En una decisión tan justa como tardía la Corte Suprema falló a favor de las provincias en el reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Con esta decisión el deterioro de las cuentas públicas supera al del año 2001. Desde el punto de vista institucional emitir este fallo en la transición política es asimilable a la actitud de un grupo de diputados que sancionaron arteramente más de 90 leyes para entorpecer la gestión del próximo gobierno.La Corte Suprema de Justicia falló a favor de una petición para que se suspenda la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la ANSES. Las provincias inmediatamente beneficiadas son Córdoba, San Luis y Santa Fe. Pero desencadena el reclamo del resto de las provincias que sufren la misma detracción.
La retención del 15% de la masa coparticipable nace en el pacto fiscal de 1992 cuando, para financiar la severa crisis que sufría el sistema previsional, la Nación y las provincias deciden compartir el esfuerzo. El pacto se prorrogó en 1995, pero venció en diciembre de 2005. Sin mediar un nuevo acuerdo, el gobierno nacional decidió –a través de la ley de Presupuesto 2006– mantener esa apropiación. Como era previsible, la Corte consideró ilegal esta detracción disponiendo su inmediata suspensión y un plazo para que se devuelvan los fondos apropiados desde el 2006.
Para analizar el impacto económico de esta decisión, se puede apelar a los datos del Ministerio de Economía. En base a esta fuente oficial se estima que:
El flujo anual de la retención del 15% de la coparticipación que corresponde a las provincias asciende a $56 mil millones, que equivalen a 1,3% del PBI.
El monto total retenido desde el 2006 asciende a $400 mil millones a precios del 2015, equivalentes a 7,3%% del PBI.
Esto implica que el déficit fiscal pasará de 6,2% a 7,5% del PBI y que la deuda pública registrada del Estado nacional pasará de 43% a ser superior al 50% del PBI.
Estos datos alcanzan para dimensionar el deterioro que este fallo impone en la situación fiscal que heredará el nuevo gobierno. Se llega a un nivel de deuda pública similar al del 2001 y el déficit fiscal duplica al observado en ese mismo año. Esto, sin considerar los pasivos que no registra la contabilidad pública, entre los que se destacan los juicios previsionales, las deudas con proveedores del Estado en materia de energía y obra pública, los reclamos de las provincias que no transfirieron sus sistema previsionales y los acreedores externos que tras el fallo de Griesa dejaron de cobrar sus acreencias.
Más grave que el deterioro fiscal es la acumulación de hechos que señalan la profunda degradación institucional. Con razón, el fallo critica la inaceptable mora del sistema político en cumplir con el mandato constitucional de sancionar un nuevo régimen de coparticipación. Los problemas se potenciaron cuando, con impunidad, el gobierno nacional dispuso prorrogar a través de un artículo de la ley de presupuesto un pacto que requería la aprobación de todas las provincias. No menos cuestionable es el “olvido” de los legisladores que no derogaron la derivación del 15% de la masa coparticipable cuando eliminaron el régimen de capitalización y le permitieron a la ANSES recuperar los aportes personales de los trabajadores activos. Pero todos estos deslices institucionales fueron superados por el oportunismo de la Corte Suprema que espero muchos años para emitir el fallo cuando faltan días para la asunción de un nuevo presidente. En términos institucionales, esta actitud no es menos grave que la conducta artera de un grupo de diputados que sancionaron más de 90 leyes para perjudicar al gobierno entrante.
La pérdida del sentido ético en todos los poderes del Estado parece haber alcanzado un nivel terminal. Esto revaloriza la actitud de la gente que, a través del voto democrático, optó por un cambio. Subyace la esperanza de que se imponga una nueva etapa en la que se reedifique el valor de la política como un medio para lograr consensos, en un marco de respeto por las normas y los valores éticos.
Para ser coherente con esta voluntad popular, la adversidad que genera el fallo debería ser convertida en la oportunidad para iniciar una discusión seria en torno a un nuevo régimen de coparticipación. Es tan urgente como necesario establecer reglas de distribución de los impuestos de manera coherente con la distribución de funciones del régimen federal. Este debate debería comprender no sólo los impuestos nacionales sino también los impuestos provinciales a fin de construir un nuevo sistema impositivo mucho menos nocivo para la producción y más tolerable para la población.
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