El martes por la tarde, los medios de comunicación se pelaban entre sí por mostrar la detención del empresario más amigo del poder kirchnerista: el contador y constructor Lázaro Báez. Lo mismo sucedía en las redes sociales, donde nadie quería quedarse al margen de los comentarios suscitados por la estridente noticia.
Efectivamente, el juez federal Sebastián Casanello ordenó detener a Báez en el marco de la causa en su contra por lavado de activos por alrededor de USD 5,1 millones. Los motivos de la detención son el miedo del juez a que el sospechoso se fugue del país.
Días antes, otro juez federal, Julián Ercolini, había ordenado la detención de Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte, a quien se acusa de enriquecerse de manera ilícita con la compra de trenes a España y Portugal.
La algarabía es notoria. Tanto los medios como la opinión pública parecen regodearse de que por fin comience a condenarse la “Corrupción K”.
En esta nota, sin embargo, voy a cuestionar esta sensación de triunfo generalizado.
Después de todo, las causas profundas que originan la corrupción siguen intactas.
Lo primero que llama poderosamente la atención es cómo la justicia, que por años permaneció dormida, a 100 días de comenzado un nuevo gobierno empieza a acelerar las causas de este tipo. Si la justicia es independiente como debería, el cambio de administradores en el poder ejecutivo no tendría que influir en sus sentencias ni en la velocidad de sus procedimientos.
Así, si la nueva rapidez responde al giro político, entonces no habla bien del poder judicial, sino todo lo contrario.
Al margen de esto, lo relevante del caso es que aún cuando Lázaro Báez, Ricardo Jaime y tantos otros funcionarios sospechados de corrupción puedan terminar condenados, lo cierto es que eso no contribuirá a que el verdadero origen de la corrupción desaparezca.
Si analizamos cada uno de los casos, vemos que la corrupción es un subproducto de la intervención estatal y el tamaño del gasto público. Lázaro Báez es sospechado por el intento de blanquear el dinero que habría cobrado de los sobreprecios en los contratos de obra pública. Por su parte, Jaime recibió dinero que el estado tenía que destinar a la compra de trenes.
“Comisiones”, que le llaman.
Ahora la pregunta no es cómo puede ser que haya empresarios que cobren comisiones oscuras, sino cómo no va a suceder esto en un país cuyo gasto público se disparó de una manera fenomenal.
Como explica el profesor de la Universidad de Chicago, Luigi Zingales:
“Cuanto más grande sea el gobierno, mayor será el pastel para repartirse y mayores serán los incentivos de las empresas para obtener una parte de ese pastel. En 1900, el gasto federal (en Estados Unidos) no destinado a la defensa representaba solamente el 1,8% del PBI, mientras que el gasto en defensa ascendía al 1%. En el año 2005, el gasto público no destinado a defensa representó el 16% del PBI y el gasto en defensa el 4%. En el período de un siglo, la tajada del gobierno sobre la producción se multiplicó por 7”.
El dato para nuestro país es todavía más alarmante. En el año 2003 el gasto público ascendía al 20,6% del PBI, mientras que en 2015 fue del 40,3%. En solo 12 años se multiplicaron por 2 las erogaciones estatales, lo que incrementó sideralmente el “pastel” para que políticos y amigos del poder se repartan.
Mirando los números de la obra pública arribamos a que en 2015 se gastaron nada menos que casi $ 195.000 millones con ese fin. Es decir que cualquier empresa que recibiera aunque sea el 1% de ese total podría hacerse de $ 162 millones de facturación mensual.
¿A quién extraña que, en este contexto, políticos y pseudoempresarios colaboren para saquear las arcas públicas?
El verdadero problema de la corrupción no son los Lázaro Báez. Ni siquiera lo son Cristina o Néstor Kirchner. El problema es el sistema que genera el caldo de cultivo para que la corrupción exista.
Una economía hiperregulada, con un gasto público enorme y creciente es el verdadero origen de la cuestión. Las regulaciones excesivas promueven las coimas como forma de evitarlas y “aceitar los trámites”. Por su parte, el gasto promueve la discrecionalidad y la capacidad de los funcionarios de beneficiar a los amigos del poder.
Le doy la bienvenida al accionar de la justicia siempre que se garanticen los procesos judiciales y se dicten sentencias de manera independiente. Pero advierto al mismo tiempo que hasta que no desmantelemos el sistema de hiperintervencionismo en el que vivimos, es poco lo que haremos para reducir los actos corruptos.
Lázaro Báez es apenas la punta del iceberg. Un saludo, Iván
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