El debate político suscitado en las negociaciones para terminar el conflicto con los “fondos buitres” está signado por posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar mecanismos que incentiven la repatriación de capitales. El Gobierno llegó a un acuerdo para cancelar la deuda pública argentina en default con sentencia adversa en los tribunales de Nueva York. Asimismo, hizo público el ofrecimiento de aplicar similares condiciones al resto de la deuda pública en default. Para instrumentar la cancelación se necesita una expresa habilitación del Congreso nacional y la autorización para emitir nuevos títulos.
El tema genera intensa polémica. Las posturas más radicalizadas advierten sobre las negativas consecuencias de lo que entienden como un abrupto cambio de rumbo respecto a las estrategias aplicadas por el gobierno anterior de desendeudamiento y soberanía nacional. Según esta interpretación el arreglo con los fondos “buitres” y el resto de la deuda en default es un sometimiento con impactos adversos para el desarrollo del país.
Más allá de que similares argumentaciones son aplicables a cancelaciones de deuda realizadas por la anterior gestión (FMI, Club de Paris, REPSOL), resulta pertinente evaluar con objetividad la administración del endeudamiento. En este sentido, información publicada por la CEPAL sobre deuda pública de los gobiernos centrales señala que:
Brasil es el país con la deuda pública más alta de la región con el 66% del PBI.
Le sigue Argentina con el 46% del PBI de los cuales algo más de 2 puntos del PBI corresponde a la deuda pública en default.
En Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Chile los niveles de endeudamiento público oscilan entre el 15% y el 30% del PBI.
Estos datos muestran que la Argentina está lejos de ser un país con bajo endeudamiento público. A pesar del aislamiento financiero internacional y de la declamada política de desendeudamiento, la Argentina es el segundo país de la región con mayor deuda pública. Resulta paradójico que países con acceso mucho más fluido a los mercados de crédito (reflejado en tasas de intereses equivalentes en algunos casos a menos de la mitad de las que paga la Argentina) tengan niveles de endeudamiento mucho más bajos.
La diferencia con otros países de la región tiene poco de ideológico y mucho de falta de profesionalismo y apego a posicionamientos atávicos. Prueba de ello es que gobiernos con posiciones políticas muy diferentes –Ecuador y Bolivia, por un lado; Perú y Chile, por el otro– han aprovechado más inteligentemente las favorables condiciones de los mercados financieros internacionales. En Argentina, por una mezcla de incompetencia, desidia y falso concepto de soberanía, se renegó del acceso al crédito genuino llevando a forzar el financiamiento del Tesoro con el Banco Central, ANSES y PAMI. El resultado es inflación, insolvencia previsional y jubilados sin prestaciones médicas.
La acumulación de errores de política ha generado una enorme necesidad de financiamiento. Entre los componentes más importantes está la emisión de nueva deuda para pagar la que está en default, los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública restante, el déficit fiscal y las inversiones postergadas en infraestructura. A esto hay que agregar las necesidades de las empresas privadas que también sufren el aislamiento. Dado que es muy optimista suponer que se podrá acceder a préstamos para todos estos requerimientos a costos razonables, sería muy recomendable que el debate político no se centre tanto en los “buitres” sino en formular estrategias acompañantes.
Por un lado, hay que evaluar la alternativa de ampliar las fuentes de financiamiento con un blanqueo impositivo. Dado que los ahorros fugados en el pasado equivalen a casi un PBI, si parte de estos capitales vuelvan al circuito formal argentino se alivianaría la demanda de créditos internacionales, ayudando a acceder a créditos de menor costo como los países vecinos. Por el otro, tomar los recaudos para que el acceso al crédito no sea usado para mantener derroches y déficits fiscales insostenibles. Esto implica asumir en los tres niveles de gobierno que quien cercena las posibilidades de crecimiento no son los “buitres” sino la falta de profesionalización del sector público argentino.
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