La revisión al alza de las metas de inflación es un acto de sinceramiento pero también de resignación. El ritmo de gradualismo elegido para ordenar las cuentas públicas obliga a tolerar mayor inflación. Implica que los intereses de quienes se resisten a modernizar el Estado se imponen sobre las necesidades de los más débiles que seguirán pagando el desequilibrio fiscal con impuesto inflacionario.
El Gobierno decidió modificar la meta de inflación. Para el año 2018 había sido planteada originalmente entre el 8% y 12% anual modificándose con la revisión al 15%. Para el año 2019 la meta original era de entre 3,5% y 6,5% anual la cual se aumentó al 10%. El cambio implica aspirar a reducir la inflación con un ritmo mucho más lento. De esta manera, la Argentina seguirá soportando aumentos de precios muy por encima del observado en los países desarrollados e incluso en los países vecinos.
Una intensa polémica rodeó al cambio de las metas. En general, prevalecieron las opiniones de que es positivo el sinceramiento y que el cambio implica una derrota para la conducción del Banco Central. Para llegar a estas conclusiones se pasa por alto que quién fija las metas no es la autoridad monetaria sino el gobierno y que conceder a tener más inflación implica también ser menos ambiciosos en mejorar la situación social.
Para echar luz sobre la motivación del cambio de metas resulta pertinente apelar a los datos oficiales. En este sentido, según el Ministerio de Hacienda se observa que:
Entre los años 2007 y 2013 el déficit fiscal fue del 2,2% del PBI en promedio y la tasa de inflación del 23% anual.
Entre los años 2014 y el 2016 el déficit fiscal subió al 5,5% del PBI en promedio y la tasa de inflación se incrementó al 36% anual.
Para el año 2017 se proyecta que el déficit fiscal no habrá bajado del 6% del PBI pero la inflación se habrá reducido sensiblemente al 22%.
Estos datos muestran que hay una correlación entre déficit fiscal y aumento en los precios. Si bien la inflación depende de una multiplicidad de otros factores y la información del 2017 son estimaciones provisorias, la tendencia muestra que el aumento del déficit fiscal estuvo estrechamente asociado con el crecimiento de la tasa de inflación y que en el último año los esfuerzos por bajar la inflación fueron muy superiores a los de bajar el déficit fiscal. Esto significa que el fracaso no fue del Banco Central sino del resto del sector público que no fue capaz o no tuvo voluntad de ordenar las cuentas públicas a un nivel consistente con las metas de inflación que el propio gobierno se auto-fijó.
La experiencia muestra que frente a una política fiscal inconsistente las herramientas con las que cuenta el Banco Central son limitadas. Se puede aplacar las presiones inflacionarias subiendo la tasa de interés. Pero es una estrategia de horizonte muy limitado porque desalienta la inversión, atrasa el tipo de cambio y agrava la situación fiscal al aumentar los gastos en intereses. Por eso, la decisión del gobierno de flexibilizar las metas es un acto de sinceramiento. Frente a la alternativa de seguir forzando a la autoridad monetaria a aplicar medidas perjudiciales a la producción se prefirió la resignación a tolerar mayor inflación. En otras palabras, el anuncio señala que al actual ritmo de gradualismo no es posible reducir la inflación en el tiempo originalmente previsto.
Desde el punto de vista político es un reconocimiento de las enormes dificultades que se enfrentan cuando se quiere abordar el gran objetivo social de contar un sector público menos deficitario y más eficiente. El tortuoso proceso que implicó el cambio de la fórmula de movilidad previsional demuestra la incapacidad de la clase política para tratar con seriedad, tolerancia y responsabilidad temas estratégicos. Frente a esta debilidad estructural, solo queda seguir financiando el desequilibrio fiscal con impuesto inflacionario.
Revisar las metas es un acto de sinceramiento pero también de resignación a seguir tolerando alta incidencia de la inflación y, con ello, de la pobreza. Quienes con más énfasis y eficacia se resisten a ordenar el Estado son los segmentos medios y altos de la sociedad que bregan por pagar menos impuestos y continuar beneficiándose y apropiándose del gasto público, aun cuando en los discursos declamen sensibilidad social. En paralelo, los más castigados por el impuesto inflacionario son los pobres. Tolerar más inflación es una decisión pragmática en la que subyace la hipocresía de declamar en favor de los pobres pero actuar en contra de ellos.
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