Como si se tratara de la varita mágica que usan los magos, el Ministro Kicillof defendió la política de subsidios ya que sostiene que es “antiinflacionaria, genera actividad y reduce la pobreza”.
La afirmación es cuanto menos curiosa. Por un lado, porque si fuera así, lo único que deberían hacer todos los gobiernos del mundo sería dedicarse a subsidiar la mayor cantidad de actividades posibles.
Por el otro, porque desde el año 2007, los subsidios económicos (aquéllos destinados a cubrir la diferencia entre lo que los consumidores pagan por la luz, el gas y el transporte y lo que las empresas proveedoras deberían cobrar para hacer rentable su negocio) crecieron a un ritmo del 60,4% anual promedio y pasaron de representar el 9,5% del gasto público a orillar el 20% el año pasado
Sin embargo, conjuntamente con este incremento, también se verificó, año tras año, la suba de los precios, del nivel de pobreza y el estancamiento de la actividad económica.
El ministro no está solo. Un reciente informe del centro de políticas públicas CIPPEC advierte que una rápida eliminación de los subsidios económicos, con el consecuente sinceramiento de las tarifas de servicios públicos, impactaría al alza en la inflación.
El informe del CIPPEC, sin embargo, entra en una contradicción. En las primeras páginas del mismo se puede leer que “el gasto en subsidios es financiado por transferencias del Banco Central al Tesoro, las cuales son, a su vez, la principal causa detrás de la inflación”.
Poco después, sin embargo, se afirma que un sinceramiento de tarifas que permita eliminar subsidios “...sumaría en lo inmediato un 4% a la inflación”.
La contradicción es evidente: ¿cómo puede ser que una política que es vista como la principal causa detrás de la inflación, al ser revertida, incremente la inflación?
El problema aparece porque se confunde el proceso inflacionario con las herramientas que se utilizan para intentar medir su magnitud.
En general, existe consenso entre los economistas acerca de que la inflación es el aumento generalizado de los precios o la pérdida continua del poder de compra de la moneda. También existe consenso respecto de que la causa de la inflación es el aumento excesivo de la cantidad de dinero en circulación.
En este marco, la política de subsidios es claramente inflacionaria. Como el gasto que se destina a este fin es financiado con la emisión monetaria del Banco Central, el poder adquisitivo de los pesos que tenemos en el bolsillo cae.
Por ello, resulta evidente que reducir los subsidios económicos, así como otros elementos del gasto público, son políticas antiinflacionarias y no lo contrario
Ahora bien, para medir la inflación, tanto el gobierno como las consultoras privadas toman una canasta de consumo de referencia, dentro de la cual no solo está el precio del pan y de la leche, sino también el de servicios básicos como energía, gas, transporte y agua.
Por este motivo, una suba en el precio de estos servicios impactará en el precio de toda la canasta, encareciendo el costo de vida al llevarlo a un nivel realista y acorde con una economía menos intervenida por el gobierno.
Claramente, en el corto plazo, podremos ver una suba del precio de esa canasta, pero dado que la caída del gasto reducirá el déficit fiscal, entonces también será menor la emisión monetaria y, finalmente, menor la inflación.
Los subsidios económicos no sirvieron para reducir la inflación y tampoco para dinamizar la actividad económica. Muy por el contrario, la emisión monetaria que se utiliza para financiarlos generó una de las inflaciones más altas del mundo, lo que dio lugar al cepo cambiario y al estancamiento económico, algo que el informe de CIPPEC reconoce expresamente.
Finalmente, es cierto que hay que preocuparse por los sectores menos vulnerables a la hora de decidir eliminar los subsidios, pero no debe dejarse de lado cómo afectan a esos mismos sectores el déficit fiscal, una inflación récord mundial y el cepo cambiario, tres factores que, combinados, están destruyendo la economía argentina.
Un saludo, Iván
DESDE INVERSOR GLOBAL
La afirmación es cuanto menos curiosa. Por un lado, porque si fuera así, lo único que deberían hacer todos los gobiernos del mundo sería dedicarse a subsidiar la mayor cantidad de actividades posibles.
Por el otro, porque desde el año 2007, los subsidios económicos (aquéllos destinados a cubrir la diferencia entre lo que los consumidores pagan por la luz, el gas y el transporte y lo que las empresas proveedoras deberían cobrar para hacer rentable su negocio) crecieron a un ritmo del 60,4% anual promedio y pasaron de representar el 9,5% del gasto público a orillar el 20% el año pasado
Sin embargo, conjuntamente con este incremento, también se verificó, año tras año, la suba de los precios, del nivel de pobreza y el estancamiento de la actividad económica.
El ministro no está solo. Un reciente informe del centro de políticas públicas CIPPEC advierte que una rápida eliminación de los subsidios económicos, con el consecuente sinceramiento de las tarifas de servicios públicos, impactaría al alza en la inflación.
El informe del CIPPEC, sin embargo, entra en una contradicción. En las primeras páginas del mismo se puede leer que “el gasto en subsidios es financiado por transferencias del Banco Central al Tesoro, las cuales son, a su vez, la principal causa detrás de la inflación”.
Poco después, sin embargo, se afirma que un sinceramiento de tarifas que permita eliminar subsidios “...sumaría en lo inmediato un 4% a la inflación”.
La contradicción es evidente: ¿cómo puede ser que una política que es vista como la principal causa detrás de la inflación, al ser revertida, incremente la inflación?
El problema aparece porque se confunde el proceso inflacionario con las herramientas que se utilizan para intentar medir su magnitud.
En general, existe consenso entre los economistas acerca de que la inflación es el aumento generalizado de los precios o la pérdida continua del poder de compra de la moneda. También existe consenso respecto de que la causa de la inflación es el aumento excesivo de la cantidad de dinero en circulación.
En este marco, la política de subsidios es claramente inflacionaria. Como el gasto que se destina a este fin es financiado con la emisión monetaria del Banco Central, el poder adquisitivo de los pesos que tenemos en el bolsillo cae.
Por ello, resulta evidente que reducir los subsidios económicos, así como otros elementos del gasto público, son políticas antiinflacionarias y no lo contrario
Ahora bien, para medir la inflación, tanto el gobierno como las consultoras privadas toman una canasta de consumo de referencia, dentro de la cual no solo está el precio del pan y de la leche, sino también el de servicios básicos como energía, gas, transporte y agua.
Por este motivo, una suba en el precio de estos servicios impactará en el precio de toda la canasta, encareciendo el costo de vida al llevarlo a un nivel realista y acorde con una economía menos intervenida por el gobierno.
Claramente, en el corto plazo, podremos ver una suba del precio de esa canasta, pero dado que la caída del gasto reducirá el déficit fiscal, entonces también será menor la emisión monetaria y, finalmente, menor la inflación.
Los subsidios económicos no sirvieron para reducir la inflación y tampoco para dinamizar la actividad económica. Muy por el contrario, la emisión monetaria que se utiliza para financiarlos generó una de las inflaciones más altas del mundo, lo que dio lugar al cepo cambiario y al estancamiento económico, algo que el informe de CIPPEC reconoce expresamente.
Finalmente, es cierto que hay que preocuparse por los sectores menos vulnerables a la hora de decidir eliminar los subsidios, pero no debe dejarse de lado cómo afectan a esos mismos sectores el déficit fiscal, una inflación récord mundial y el cepo cambiario, tres factores que, combinados, están destruyendo la economía argentina.
Un saludo, Iván
DESDE INVERSOR GLOBAL
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