Edmund Burke, célebre irlandés del S. XVIII, acuñó por primera vez el término “cuarto poder” para referirse a la influencia que tendrían los Medios de Comunicación en el futuro de los países libres. Esa influencia podría redireccionar el pensamiento político de las masasreflejando masivamente las ideas del pueblo o creándolas.
El kirchnerismo optó por crear el “pensamiento popular”, ya que a través del intento de silenciar a medios opositores y los altísimos gastos destinados a propaganda dejaron en claro su voluntad de imponer un régimen de pensamiento único. En este sentido las partidas presupuestarias anuales superiores a los tres mil millones de pesos dirigidas a la publicidad oficial, las constantes agresiones a periodistas (en el año electoral del 2015 se contabilizaron 309), la creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y las horas de Cadena Nacional impuestas por la exmandataria son algunos de los tantos ejemplos que sintetizan la hegemonía del proyecto.
Si bien es cierto que existe cierto vaivén que permite a cada gobierno utilizar el aparato estatal para aplicar su modelo político-económico, lo real es que la era kirchnerista fue más allá de eso. El valor de la libertad nunca puede censurarse como medio para un fin a un fin político, ya que existe un alto riesgo de incurrir en prácticas dictatoriales.
Todos los gastos en propaganda que el pueblo Argentino tuvo que tolerar durante años influyeron más allá del desajuste económico que producía: las intervenciones en los medios, las pautas oficiales, el periodismo militante, los canales socios del Estado, es decir, todo el aparato propagandístico estaba destinado a encubrir la ola de corrupción que se vivía. Esta realidad se visualiza en todas las esferas estatales, ya que en cada sector se encuentran déficits que deben ser saneados y actos de corrupción previos que influyeron drásticamente a generar un vacío de recursos. Por ello hoy encontramos que hay casos como el de como el Intendente de Entre Ríos, Darío Benedetti, que debe devolver lo que los ex funcionarios acaudalaron ilícitamente.
Si bien es valorable que el PRO promueva la libertad periodística y que a su vez haya reducido enormemente el gasto público en materia de propaganda, aún debe enfrentar las circunstancias que dieron origen a tales prácticas corruptas. Si uno observa los recientes sucesos denunciados en torno a los casos de Lázaro Báez y Milagro Salas, los hechos acaecidos en el PAMI, los puestos políticos en FADEA y Aerolíneas Argentinas, encontramos que el factor común es el negociado que se establece entre el Estado y la Obra Pública.
Establecer una “nueva era” donde primen los valores republicanos, en especial la división de poderes y la transparencia del acto público, requiere más que la libertad periodística para denunciar los actos de corrupción. Implica la participación y control del sector privado en tales acontecimientos, donde la justicia pueda actuar libremente cuando se denuncie actos ilícitos de la función pública.
Con mayores libertades difícilmente se puedan volver a producir semejantes actos de corrupción donde los caudillos de cada provincia, a través de sus testaferros, tomaban el control de la obra pública. Para que el ciudadano tenga mayores prerrogativas al momento de controlar las contrataciones del Estado de ninguna manera podría contemplarse la restricción al periodismo.
Cuando el Estado monopoliza los servicios, impone el precio que desea ya que no hay patrón de medición que permita ver otra oferta que adquirir, y si a eso se le suma la intervención de los medios para divulgar una visión falaz y tendenciosa de la realidad, se termina por incurrir en un régimen populista donde los más carenciados votan por necesidad a quienes fomentan sus carencias.
La clave para entender la última década (donde sujetos como Lázaro Báez constituían empresas que vaciaban al Estado mientras Cristóbal López lo encubría), la dijo recientemente Mariana Zuvic: “Robar no es pensar distinto”. Siguiendo esta línea, las intervenciones a la prensa libre para tapar la corrupción de las Obras y Servicios Públicos no sólo no es un acto ideológico, sino que además son un acto de delincuencia.
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