Por Jomo Kwame Sundaram
Ocho años después del inicio de la crisis financiera y económica mundial, el desempleo aumentó afectando a más de 200 millones de personas en el mundo, y solo es una fracción de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad.
De hecho, más de cuatro quintas partes de la fuerza laboral está fuera del sector formal, casi sin acceso a beneficios sociales.
Cuando hay que sobrevivir sin protección social, el desempleo no es una opción para la mayoría de las personas pobres del mundo. En cambio, su destino probablemente se parezca más al de los trabajadores pobres o de bajos ingresos debido al subempleo, la baja productividad o las limitadas opciones de supervivencia.
Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, el número de personas en situación de extrema pobreza (con menos de 1,25 dólares al día) disminuyó de 1.930 millones, en 1981, a 1.910 millones, en 1990, y a 1.010 millones, en 2011, con una proyección para este año de 835,5 millones.
Con la ralentización de la economía global, en especial tras el colapso de los precios de las materias primas agrícolas desde fines de 2014, muchos analistas se preguntan si las proyecciones del Banco Mundial tienen sentido.
Es evidente que el crecimiento de la economía global, registrado en la media década previa a 2008, no generó los suficientes puestos de trabajo en cantidad ni calidad, catalizando un discurso del “crecimiento sin empleo”.
Brevemente, en 2009, los países ricos destinaron una cantidad significativa de recursos a salvar sus sistemas financieros, mejorar sus economías y fortalecer las redes de seguridad social. Pero solo unos pocos de ellos evitaron una excesiva austeridad fiscal. Al parecer, otros con consumidores mixtos emularon tarde las exitosas medidas monetarias expansivas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Condiciones de empleo
Más allá del número creciente de desempleados o subempleados, también se deterioran las condiciones de los empleados. El empleo informal y los contratos de corto plazo, que significan menos seguridad laboral y derechos para los trabajadores, se vuelven la norma para demasiadas personas.
La tercerización y la subcontratación también se hacen más comunes, generando mayor inseguridad laboral para los trabajadores, lo que se conoce como la “precariedad laboral”. El deterioro de las condiciones de empleo ocurre en muchos países, y en especial afecta a los trabajadores con menor formación y capacitación.
Las políticas nacionales destinadas a contrarrestar esas tendencias y a disminuir el desempleo tuvieron, en el mejor de los casos, un éxito limitado. En su deseo de permanecer o de volverse competitivos, los gobiernos y los empleadores tomaron muchas medidas para aumentar la flexibilidad del mercado laboral y aumentaron la inseguridad para la mayoría de los trabajadores.
Y esa flexibilidad laboral exacerbó la inseguridad económica y la desigualdad, socavando las perspectivas de un empleo decente.
Mientras, la proporción del empleo en el sector servicios respecto del empleo total global superó a la de la agricultura durante una década.
De hecho, hace décadas ya que el empleo en el mundo está cada vez más dominado por el sector servicios, en el que abundan los trabajos mal remunerados y precarios, sin cobertura social, lo que hace que los beneficios por desempleo hayan dejado de ser un derecho social para muchas personas en las naciones más ricas.
Trabajo decente para todos
Aunque esquivo para las personas más pobres, el objetivo de un trabajo decente para todos, fijado por la Organización Internacional del Trabajo en 1999, significa empleos productivos, gratificantes y seguros con protección social e ingresos justos para los empleados y sus familias.
Trabajo decente implica igualdad de oportunidades y tratamiento, y ofrece buenas perspectivas de desarrollo personal y de inclusión social. También asegura libertad para que las personas puedan expresar sus preocupaciones, organizar y participar en decisiones que afectan sus vidas.
Las estrategias para promover el empleo productivo y el trabajo decente deben atender las desigualdades en el ingreso, entre otras. También deben promover avances sociales y asegurar igual tratamiento para todos, con independencia de género, cultura, edad o nacionalidad, así como proteger los derechos de las personas con discapacidades.
Las políticas en ese sentido deben asegurarse de que las condiciones laborales mejoren de forma sostenida, en especial para las personas de menores ingresos y las que padecen condiciones de empleo inaceptables y peligrosas.
Los gobiernos deben emplear a las y los trabajadores necesarios para proveer servicios básicos, como la construcción de infraestructura y mantenimiento, así como servicios sociales, que esperan a las personas y que se necesitan para garantizar los recursos humanos para el desarrollo sostenible.
También se necesitan grandes incentivos para fomentar las inversiones privadas, mientras que un mejor marco normativo puede contribuir a mejorar las oportunidades de empleo.
La sociedad civil y el sector privado pueden desempeñar papeles vitales en la promoción de un trabajo decente para todos.
Los gobiernos y el sector privado deben redoblar esfuerzos para promover la responsabilidad social corporativa y ayudar a concretar el trabajo decente para todos. A través del pleno empleo y del trabajo decente, los beneficios de la recuperación económica y del crecimiento se podrán compartir mejor, tanto entre los países como dentro de cada uno.
Finalmente, las personas juzgarán los cambios por lo que estos les traigan a sus vidas.
El empleo seguro y decente seguramente encabeza la agenda personal de la mayoría de las personas, y también debe ser una prioridad nacional e internacional. El trabajo decente también es la forma más segura para que las personas escapen a la pobreza y, por lo tanto, debe ser una prioridad de todo esfuerzo serio para reducir el hambre y la pobreza de forma sostenida.
FUENTES: http://www.ipsnoticias.net/2015/11/trabajo-decente-contra-la-pobreza-y-el-hambre/
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