Las elecciones en Brasil serán más democráticas a partir de ahora, sin la influencia del poder económico, que se había vuelto decisiva y corruptora. Un fallo del Supremo Tribunal Federal (SFT) del 17 de este mes prohíbe, por inconstitucionales, las donaciones de las compañías a campañas electorales.
La decisión, adoptada por ocho votos a tres, responde a una acción de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) contra las leyes que autorizaban y reglamentaban tales donaciones.
Esas normas violan el principio democrático, espina dorsal de la Constitución de 1988, que establece la igualdad política de los ciudadanos, con cada voto valiendo exactamente igual que los demás, argumentó la OAB en su Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI).
El financiamiento empresarial también contradice el principio republicano del primer artículo de la Constitución, que destaca que los representantes elegidos por el pueblo hacen la gestión de la res pública, perteneciente a toda la colectividad y exigiendo separación entre el espacio público y el privado, según la acción acogida por el STF como guardián constitucional.
Las contribuciones de empresas transfieren al campo político la desigualdad característica de la esfera económica, negando la democracia y tendiendo a formar una plutocracia, el gobierno de los ricos, arguyó la OAB, basándose en varios estudios académicos.
El sistema electoral con dinero de empresas conduce a la captura del poder político por el económico, al convertir los candidatos financiados en “deudores” instados a defender “los intereses económicos de sus donadores en la elaboración legislativa, en la confección y ejecución del presupuesto, en la regulación administrativa, licitaciones y contratos públicos”, detalló.
En esa relación promiscua entre el capital y el medio político entran, además ventajas ilícitas, es decir la corrupción, cuyos escándalos, en el área política tienen casi siempre algún vínculo con el financiamiento de campañas electorales.
El gran escándalo actual, que presionó decididamente el fallo del STF, involucra negocios de decenas de miles de millones de la compañía petrolera estatal Petrobras, de donde empresarios y político desviaron por lo menos 6.000 millones de dólares, según estimaciones superficiales.
Más de 30 políticos son acusados de recibir sobornos de grandes empresas que buscaban conquistar contratos, parte del dinero habría financiado candidatos y partidos en las elecciones.
La abolición de las donaciones empresariales traerá también como consecuencia la reducción del desequilibrio de género en la política, evaluó a IPS la socióloga Clara Araujo, investigadora de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).
Las candidatas femeninas reciben pocos recursos electorales de los partidos, pero le fueron destinadas proporciones mayores de donaciones de personas físicas que de empresas, en proporción inversa a la de los hombres, destacó, basada en el estudio “Las mujeres en las elecciones de 2010”, de que es coautora y en datos de 2014.
Las desventajas financieras y en la propaganda, especialmente en la televisión, por discriminaciones partidarias mantienen a las mujeres brasileñas subrepresentadas en el parlamento, donde son solo 10 por ciento de la Cámara de Diputados y 13,6 por ciento del Senado, aunque supongan 52 por ciento del electorado.
“El fallo del Supremo Tribunal es una buena noticia en medio del caos de la crisis política que vive Brasil”, al reequilibrar un juego que les era muy desfavorable a las mujeres, opinó a IPS una de las directoras del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, Guacira de Oliveira.
Pero vino en un momento de muchas incertidumbres, en que la crisis tiende a golpear más a las corrientes progresistas, y no altera reglas que sostienen las desigualdades dentro de los partidos y entre ellos.
Los recursos públicos, como los del Fondo Partidario, y los tiempos en la red de radio y televisión para la propaganda elector al, seguirán beneficiando los grandes partidos, al ser distribuidos según el tamaño de la bancada de cada uno, se lamentó Oliveira.
Solo una reforma política profunda, como la propuesta por organizaciones de la sociedad civil, podría democratizar efectivamente el proceso electoral, pero el actual parlamento, dominado por conservadores no la aprobaría. Eso exige una Asamblea Constituyente que quizás se viabilice si se agrava la crisis.
De todos modos, sin el dinero empresarial, “las campañas sufrirán una fuerte reducción de recursos y por ende los candidatos y partidos tendrán que abaratar costos. Internet y redes sociales que ya tenían creciente participación en las elecciones se volverán mucho más importantes”, vaticinó Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la UERJ.
“Pero el capital buscará otros caminos para influir en la política”, matizó. “Se cerró la puerta legal de las donaciones y quedó más difícil la vía ilegal, después de los escándalos y el encarcelamiento e inhabilitación de muchos involucrados en corrupción, pero buscarán brechas en la ley”, recalcó en diálogo con IPS.
En primer plano Gilmar Mendes, uno de los tres magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil que votó contra la prohibición del financiamiento por las empresas de las campañas electorales. En abril de 2014 paralizó que este fallo se hiciera realidad al pedir más tiempo para examinar el asunto, lo que permitió que las elecciones presidenciales de ese año contasen con los multimillonarios fondos privados. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
Las campañas electorales se hicieron muy caras en Brasil en las dos últimas décadas, con el uso intenso de las técnicas de publicidad y comunicación masiva. Expertos en la actividad se convirtieron en guías imprescindibles y cada día más costosos. Algunos se convirtieron en celebridades y trascendieron fronteras.
Tras sus triunfos en Brasil, fueron contratados por decenas de millones de dólares para dirigir campañas en otros países latinoamericanos y africanos.
Equipos numerosos con variados especialistas en aprovechar todos los recursos de la publicidad y los medios masivos de comunicación transformaron las contiendas electorales brasileñas en una guerra mediática entre ejércitos bien remunerados, siguiendo un modelo estadounidense. Encuestas cualitativas casi permanentes orientaban discursos, consignas y presentaciones televisivas.
Ahora habrá que volver a lo más sencillo, al discurso personal, relaciones públicas directas, movilizaciones callejeras y convocación de voluntarios, razonó Lattman-Weltman.
Sin recursos para producir y difundir sus sofisticados servicios de publicidad, “los candidatos tratarán de seducir los medios periodísticos, buscando hacerlos más tendenciosos y partidarizados”, como en Estados Unidos, señaló sobre un peligro colateral del nuevo escenario.
Generar nuevos hechos políticos y creatividad en la campaña también serán factores importantes, acotó.
Sin los recursos millonarios de las empresas, el juego será menos desigual, pero quienes disponen ya de algún poder y son conocidos de la población, como gobernantes y parlamentarios llevan una buena ventaja sobre las nuevas candidaturas, observó Oliveira.
Es una desventaja de las mujeres en general, que empezaron a disputar elecciones más recientemente y son muy pocas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque una mujer, Dilma Rousseff, sea la presidenta de este país de 202 millones de personas desde 2011.
Celebridades como presentadores y actores de televisión, futbolistas, junto con sindicalistas y líderes sociales serán probablemente más buscados por los partidos.
Las próximas elecciones, para escoger alcaldes y concejales de los 5.570 municipios brasileños, será una prueba de cómo funcionará el proceso electoral sin los recursos legales e ilegales de los grandes patrocinadores, especialmente en las grandes capitales como São Paulo y Río de Janeiro, con muchos millones de electores.
Los datos del Tribunal Superior Electoral de 2010 y 2014, cuando hubo elecciones presidenciales, estaduales y para el Congreso legislativo, apuntan ”una fuerte relación entre la mayor cantidad de gastos y el triunfo electoral”, realzó Araujo.
De esa forma, sin tener derecho a voto, las empresas se habían convertido en factor decisivo en las elecciones. En otras palabras, “el gran elector era el dinero” según Claudio Weber Abramo, director de Transparencia Brasil, en expresión aprovechada por la OAB en su exitosa acción que llevó al Supremo Tribunal a poner fin a las elecciones dominadas por las finanzas.
La decisión, adoptada por ocho votos a tres, responde a una acción de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) contra las leyes que autorizaban y reglamentaban tales donaciones.
Esas normas violan el principio democrático, espina dorsal de la Constitución de 1988, que establece la igualdad política de los ciudadanos, con cada voto valiendo exactamente igual que los demás, argumentó la OAB en su Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI).
El financiamiento empresarial también contradice el principio republicano del primer artículo de la Constitución, que destaca que los representantes elegidos por el pueblo hacen la gestión de la res pública, perteneciente a toda la colectividad y exigiendo separación entre el espacio público y el privado, según la acción acogida por el STF como guardián constitucional.
Las contribuciones de empresas transfieren al campo político la desigualdad característica de la esfera económica, negando la democracia y tendiendo a formar una plutocracia, el gobierno de los ricos, arguyó la OAB, basándose en varios estudios académicos.
El sistema electoral con dinero de empresas conduce a la captura del poder político por el económico, al convertir los candidatos financiados en “deudores” instados a defender “los intereses económicos de sus donadores en la elaboración legislativa, en la confección y ejecución del presupuesto, en la regulación administrativa, licitaciones y contratos públicos”, detalló.
En esa relación promiscua entre el capital y el medio político entran, además ventajas ilícitas, es decir la corrupción, cuyos escándalos, en el área política tienen casi siempre algún vínculo con el financiamiento de campañas electorales.
El gran escándalo actual, que presionó decididamente el fallo del STF, involucra negocios de decenas de miles de millones de la compañía petrolera estatal Petrobras, de donde empresarios y político desviaron por lo menos 6.000 millones de dólares, según estimaciones superficiales.
Más de 30 políticos son acusados de recibir sobornos de grandes empresas que buscaban conquistar contratos, parte del dinero habría financiado candidatos y partidos en las elecciones.
La abolición de las donaciones empresariales traerá también como consecuencia la reducción del desequilibrio de género en la política, evaluó a IPS la socióloga Clara Araujo, investigadora de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).
Las candidatas femeninas reciben pocos recursos electorales de los partidos, pero le fueron destinadas proporciones mayores de donaciones de personas físicas que de empresas, en proporción inversa a la de los hombres, destacó, basada en el estudio “Las mujeres en las elecciones de 2010”, de que es coautora y en datos de 2014.
Las desventajas financieras y en la propaganda, especialmente en la televisión, por discriminaciones partidarias mantienen a las mujeres brasileñas subrepresentadas en el parlamento, donde son solo 10 por ciento de la Cámara de Diputados y 13,6 por ciento del Senado, aunque supongan 52 por ciento del electorado.
“El fallo del Supremo Tribunal es una buena noticia en medio del caos de la crisis política que vive Brasil”, al reequilibrar un juego que les era muy desfavorable a las mujeres, opinó a IPS una de las directoras del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, Guacira de Oliveira.
Pero vino en un momento de muchas incertidumbres, en que la crisis tiende a golpear más a las corrientes progresistas, y no altera reglas que sostienen las desigualdades dentro de los partidos y entre ellos.
Los recursos públicos, como los del Fondo Partidario, y los tiempos en la red de radio y televisión para la propaganda elector al, seguirán beneficiando los grandes partidos, al ser distribuidos según el tamaño de la bancada de cada uno, se lamentó Oliveira.
Solo una reforma política profunda, como la propuesta por organizaciones de la sociedad civil, podría democratizar efectivamente el proceso electoral, pero el actual parlamento, dominado por conservadores no la aprobaría. Eso exige una Asamblea Constituyente que quizás se viabilice si se agrava la crisis.
De todos modos, sin el dinero empresarial, “las campañas sufrirán una fuerte reducción de recursos y por ende los candidatos y partidos tendrán que abaratar costos. Internet y redes sociales que ya tenían creciente participación en las elecciones se volverán mucho más importantes”, vaticinó Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la UERJ.
“Pero el capital buscará otros caminos para influir en la política”, matizó. “Se cerró la puerta legal de las donaciones y quedó más difícil la vía ilegal, después de los escándalos y el encarcelamiento e inhabilitación de muchos involucrados en corrupción, pero buscarán brechas en la ley”, recalcó en diálogo con IPS.
En primer plano Gilmar Mendes, uno de los tres magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil que votó contra la prohibición del financiamiento por las empresas de las campañas electorales. En abril de 2014 paralizó que este fallo se hiciera realidad al pedir más tiempo para examinar el asunto, lo que permitió que las elecciones presidenciales de ese año contasen con los multimillonarios fondos privados. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
Las campañas electorales se hicieron muy caras en Brasil en las dos últimas décadas, con el uso intenso de las técnicas de publicidad y comunicación masiva. Expertos en la actividad se convirtieron en guías imprescindibles y cada día más costosos. Algunos se convirtieron en celebridades y trascendieron fronteras.
Tras sus triunfos en Brasil, fueron contratados por decenas de millones de dólares para dirigir campañas en otros países latinoamericanos y africanos.
Equipos numerosos con variados especialistas en aprovechar todos los recursos de la publicidad y los medios masivos de comunicación transformaron las contiendas electorales brasileñas en una guerra mediática entre ejércitos bien remunerados, siguiendo un modelo estadounidense. Encuestas cualitativas casi permanentes orientaban discursos, consignas y presentaciones televisivas.
Ahora habrá que volver a lo más sencillo, al discurso personal, relaciones públicas directas, movilizaciones callejeras y convocación de voluntarios, razonó Lattman-Weltman.
Sin recursos para producir y difundir sus sofisticados servicios de publicidad, “los candidatos tratarán de seducir los medios periodísticos, buscando hacerlos más tendenciosos y partidarizados”, como en Estados Unidos, señaló sobre un peligro colateral del nuevo escenario.
Generar nuevos hechos políticos y creatividad en la campaña también serán factores importantes, acotó.
Sin los recursos millonarios de las empresas, el juego será menos desigual, pero quienes disponen ya de algún poder y son conocidos de la población, como gobernantes y parlamentarios llevan una buena ventaja sobre las nuevas candidaturas, observó Oliveira.
Es una desventaja de las mujeres en general, que empezaron a disputar elecciones más recientemente y son muy pocas en los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque una mujer, Dilma Rousseff, sea la presidenta de este país de 202 millones de personas desde 2011.
Celebridades como presentadores y actores de televisión, futbolistas, junto con sindicalistas y líderes sociales serán probablemente más buscados por los partidos.
Las próximas elecciones, para escoger alcaldes y concejales de los 5.570 municipios brasileños, será una prueba de cómo funcionará el proceso electoral sin los recursos legales e ilegales de los grandes patrocinadores, especialmente en las grandes capitales como São Paulo y Río de Janeiro, con muchos millones de electores.
Los datos del Tribunal Superior Electoral de 2010 y 2014, cuando hubo elecciones presidenciales, estaduales y para el Congreso legislativo, apuntan ”una fuerte relación entre la mayor cantidad de gastos y el triunfo electoral”, realzó Araujo.
De esa forma, sin tener derecho a voto, las empresas se habían convertido en factor decisivo en las elecciones. En otras palabras, “el gran elector era el dinero” según Claudio Weber Abramo, director de Transparencia Brasil, en expresión aprovechada por la OAB en su exitosa acción que llevó al Supremo Tribunal a poner fin a las elecciones dominadas por las finanzas.
http://www.ipsnoticias.net/2015/09/revolucion-electoral-en-brasil-busca-neutralizar-poder-economico/
No hay comentarios:
Publicar un comentario