La crispación por la reducción de los subsidios en Buenos Aires es otra evidencia del centralismo prevaleciente. Es incoherente hablar de “tarifazo” cuando en el interior del país el acceso a los servicios públicos es mucho más limitado y, cuando está disponible, desde hace años que se pagan tarifas mucho más cercanas a los costos reales. El esquema de ofrecer servicios públicos casi gratis a una parte de la población a costa del esfuerzo del resto es insustentable y muy injusto. Una de las herencias más pesadas que dejó el anterior gobierno es el enorme déficit fiscal. Al año 2015, el desequilibrio del sector público nacional ascendió a $226 mil millones que equivalen a 4% del Producto Bruto Interno (PBI). El déficit llega al 7% del PBI si no se contabilizan como ingresos las transferencias al Tesoro desde el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos. Esto obliga a una masiva emisión monetaria que es la principal causa de la muy alta inflación.
Bajar la inflación requiere disminuir este déficit. Como la presión impositiva está a nivel récord, no queda otro camino que reducir el gasto público. Dentro de las principales erogaciones del Estado se destacan los subsidios a la energía y al transporte público. A esta finalidad, en el año 2015 se asignaron $226 mil millones, es decir, el equivalente al déficit fiscal. Con el objetivo de reducir estos gastos, el gobierno aplicó actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, gas y, más recientemente, sobre las del transporte público.
Dentro de los subsidios al transporte, el 73% se canaliza a las empresas de colectivos urbanos de corta distancia. En relación a este componente, la información oficial publicada por el Ministerio de Transporte señala que para el año 2015:
El total de subsidios a ómnibus urbanos fue de unos $33 mil millones, o sea, un equivalente a $774 por habitante por año para todo el país.
En la Ciudad de Buenos Aires, los subsidios a los ómnibus urbanos ascendieron a $4.203 por habitante por año.
En el resto de las provincias, los subsidios a los ómnibus urbanos representaron $512 por habitante por año.
Estos datos muestran la fuerte concentración geográfica que prevalece en la distribución de los subsidios al transporte urbano. La Ciudad de Buenos Aires recibe 8 veces más subsidios por habitantes que el resto del país. Parte se explica por el flujo de personas que ingresan los días laborables a la Capital proveniente del Gran Buenos Aires. Pero una porción muy importante es el resultado de una política discriminatoria contra el interior. Prueba de ello es que, aún con la reducción de subsidios, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo inferior al que prevalece en el interior.
La discriminación se replica en el resto de los servicios públicos. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se pagaba apenas el 18% del costo de la electricidad cuando en la mayor parte del resto del país hace años que las tarifas fueron actualizadas. En el caso del gas también operan privilegios para Buenos Aires ya que prácticamente toda su población dispone del servicio, mientras que en el interior las tasas de conexión varían entre el 63% en la región centro y menos del 50% en las provincias del norte. El caso más injusto es el de agua y cloacas. Mientras que el servicio se subsidia con impuestos nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior es masiva la carencia de conexión a red de agua y cloacas.
El “porteñismo” que prevalece en los análisis de política pública resulta irritante. Frente a la decisión de reducir (no eliminar) un mecanismo altamente distorsivo e injusto aparecieron reacciones de rechazo, incluso dentro de la misma coalición gobernante. ¿Por qué la actualización de tarifas en Capital es cuestionable pero no merecen comentarios los costos y la falta de servicios en el resto del país? Sólo por ignorancia o por desprecio a los habitantes del interior se puede sostener semejante contradicción.
La experiencia de la última década con los subsidios demuestra los daños que producen el manejo oportunista y poco profesional del Estado. También lo difícil que resulta volver a esquemas sustentables y equitativos cuando se enquistan los privilegios y la irracionalidad. Mientras se asume con una actitud mansa el pago de seguridad privada, prepagas y colegios privados ante el abandono del Estado de sus responsabilidades básicas en materia de seguridad, educación y salud, se considera un derecho que los servicios de agua, electricidad, gas, trenes y ómnibus sean casi gratis para una parte de la población.
Publicado en IDESA - www.idesa.org - enviada por mail
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