libertad de Expresión en nuestra provincia, que es requisito indispensable para la existencia misma del sistema democrático, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. NO HAY DEMOCRACIA SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Fuente: Diario Opinión Ciudadana
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