“¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Llevamos dos meses atrapados aquí dentro! ¡Queremos salir!”. Los gritos de desesperación se escuchan a varios metros de distancia. Los detenidos agitan sus brazos desde las ventanas valladas con rejas. Esta la entrada del centro de deportación de Edirne, Turquía, donde ingresan los migrantes y refugiados detenidos en las cercanías de la frontera terrestre de Grecia. En su ruta ilegal hacia Europa, son aprehendidos por las autoridades griegas o turcas y trasladados hasta aquí mientras esperan la inminente deportación a sus países de origen.
Hoy, el lugar recibe una visita especial. Una delegación del Parlamento Europeo viene a comprobar las condiciones en las que son retenidos los migrantes y refugiados. Tras el cortés saludo con las autoridades de inmigración, los representantes del grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) entran en el recinto. En el primer pasillo de 'dormitorios', una mujer afgana cuenta que fue detenida, junto a sus dos hijos, hace dos días. El eurodiputao Josu Juaristi, de EH Bildu, se acerca a charlar con ella. “No estoy bien”, afirma Ayshah en el corrillo de la delegación, “me han quitado el teléfono y no puedo contactar con mi hermano. Nadie sabe que estoy aquí”. Los miembros de la representación preguntan, “¿por qué esta mujer no puede contactar con el exterior?”.
Otra de las eurodiputadas, Marina Albiol, de Izquierda Unida, insiste en visitar a más detenidos, como son denominados por el personal del centro. La seguridad interna toma fotografías, vídeos y graba las conversaciones que se producen entre los migrantes y el grupo parlamentario. Mientras, los visitantes son conducidos hasta un vacío comedor, para comprobar la calidad y amplitud de las instalaciones. Pero en una de las paredes, un cartel advierte que quien incumpla las normas (alterar el orden, dañar el mobiliario o agredir a otras personas) será castigado con la deportación “sin importar su país de origen”. Los europarlamentarios leen, asombrados, las amenazas contra los internos.
Imagen del centro de deportación de Edirne (Foto: Pilar Cebrián).
Un régimen carcelarioEste es uno de los centros de deportación más polémicos de Turquía, un país que cuenta con 18 puntos de este tipo en todo su territorio. Actualmente, el centro recluye a 396 personas. En una de las 'celdas', 12 pakistaníes relatan su periplo fallido hacia Europa, que detalla una sucesión de violaciones de los derechos humanos. Algunos de ellos fueron detenidos en las islas griegas ydeportados “sin la oportunidad de solicitar asilo en Grecia”. “En el ferry estuvimos 12 horas sin comer, sin agua, y nos tuvieron todo el trayecto maniatados”, asegura, exhausto, uno de ellos. Sostienen que las autoridades griegas les robaron sus pertenencias y que, tras pasar la frontera con Turquía, fueron trasladados hasta aquí. “Llevamos 2 meses encerrados”, afirman.
“Tenemos problemas para deportar a los afganos y pakistaníes porque estamos pendientes de un nuevo acuerdo con estos países”, dice el responsable del centro para explicar la saturación de migrantes y refugiados de esta nacionalidad, “porque nuestra intención es deportar al 100%”, concluye. En el siguiente cuarto, ocho marroquíes, algunos de ellos procedentes del Sáhara Occidental, explican angustiados que sólo tienen 15 minutos para salir al patio cada día. Además, añaden que ninguno de ellos ha podido solicitar protección internacional. Nadie les dio la opción cuando fueron detenidos en Serbia, en Macedonia y en Grecia; pero tampoco han podido pedir asilo desde que llegaron a Turquía.
Los testimonios recogidos en Edirne muestran prácticas más propias de una prisión que de un centro de deportación. Los teléfonos móviles son confiscados, las habitaciones están al límite de su capacidad con más de 10 personas, no hay acceso a la atención sanitaria, y los internos cuentan conpocos minutos de permiso fuera de los 'dormitorios'. Este procedimiento supone una violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Pero, sobre todo, se produce una infracción del más elemental: todos los entrevistados aseguraron no haber recibido la oportunidad de solicitar protección internacional en Turquía antes de ser devueltos a sus países de origen.
Interior del centro de deportación Pehlivanköy, en Kırklareli (Foto: Pilar Cebrián).
El régimen carcelario para los refugiados y solicitantes de asilo 'ilegales', entre los que hay niños y mujeres, está ocurriendo bajo el amparo de la UE. A 70 kilómetros de Edirne, se erige el deslumbrante centro de deportación Pehlivanköy, en Kırklareli. Un formidable compound de cinco plantas y varias naves financiado en un 85% con fondos de la UE. La presencia del dinero europeo es visible en los adhesivos que luce el mobiliario y las camas de los detenidos. Y es aquí donde fueron trasladados los refugiados y migrantes devueltos bajo el Acuerdo de Readmisión entre Turquía y la UE que se hizo efectivo el pasado 4 de abril. Y desde su apertura el 1 de abril, ni una sola organización ni ong ha tenido acceso al interior donde, actualmente, hay recluídas 416 personas, en su mayoría, de Pakistán y Afganistán.
En el interior de las nuevas instalaciones impera el silencio, que solo se interrumpe por las voces de quienes gritan desde las 'habitaciones' para llamar la atención del grupo visitante. “No entiendo por qué no tienen libertad para moverse por el edificio durante el día”, comenta Cornelia Ernst, del partido alemán Die Linke, al jefe de la institución. “Les damos entre 3 y 5 horas libres diarias”, le contesta. “¿Y tienen acceso a teléfonos?”, insiste Cornelia, “Hay teléfonos públicos en cada planta (previo pago)”, responde el responsable. Al parecer, las autoridades han decidido prohibir el uso de teléfonos móviles “por motivos de seguridad”, “porque hemos identificado a miembros de grupos armados”, afirman, “que pueden enviar las localizaciones”. “Pero no veo aceptable que estas personas no tengan acceso a sus teléfonos móviles”, expresa la europarlamentaria, “esto no es una prisión, ¿verdad?”.
Adhesivo en el mobiliario del centro de Kirklareli que indica la financiación de la UE (Foto: Jon Rodríguez).
Sin derecho a un abogadoLos migrantes y refugiados en “detención administrativa” tampoco tienen acceso a un abogado para apelar la orden de deportación. Según datos confirmados por UNHCR, varios refugiados que fueron devueltos de Grecia a Turquía bajo el nuevo Acuerdo de Readmisión, no tuvieron oportunidad de pedir asilo en Grecia. Así, se estaría violando un derecho fundamental. “Pero hemos ido a Kırklareli con los nombres de personas en esta situación y no nos han permitido el acceso”, afirma Karl Kopp, de la organización alemana Pro Asyl. En el centro responden que solo permiten que haya contacto con un letrado del colegio de abogados provincial. Como consecuencia, solo tres de los más de 400 internos han iniciado un proceso judicial.
Así fue devuelta a Turquía una familia iraní que espera, desde hace días, en el interior de una de las relucientes celdas de Kırklareli. Los operarios les han quitado los cordones de los zapatos para evitar un posible suicidio. El padre asegura que fueron engañados por los operarios del campo Vial en la isla griega de Quíos, “nos llamaron para bajar a comer y nos estaba esperando la policía”, explica el padre. Una vez en Kırklareli, Turquía, los trabajadores “me dijeron que si compartía mi caso me podría quedar aquí… pero me arrepiento… lo hice y ahora me van a deportar”. Este hombre kurdo, una minoría perseguida en Irán, teme que envíen su expediente a su país y haya represalias. “Todavía no sabemos cuándo nos van a deportar… quizá este viernes. Pero no tenemos dinero para pagarnos los billetes y nos han dicho que debemos afrontar nosotros los gastos de la deportación”.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-11/europa-turquia-refugiados-deportaciones-ue_1198002/
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