El desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar “Caballo” Suárez, el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega, Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por inexistentes razones de salud.
Más allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos: las probables razones crematísticas de la concesión de este injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos ancianos que pueblan las cárceles del país.
La semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí, por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que fue relevado a su respecto.
Como siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME), Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los corruptos con los aviones!
Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel “Pata” Medina y Omar “Caballo Suárez”, amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro camionero tanto se parece.
Pero también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de “Sueños Compartidos” y la “Universidad de las Madres”.
El escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya deberían haber al menos prestado declaración indagatoria –una medida de defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra (Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje gatopardista y el nuevo poder protege a sus amigos y parientes.
Contribuye a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000 millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral. ¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar cuando era funcionario?
Margarita Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar –y tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.
Por último, entre los episodios raros de esta semana también merecen figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia, que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa continúe caratulada como “desaparición forzada”. ¿Será que pretenden sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar detalladamente sobre el tema?
Como se ve, en el área del Poder Judicial –Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.
¡Ojalá los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!
Bs.As., 6 Ene 18
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado - Enviado por su autor
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