La corrupción como terrorismo de Estado
Por Jorge Héctor Santos (*)
Si el terrorismo de Estado, mata; y la corrupción también. No lleva a pensar que más allá de las formas, las consecuencias son las mismas…Si es así, una manera de defender los DDHH de 40 millones de argentinos, frente a tanto robo de los dineros públicos, no sería considerar estos hechos como delitos de lesa humanidad.
Habrá algún político que se atreva a proponer considerar la sanción de la corrupción como un delito de lesa humanidad…
Si el terrorismo de Estado, mata; y la corrupción también. No lleva a pensar que más allá de las formas, las consecuencias son las mismas…Si es así, una manera de defender los DDHH de 40 millones de argentinos, frente a tanto robo de los dineros públicos, no sería considerar estos hechos como delitos de lesa humanidad.
Nuestro país ha sufrido el terrorismo de Estado.
Cabe precisar que el Estado es propiedad de todos los ciudadanos que aportan sus dineros a través de impuestos para sostenerlo.
Con esos
impuestos se pagan los sueldos que van desde el presidente de Nación,
pasando por ministros, diputados, senadores, empleados del Estado; con
los mismos se deben realizar las obras de infraestructura necesarias,
financiar la educación pública, la salud pública, la seguridad, las
rutas, caminos, transporte público, empresas oficiales; etc., etc.
Dicho de
otra forma ese dinero que los ciudadanos aportan al Estado, que es
administrado por el gobierno electo, debe ser muy bien cuidado para que
regrese al ciudadano en obras y servicios que le aseguren calidad de
vida; desarrollo social y cultural.
El terrorismo de Estado, fue cometido en el pasado más distante, bajo el fascismo y el comunismo.
Más tarde
esta práctica de terror desde el poder se expandió bajo regímenes
militares o militarizados en el seno de democracias formales.
Estos regímenes totalitarios se caracterizaban por:
El monopolio de los medios de comunicación o la censura o censura previa;
La imposición de una ideología compacta, sólida.
Un cuerpo de policía secreta.
Campos de concentración para disciplinar o matar al enemigo y detractor.
Encarcelar o asesinar a los líderes enemigos.
Utilizar métodos ilegales para enfrentar a los adversarios, dentro o fuera del país.
Usar el hostigamiento ilegal, el secuestro, la desaparición, la tortura.
En resumen el terrorismo de Estado, mata.
La única reparación posible, es enjuiciar a sus ejecutores; caso contrario además de muerte habría impunidad.
Si la
conclusión es que el terrorismo de Estado es muerte; qué diferencia
existiría con la corrupción de Estado, que también mata.
Y, además,
si esta corrupción no llega a la justicia o aún llegando, no se sanciona
a los culpables, además de muerte habría impunidad.
La diferencia estaría en las formas, no en el fondo. Ambas matan; de diferentes maneras.
Una utiliza la tortura, las armas.
La otra, el
robo de dineros, por ejemplo el que debería estar destinado a hospitales
donde por falta de dinero mueren pacientes ante la ausencia de equipos
modernos e insumos básicos.
O el robo de
dinero que debería estar destinado a tener trenes que funcionen y
frenen; y, por el contrario, hacen desaparecer a enorme cantidad de
personas, destrozan familias y dejan lisiados.
O el robo de
dinero que debería destinarse a tener autopistas o rutas adecuadas para
el siglo XXI, y por su no realización deja muertes por doquier a
diario.
O el robo de
dineros que debería estar destinado a educación; y que por su no empleo
riega el país de chicos casi analfabetos que no tienen destino y caen
en vidas, la mayor parte ellas, frustradas y enlazadas con la droga y el
delito.
O el robo de
dinero que debería estar destinado a la seguridad, con policías bien
pagos y equipados, y que acumulan, todos los días, sin número de
inocentes muertos.
O el robo de
dinero que debería estar destinado a la realización de viviendas
sociales y son caldo de cultivo de negociados de todo tipo y color.
La lista de ejemplos resultaría infinita.
En
consecuencia, si a la corrupción se la caracterizara como terrorismo de
Estado, ¿los DDHH de 40 millones de argentinos estarían mejor
protegidos?
¿Habría organizaciones de DDHH que harían marchas todas las semanas para acabar con la impunidad de los corruptos?
¿Se atreverían los gobernantes corruptos a hablar de DDHH?
¿Habría menos corrupción?
¿Los jueces tendrían menor temor de llevar adelante investigaciones contra funcionarios públicos corruptos?
¿Los
gobernantes apurarían a la justicia para indagar a los culpables de las
muertes por corrupción, como lo hacen con los guerrilleros muertos?
¿Ud. que cree?
Habrá algún político que se atreva a proponer considerar la sanción de la corrupción como un delito de lesa humanidad…
¿Sobrevive
aún la decencia en algún rincón de la clase política argentina, como
para que algún integrante de ella, sin muchas vueltas, tome el tema, lo
proponga y prospere?
(*) Jorge Hector Santos. Contador Público, Asesor en medios de comunicación y periodista. Artículo publicado en Urgente 24 el 14 de Febrero de 2013
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